En la República Dominicana, la transparencia y la ética gubernamental son pilares fundamentales para mantener la confianza pública en las instituciones. Recientemente, han surgido preocupaciones significativas sobre posibles conflictos de intereses que involucran a altos funcionarios y sus vínculos familiares con empresas de gran relevancia en el país.Vínculos Familiares y Potenciales Conflictos de Intereses
Joel Santos, actual Ministro de Energía y Minas, está casado con Carmen Ligia Barceló, diputada por la provincia de Hato Mayor y miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Lo que agrava la situación es que Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, comparte el apellido y podría tener vínculos familiares con Carmen Ligia Barceló, lo que sugiere una posible relación entre la familia del ministro y la alta dirección de una de las empresas mineras más influyentes de la República Dominicana.
Este entramado familiar genera inquietudes sobre la imparcialidad y la ética en la toma de decisiones gubernamentales, especialmente en asuntos relacionados con la minería y la gestión de recursos naturales.
Incidentes Recientes y Respuesta Gubernamental
El 9 de enero de 2025, se reportaron enfrentamientos en comunidades mineras de la provincia Sánchez Ramírez, donde opera Barrick Pueblo Viejo. El Ministro Joel Santos desmintió que se tratara de desalojos, afirmando que se buscaba permitir el libre tránsito para estudios geológicos
Sin embargo, la presencia de fuerzas de seguridad y las tensiones con los comunitarios han incrementado las sospechas sobre posibles favoritismos hacia la empresa minera.
Llamado a la Transparencia y la Ética Gubernamental
Ante estas circunstancias, es imperativo que las autoridades dominicanas, incluyendo a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, liderada por Milagros Ortiz Bosch, investiguen a fondo estos posibles conflictos de intereses. La ciudadanía merece claridad y garantías de que las decisiones gubernamentales se toman en beneficio del país y no están influenciadas por relaciones personales o familiares.
La confianza en las instituciones se construye sobre la base de la transparencia, la ética y la rendición de cuentas. Es responsabilidad de los funcionarios públicos asegurar que sus acciones reflejen estos valores, evitando cualquier apariencia de conflicto de intereses que pueda socavar la credibilidad del gobierno y afectar negativamente a la nación.
La situación actual exige una respuesta contundente y transparente por parte de las autoridades de la República Dominicana, para disipar dudas y restaurar la confianza del pueblo dominicano en sus instituciones.
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