La torpe política exterior de Abinader: cómo el gobierno entrega soberanía y expone a los dominicanos al peligro internacional
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La República Dominicana atraviesa una peligrosa deriva diplomática. En menos de una semana, el gobierno de Luis Abinader ha justificado públicamente un ataque militar estadounidense ocurrido dentro de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) y, simultáneamente, ha declarado al “Cártel de los Soles” como una organización terrorista mediante el Decreto 500-25, siguiendo la agenda de seguridad de Washington.
Ambas decisiones —aparentemente desconectadas— revelan un patrón de subordinación geopolítica, debilidad jurídica y riesgo directo a la soberanía nacional.
Violaciones al derecho internacional: el ataque a 80 millas de la Isla Beata
El gobierno dominicano insiste en que el bombardeo de una lancha rápida por parte de fuerzas estadounidenses “no ocurrió en aguas territoriales dominicanas”. Sin embargo, los datos geográficos y los tratados internacionales desmienten esta afirmación.
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La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) establece tres zonas marítimas claramente definidas:
- Mar territorial: 12 millas náuticas desde la costa.
- Zona contigua: hasta 24 millas.
- Zona Económica Exclusiva (ZEE): hasta 200 millas, donde el Estado tiene jurisdicción soberana sobre recursos naturales, investigación y seguridad económica.
El ataque estadounidense ocurrió a 80 millas náuticas al sur de la Isla Beata, lo que sitúa la acción dentro de la ZEE dominicana, según las coordenadas y mapas oficiales de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos y las propias publicaciones del gobierno de Luis Abinader.
Esto implica que, aunque no sea mar territorial, sí es zona bajo jurisdicción de la República Dominicana, por lo que ningún país puede ejecutar acciones militares hostiles sin autorización o coordinación formal.
El artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado, salvo en casos de legítima defensa o autorización expresa del Consejo de Seguridad.
Nada de eso ocurrió aquí.
El ataque, entonces, constituye una violación del derecho internacional, y la justificación pública del presidente Abinader agrava el daño, al renunciar implícitamente al deber del Estado de protestar diplomáticamente por la agresión.
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La reacción internacional: Petro vs. Abinader
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue uno de los primeros líderes en reaccionar públicamente al incidente.
En su cuenta oficial de X (Twitter), escribió:
“Si la lancha fue hundida en República Dominicana, entonces es posible que fueran colombianos.
Esto significa que funcionarios de EE. UU. y República Dominicana serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos.
No hay norma en ningún derecho que permita tirar misiles a lanchas con jóvenes desarmados en el mar.”
Estas declaraciones reflejan la gravedad del caso: un posible asesinato extrajudicial en aguas bajo jurisdicción dominicana, con tres personas muertas y ninguna evidencia pública presentada sobre su supuesta vinculación con el narcotráfico.
La reacción del gobierno dominicano, en lugar de exigir una investigación, fue respaldar la versión estadounidense, profundizando un conflicto diplomático con un país históricamente aliado como Colombia.
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La contradicción del Decreto 500-25: ¿Soberanía o servilismo?
Mientras esto ocurre, el gobierno publicó el Decreto 500-25, mediante el cual declara terrorista al “Cártel de los Soles”, presuntamente vinculado a estructuras militares venezolanas.
El canciller Roberto Álvarez aseguró que existen “informes de inteligencia” que justifican la medida, pero no se ha presentado ninguna evidencia pública ni revisión parlamentaria.
Esta acción coloca a la República Dominicana en una postura de confrontación directa con Venezuela, aliada de varios países de la región (Cuba, Nicaragua, Colombia y México), sin que existan beneficios tangibles para el país.
De hecho, tensión y riesgo son los únicos resultados previsibles.
Riesgos diplomáticos y militares: una política exterior improvisada
Las decisiones recientes del gobierno dominicano exponen al país a dos frentes de inestabilidad:
- Riesgo de conflicto regional o represalias.
Al alinearse sin condiciones con la agenda de EE. UU., la República Dominicana se convierte en plataforma geoestratégica frente a Venezuela y sus aliados.
Esto podría convertirnos en blanco militar o logístico en un escenario de tensión regional. - Pérdida de legitimidad jurídica.
Justificar un ataque extranjero en aguas propias equivale a ceder soberanía sin acuerdo internacional.
Ni Haití, ni Cuba, ni Colombia —todos países con zonas marítimas compartidas— tolerarían un precedente así.
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Neutralidad violada: el principio que Abinader olvidó
El derecho internacional consuetudinario y las Convenciones de La Haya de 1907 establecen que los Estados neutrales tienen derecho a que se respete su territorio y sus zonas marítimas durante operaciones militares extranjeras.
Si República Dominicana no participaba directamente en el operativo, debió exigir la suspensión inmediata de las hostilidades en su ZEE y presentar una nota de protesta formal ante la OEA o la ONU.
No lo hizo.
Por el contrario, validó un ataque extranjero, exponiendo al país a responsabilidad internacional y erosionando su prestigio como nación soberana y pacífica.
Un país sin brújula diplomática
La República Dominicana está cometiendo errores graves y acumulativos en su política exterior.
Primero, renuncia a su jurisdicción marítima ante un ataque mortal; luego, se adhiere a una agenda de seguridad estadounidense que la enfrenta con países vecinos; y finalmente, confunde crimen organizado con terrorismo, debilitando sus propias instituciones legales.
Si el objetivo era proteger la seguridad nacional, el resultado es el opuesto: mayor vulnerabilidad, mayor riesgo de represalias y menor credibilidad internacional.
Llamado ciudadano
HackeandoElSistema.net hace un llamado a la ciudadanía y a la clase política responsable a:
- Exigir transparencia sobre las operaciones conjuntas con fuerzas extranjeras.
- Reclamar una investigación internacional sobre el ataque ocurrido cerca de Isla Beata.
- Demandar una revisión del Decreto 500-25, con control parlamentario y auditoría de las supuestas pruebas.
- Defender la neutralidad y soberanía dominicana, por encima de los intereses de potencias extranjeras.
La soberanía no se negocia.
Y el silencio oficial ante una violación del derecho internacional es complicidad.
Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.
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