En República Dominicana, los datos revelan una realidad preocupante: más de 200 homicidios fueron cometidos por extranjeros haitianos en nuestro territorio. Estas cifras, además de alarmantes, evidencian una desconexión profunda entre las prioridades de seguridad nacional y las decisiones del gobierno dominicano, liderado por el presidente Luis Abinader.
La pregunta que surge es: ¿quién defiende a la población dominicana cuando los números muestran que una parte significativa de los crímenes violentos es atribuida a ciudadanos extranjeros?
No se trata de xenofobia, racismo ni odio irracional. Se trata de preservar la seguridad, la cultura y la estabilidad de una nación que ya enfrenta desafíos considerables en materia económica, social y política. Es natural que los dominicanos, al ver estadísticas como estas, expresen su preocupación e incluso exijan acciones más contundentes del gobierno para regular la migración y garantizar la seguridad en el país.
Es legítimo que una población quiera defenderse frente a una situación que percibe como una amenaza. La soberanía no es negociable, y es responsabilidad del Estado velar por la seguridad de su pueblo antes que por intereses internacionales o presiones diplomáticas. No se puede condenar a un dominicano por querer vivir sin miedo en su propio territorio, especialmente cuando las evidencias respaldan sus inquietudes.
El presidente Luis Abinader, a pesar de algunas iniciativas para regularizar la migración y reforzar la frontera, no ha estado a la altura de las expectativas de una nación que demanda medidas más efectivas. Su postura ambigua y sus declaraciones frecuentemente condicionadas por el temor a represalias internacionales han dejado un vacío de liderazgo en uno de los temas más críticos para el país.
Mientras Bukele ha demostrado que la voluntad política puede transformar incluso a las sociedades más violentas, Abinader parece estar más enfocado en complacer a los organismos internacionales que en atender las demandas del pueblo dominicano. La desconexión es evidente: mientras la mayoría de los dominicanos clama por políticas migratorias más estrictas y una frontera segura, el gobierno parece más interesado en mantener buenas relaciones con actores externos que en salvaguardar el interés nacional.
Es crucial reconocer que el problema haitiano no es exclusivo de República Dominicana, pero nuestra posición geográfica nos convierte en el primer receptor de las consecuencias de la crisis del vecino país. Sin embargo, el hecho de que la comunidad internacional no asuma su responsabilidad no justifica que el gobierno dominicano se quede de brazos cruzados.
El pueblo dominicano tiene razón en sentirse abandonado por sus autoridades. Si no defendemos nuestra frontera y nuestras comunidades, nadie más lo hará. Es hora de que el presidente Abinader actúe con la firmeza que las circunstancias exigen, priorizando la seguridad y la estabilidad nacional por encima de cualquier agenda externa.
El Salvador nos ha demostrado que la seguridad no es negociable y que un liderazgo valiente puede transformar una nación. República Dominicana necesita a alguien que esté dispuesto a priorizar a su gente, escuchar sus preocupaciones y actuar en consecuencia. Es tiempo de que el presidente Luis Abinader deje de posponer este debate y adopte las medidas que la nación exige, antes de que la paciencia del pueblo dominicano se agote.
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