La decisión del Congreso de los Estados Unidos de no renovar los programas HOPE y HELP no solo representa un golpe económico devastador para Haití, sino una amenaza directa para la estabilidad y soberanía de la República Dominicana. Con la desaparición de estos acuerdos, miles de trabajadores haitianos perderán sus empleos en el sector textil, lo que desatará un inevitable flujo migratorio hacia nuestro territorio.
Y mientras el mundo finge sorpresa, muchos dominicanos advertimos hace tiempo que este desenlace era previsible.
Desde 2006, los programas HOPE y HELP permitieron a Haití exportar textiles sin pagar aranceles al mercado estadounidense. Esa ventaja sostuvo más de 60,000 empleos directos. Ahora, sin esos beneficios, las fábricas haitianas deberán enfrentar aranceles de hasta un 30 %, condenando a la quiebra a gran parte de la industria. En consecuencia, el éxodo hacia República Dominicana será masivo.
Pero hay algo que no puede pasarse por alto: ¿cómo es posible que algunos sectores empresariales dominicanos hayan impulsado, hace poco, la idea de regularizar a trabajadores haitianos justo antes de que se confirmara la expiración de estos acuerdos? ¿Se trató de una coincidencia… o de una estrategia planificada para asegurar mano de obra y trasladar operaciones al territorio dominicano?
El caso del parque industrial Codevi, en Dajabón, es ilustrativo. Allí, el capital dominicano depende casi totalmente de la mano de obra haitiana. Y es evidente que, ante el colapso del modelo haitiano, muchos empresarios buscan convertir a la República Dominicana en su nueva base de operaciones, sin importar el costo social o la presión migratoria que eso provoque.
Mientras tanto, el gobierno de la República Dominicana parece más ocupado en complacer a Washington y a organismos internacionales que en proteger los intereses nacionales. Las 15 medidas anunciadas por el presidente Abinader para “controlar la frontera” han quedado, en la práctica, sin efecto alguno. No hay deportaciones significativas, no hay blindaje fronterizo real, no hay sanciones efectivas a las empresas que contratan ilegales.
La situación se agrava con los más de tres millones de extranjeros de origen haitiano inscritos irregularmente en el registro civil, producto de años de negligencia institucional y presiones extranjeras. Hoy, algunos sectores insisten en “regularizarlos”, cuando lo que debería hacerse es depurar y eliminar esos registros fraudulentos.
Es aquí donde entra en juego la responsabilidad colectiva del pueblo dominicano. No podemos seguir esperando soluciones de un Estado que actúa condicionado por intereses ajenos. Nos toca a nosotros —la ciudadanía consciente— asumir la defensa activa de la nación.
Esto implica organizarnos en comunidades, municipios y provincias; exigir acciones concretas, denunciar la complicidad política y económica, y presionar pacíficamente, pero con firmeza, por la aplicación estricta de nuestras leyes migratorias.
La historia nos ha enseñado que cuando el Estado se arrodilla, el pueblo debe ponerse de pie. No se trata de odio, sino de supervivencia. No se trata de cerrar el corazón, sino de proteger la casa que heredamos. Si permitimos que esta nueva avalancha nos sorprenda pasivos, estaremos firmando el acta de defunción de nuestra soberanía.
El momento de actuar es ahora. El deber de defender la patria es de todos. Porque si la República Dominicana cae, no habrá gobierno extranjero, ni ONG, ni discurso diplomático que pueda reconstruir lo que perdamos.
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