"Investigaciones Periodísticas" como la del ITLA, dan la impresión de que son por encargo, ya que siempre coinciden con consecuencias y suspicacias

El reciente caso del hoy destituido rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Rafael Féliz García, ha reabierto un debate complejo que va más allá de la conducta individual de un funcionario y se adentra en una zona sensible: la relación entre poder político, gestión pública, periodismo de investigación y percepción ciudadana.

Es posible —y legítimo— plantear que Féliz García pudo haber incurrido en un manejo inapropiado del ITLA.

También cabe la hipótesis de que determinadas decisiones hayan sido producto de inexperiencia administrativa, errores de juicio o, en el peor de los escenarios, de mala fe. Eso forma parte de lo que deben dilucidar los órganos competentes. Sin embargo, lo que no puede ignorarse es que, paralelamente, existe una conversación instalada en la opinión pública sobre el rol de quienes investigan, publican y colocan estos casos en la agenda nacional.

https://hackeandoelsistema.net/fitur-2026-mucho-dinero-mucha-propaganda-y-cero-victoria/

No se trata de descalificar el periodismo de investigación, que ha sido históricamente una herramienta fundamental para destapar abusos de poder, corrupción y malas prácticas en la administración pública. Tampoco existen pruebas de que determinadas investigaciones respondan a intereses particulares, agendas ocultas o disputas internas dentro de las instituciones señaladas. No hay evidencia de que comunicadores o plataformas mediáticas “vendan” reportajes estratégicos para favorecer a unos y hacer caer a otros, y por tanto no corresponde formular acusaciones en ese sentido.

No obstante, persiste una percepción —cada vez más comentada en círculos políticos y sociales— de que algunos reportajes emblemáticos parecen coincidir de manera recurrente con momentos de alta tensión política, reacomodos internos o luchas de poder dentro del Estado. Esa percepción, justa o no, se alimenta de patrones que se repiten en el tiempo y que merecen, al menos, ser observados con atención crítica.

El caso de Rafael Féliz García es solo uno de varios episodios recientes.

Su destitución en enero de 2026, mediante el Decreto 39-26, se produjo tras la difusión de un reportaje que denunció el supuesto cobro irregular de un porcentaje del salario de empleados del ITLA para financiar supuestamente un movimiento político.

https://hackeandoelsistema.net/en-fitur-2026-david-collado-rompio-el-contrato-con-iberia/

Antes, en enero de 2024, la directora del Acuario Nacional, Wanda García, fue destituida luego de un trabajo periodístico que expuso irregularidades administrativas. En 2022, Adán Peguero, entonces director del Inposdom, fue suspendido y posteriormente salió del cargo tras denuncias sobre contratos cuestionados. También figuran la salida de Luz del Alba Jiménez del Ministerio de la Juventud por presuntas irregularidades en licitaciones, y la separación de Cecilio Rodríguez del Inabie tras señalamientos sobre la adjudicación de raciones escolares.

Si se amplía la mirada a gobiernos anteriores, el patrón no es nuevo. Casos como el del Programa de Reducción de Apagones (PRA), destapado en un reportaje que culminó en condenas judiciales en 2012, o el de Leonardo Faña en el Instituto Agrario Dominicano, muestran que la exposición mediática ha sido, en múltiples ocasiones, el detonante de procesos políticos, administrativos y judiciales.

Es precisamente esa reiteración la que ha dado pie a que un sector de la ciudadanía cuestione la selectividad de las denuncias. ¿Por qué algunos funcionarios caen rápidamente tras una investigación periodística mientras otros, con acusaciones similares o incluso más graves, permanecen en sus cargos sin mayores consecuencias? ¿Por qué ciertos casos emergen con fuerza en momentos específicos del calendario político? Estas preguntas no implican culpabilidades, pero sí reflejan una desconfianza que crece cuando no se percibe coherencia ni igualdad de trato.

https://hackeandoelsistema.net/que-le-conviene-al-prm-para-2028/

En este escenario, el desafío es doble. Por un lado, los funcionarios públicos deben asumir que la transparencia y la pulcritud no son opcionales; cualquier desviación, real o percibida, los coloca bajo escrutinio legítimo. Por otro, el periodismo de investigación enfrenta la responsabilidad de blindar su credibilidad, no solo siendo riguroso en los hechos, sino también cuidando el contexto, la proporcionalidad y la consistencia de sus investigaciones.

Al final, más que personas o nombres propios, lo que está en juego es la confianza pública: en las instituciones, en los medios y en el sistema democrático. Cuando esa confianza se erosiona, incluso las denuncias más necesarias corren el riesgo de ser vistas con sospecha. Y en una democracia, la sospecha permanente es terreno fértil para la polarización, no para la rendición de cuentas.

https://hackeandoelsistema.net/guido-gomez-mazara-y-el-movimiento-que-viene-por-que-abinader/

Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.

https://youtu.be/tVdXgFrnwJA