Según nuestras fuentes, un precandidato a alcalde de uno de los municipios del Gran Santo Domingo, está haciendo prácticas ilegales en el ejercicio de sus funciones, ¿y que está haciendo esta persona?.
Está realizando cenas a la cual los empleados públicos de dicha institución tienen que ir de manera obligatoria; cenas que tienen costos hasta de 5 mil pesos y si se niegan a asistir, son amenazados con la desvinculación de la institución.
Violando el artículo 94 de la ley 41 08.
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El Código Penal dominicano tipifica diversos actos de corrupción en el Estado como son: el desfalco (apropiación de valores), la concusión (cobros excesos o que no se adeudan), el soborno o cohecho (prestar servicio por dádivas, recompensas o promesas remuneratorias), actos que en conjunto configuran la prevaricación.
Entendemos que las aspiraciones son saludables en el modelo extraño de democracia que tenemos en la República Dominicana, pero sería mejor que todos los aspirantes a puestos públicos, tomen licencia de sus funciones y que no puedan acceder a los fondos que se les asignan a dichas instituciones.
No vamos a mencionar nombres esta vez, pero, si en los próximos días estas prácticas siguen, nos veremos en la obligación de denunciarlo con nombres y apellidos, además con confesiones de empleados de estas intuiciones, que son sometidos a acoso laboral y político.
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Las personas sin liderazgo quieren llegar a los puestos públicos a base de compra de voluntades, y la compra de esas voluntades son con el presupuesto nacional.
Es una práctica que la vivimos en el pasado y criticamos mucho, y ahora se sigue ejecutando de manera muy feroz en la actual gestión de la república dominicana.
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