«Primero destruye la confianza en la verdad. Luego divide a la sociedad. Después desacredita a quienes pueden cuestionarte. Finalmente, ofrece orden como única salida. Cuando la gente acepte ese intercambio, ya no necesitarás escribir un quinto capítulo.« No existe un manual oficial con esos capítulos. Sin embargo, la historia demuestra que ese patrón ha aparecido, con matices distintos, en democracias que terminaron debilitando sus instituciones. La pregunta es inevitable: ¿hay elementos de ese guion presentes en la política dominicana?
No se trata de afirmar que República Dominicana sea una dictadura ni que exista una conspiración organizada. Se trata de observar conductas políticas que cualquier ciudadano puede identificar.
La primera batalla nunca es por el poder. Es por la credibilidad.
En República Dominicana la confianza en la información se ha deteriorado por múltiples factores: desinformación en redes sociales, campañas digitales, noticias falsas, propaganda partidaria y una creciente percepción de que cada medio responde a intereses económicos o políticos.
Paradójicamente, el país mantiene buenos indicadores internacionales de libertad de prensa y el debate público sigue siendo relativamente abierto.
Pero libertad de expresión no significa automáticamente confianza pública.
Hoy una denuncia de corrupción suele ser descalificada antes de analizar sus pruebas. Si afecta a mi partido, es «un montaje». Si perjudica al adversario, es «la verdad absoluta». La evidencia pasa a un segundo plano.
Cuando los hechos dejan de importar más que la identidad política, la sociedad pierde un terreno común desde donde discutir.
La polarización no consiste únicamente en pensar diferente.
Consiste en convencer a la población de que quien no piensa como usted representa una amenaza.
En los últimos años el debate dominicano se ha convertido cada vez más en una confrontación entre bandos donde abundan etiquetas como «botella», «popi», «come cheque», «corrupto», «vendido», «haitianizador», «lacayo» o «fanático».
El objetivo deja de ser debatir ideas para desacreditar personas.
Este fenómeno no es exclusivo de República Dominicana. El PNUD identifica la polarización como una de las principales amenazas para las democracias latinoamericanas.
La consecuencia es conocida.
Cuando dejamos de ver al otro como un ciudadano con derechos y comenzamos a verlo como un enemigo que debe ser eliminado políticamente, cualquier abuso parece justificable.
Toda democracia necesita personas capaces de decirle al poder que está equivocado.
Economistas.
Juristas.
Académicos.
Periodistas de investigación.
Organizaciones de la sociedad civil.
Cuando esas voces pasan a ser ridiculizadas sistemáticamente por el simple hecho de cuestionar decisiones oficiales o de la oposición, el debate pierde profundidad.
No significa que los expertos siempre tengan razón.
Significa que las decisiones públicas dejan de apoyarse en evidencia y pasan a depender exclusivamente de emociones, lealtades políticas o campañas digitales.
Una ciudadanía que desconfía de todo termina siendo mucho más fácil de manipular.
La historia demuestra que las sociedades cansadas de la inseguridad, la corrupción o la crisis económica suelen sentirse atraídas por líderes que prometen soluciones rápidas.
No importa si son de izquierda o de derecha.
Lo importante es el mensaje:
«Solo yo puedo resolver esto.»
«Las instituciones estorban.»
«Los jueces frenan los cambios.»
«Los medios son el problema.»
«Los críticos trabajan para el enemigo.»
Ese discurso puede sonar atractivo cuando existe frustración colectiva.
Pero también puede justificar una concentración excesiva de poder.
Precisamente por eso organismos nacionales e internacionales insisten en que la libertad de expresión, la independencia institucional y los controles democráticos son parte esencial del funcionamiento de una democracia.
Porque cuando una sociedad acepta que la verdad depende del partido, que el adversario es un enemigo, que los expertos sobran y que una sola persona debe resolverlo todo, el proceso comienza a sostenerse por sí mismo.
No hace falta cerrar periódicos para afectar la calidad del debate.
No hace falta prohibir elecciones para deteriorar una democracia.
Basta con que la ciudadanía pierda la confianza en los hechos, en las instituciones y en quienes piensan diferente.
Ese ha sido el patrón observado en distintos momentos de la historia mundial.
La República Dominicana aún conserva instituciones democráticas, elecciones competitivas y un entorno donde existe libertad de expresión reconocida por distintos indicadores.
Precisamente por eso el desafío no es demostrar que ya llegamos al último capítulo.
El verdadero desafío consiste en impedir que alguna vez tengamos que escribirlo.
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