La reciente controversia en torno a la marcha convocada por la Asociación Nacional de Pensionados (ANPA) hacia el Palacio Nacional ha reavivado un debate político y constitucional en la República Dominicana, luego de que circulara una imagen comparando la postura actual de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, con declaraciones que realizó en 2020 cuando era legisladora de oposición.
Sin embargo, en las redes sociales comenzó a difundirse una captura de pantalla de un mensaje publicado por Faride Raful el 20 de febrero de 2020, durante las protestas ciudadanas tras la suspensión de las elecciones municipales.
En ese mensaje, Raful escribió:
«Dejemos algo claro. Todos los ciudadanos tenemos derecho constitucional a manifestarnos donde queramos. Nadie puede renunciar a eso, negárselo a alguien, es violentar la Constitución.»
La autenticidad de ese mensaje y su fecha pueden verificarse, al igual que la posición oficial asumida recientemente por el Ministerio de Interior y Policía respecto a la manifestación de ANPA.
La comparación ha generado interpretaciones encontradas.
Para sectores de la oposición y diversos usuarios en redes sociales, ambas posiciones reflejan una aparente contradicción entre el discurso sostenido por Faride Raful cuando formaba parte de la oposición y la actuación del Ministerio que actualmente dirige.
Por otro lado, la posición oficial del Gobierno sostiene que el derecho constitucional a la protesta permanece intacto, pero que determinadas manifestaciones, especialmente aquellas que involucran instalaciones estratégicas como el Palacio Nacional, deben cumplir procedimientos administrativos y medidas de coordinación con las autoridades para garantizar la seguridad y el orden público.
Hasta el momento, los hechos que pueden comprobarse son:
Más allá del episodio puntual, la discusión vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta recurrente en las democracias: ¿hasta dónde llega el derecho fundamental a la protesta y en qué momento el Estado puede imponer requisitos administrativos por razones de seguridad y orden público?
Mientras unos consideran que la comparación evidencia un cambio de criterio político, otros sostienen que las responsabilidades de gobernar implican aplicar normas que, desde la oposición, suelen analizarse desde una perspectiva distinta.
Por ahora, la discusión continúa abierta tanto en el ámbito político como en la opinión pública, sustentada en dos hechos verificables: un mensaje publicado en 2020 y la posición oficial asumida por el Ministerio de Interior y Policía en 2026.
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