Luego de varias semanas de incertidumbre y presión tras la histórica sentencia del Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral (JCE) finalmente ha reaccionado, pero no precisamente para garantizar la participación democrática, sino para diseñar un nuevo esquema que podría convertirse en una trampa legal contra las candidaturas independientes.
La JCE, encabezado por su presidente Román Jáquez Liranzo, ha anunciado la creación de una comisión con el propósito de elaborar un proyecto de ley que regule las candidaturas independientes, lo que en la práctica podría representar la implementación de nuevas barreras para quienes no forman parte del sistema de partidos tradicionales.
Además de Jáquez Liranzo, la comisión incluye a Samir Chami Isa e Hirayda Fernández Guzmán, miembros del pleno de la JCE; el director de elecciones, Mario Núñez; el director de Informática, Johnny Rivera; el consultor jurídico, Denny Emmanuel Díaz Morán; la directora de Partidos Políticos, Lenis Rosangela García Guzmán, y el director especializado de Control Financiero de los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, Ramón Hilario Espiñeira Ceballos. Todos ellos, funcionarios del sistema que por años ha servido para consolidar la hegemonía de los partidos políticos sobre la democracia real en el país.
Esta movida llega después de que el Tribunal Constitucional dictara la sentencia TC-0788-24 el pasado 13 de diciembre, declarando inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 de Régimen Electoral. Dicha sentencia abrió la puerta para que cualquier ciudadano pueda presentar su candidatura sin necesidad de estar atado a una estructura partidaria, un avance significativo para la participación política libre y sin restricciones.
Sin embargo, la JCE no tardó en reaccionar en defensa del viejo modelo político, anunciando un cronograma de trabajo para presentar una normativa que podría neutralizar los efectos de la sentencia del TC sobre candidaturas independientes.
En lugar de avanzar hacia una democracia más abierta y participativa, la Junta parece estar alineándose con los intereses de los partidos tradicionales, quienes ven la decisión del Tribunal Constitucional como una amenaza a su dominio absoluto del poder.
Los argumentos de los defensores del sistema caduco son claros: permitir candidaturas independientes sin estructuras partidarias podría representar el «fin del sistema de partidos políticos«. Pero, ¿no es esto precisamente lo que el pueblo ha venido exigiendo? ¿No es la crisis de representación política lo que ha llevado al descrédito de los mismos políticos de siempre?
Las preocupaciones de los ciudadanos están más que justificadas. Si la JCE sigue adelante con este proyecto de ley sin la debida supervisión y sin garantizar la equidad en el proceso electoral, el país podría enfrentar un nuevo capítulo de obstáculos burocráticos diseñados para perpetuar el mismo círculo vicioso de políticos impopulares, ineficientes y malintencionados.
Es momento de que la ciudadanía se mantenga vigilante y no permita que una decisión judicial que promueve la apertura democrática sea secuestrada por una nueva maniobra política. La lucha por candidaturas independientes es, en esencia, la lucha por un país con verdadera representación ciudadana y sin amarras a un sistema desgastado que solo ha servido para beneficiar a unos pocos.
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