JCE también tuvo “barrilito” como el de los consulados

Las Oficinas del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE) operaron bajo un sistema similar al que actualmente operan los consulados dominicanos, con claros márgenes de discrecionalidad (barrilito) que terminaron beneficiando a quienes dirigían estas entidades.

Expresidente de la Junta, Roberto Rosario, explicó régimen utilizado por oficialías del Estado Civil y mecanismo aplicado para eliminar la práctica que perjudicaba al ciudadano.

Este consistía en que el oficial del Estado Civil era quien establecía el precio de los derechos que se cobraban por servicios del Registro Civil. Además de cuánto se cobraba por documentos como actas de nacimiento, actas de matrimonio, y cuánto cobraba un oficial de Estado Civil por celebrar un matrimonio tanto dentro como fuera de la oficina oficial.

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Cada funcionario, según Roberto Rosario, expresidente de la JCE, estableció un costo diferente sin interesarse en cómo esto perjudicó al ciudadano.

A esto, el expresidente del ente operativo sumó que en torno a las oficialías se creaban mafias, lo que entorpecía el proceso de obtención de la documentación de las personas.

Algo que facilitó esta acción fue que, en ese momento, más del 98% de los trabajos en estas entidades eran manuales. Así, junto a empleados de la Junta y personal del exterior, se extorsionaba a ciudadanos, quienes en ocasiones debían pagar grandes sumas de dinero para obtener un documento.

Incluso demoraban largos períodos de tiempo para obtenerlo, por esas mismas trabas. .

El también expresidente de la JCE dijo que, al igual que hoy, todos sabían de la situación, tanto que se venía arrastrando desde alrededor de las décadas de 1980 y 1990.

El marco estaba ahí y todos lo sabían, pero no era de interés para quienes pasaban por la oficina, según cuenta Rosario.

Y agregó que, teniendo en cuenta las denuncias que surgieron en los medios escritos y televisivos, en 2007 presentó una reglamento al pleno de la JCE para proceder a declarar públicos estos ingresos.

Regulación y beneficios

En ese reglamento, según detalló Rosario, se estableció que, a partir de ese momento, el sueldo que percibiera el Oficial del Estado Civil pasaría a ser un sueldo que pagaría la JCE, contrario a lo que ocurría anteriormente que el funcionario cubriría todo lo ingresado. los costos operativos de la entidad y el resto beneficiaría a ese funcionario.

El servidor público declaró que había alrededor de 30 o 40 oficinas oficiales que tenían ingresos mensuales de más de RD$800,000 y, en algunos casos, superaban los RD$2,000,000 mensuales.

Al momento de poner en vigencia las disposiciones del reglamento presentado, el primer año hubo un ingreso anual, por ese concepto, de RD$600 millones y para el 2016 esa cifra ya era de RD$1,200 millones por estas actividades de autogestión.

Explicó que, en el caso de los consulados, hay algunos que funcionan bajo los mismos criterios, poniendo como ejemplo los de Nueva York, Madrid, Barcelona y los de Haití, donde en cierto modo “la discrecionalidad, la regularización y la autonomía total ”. Función. sobre los fondos, que son aportados por el ciudadano. “Son públicos que se manejan en privado y se utilizan con el único fin de favorecer a alguien”, dijo Rosario.

Voluntad política

Asimismo, ha señalado que el Gobierno real había prometido en campaña que, si asumía la dirección del Estado, resolvería y eliminaría estos "privilegios" y los convertiría en ingresos públicos, pero que no hay voluntad política.

Lo cual, de suceder, mejoraría el servicio civil que ofrecen los consulados y los ciudadanos recibirían un mejor y más económico servicio. También criticó que República Dominicana tiene actualmente el servicio consular más caro de América Latina.

Y argumentó que la Constitución pone a cargo del presidente el control y disposición de la política exterior, tanto desde el nivel administrativo como funcional. “Solo basta un decreto del presidente o una decisión emitida por la dirigencia del Mirex para que esto se regularice como lo hizo la JCE”.

“Cuando presenté el reglamento nadie me lo pidió, nadie lo exigió, simplemente hubo voluntad política de reducir costos a los ciudadanos, de hacerles la vida más fácil y de hacer más eficiente este servicio”, dijo Rosario.

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https://youtu.be/wdPkSoRgKRw