La Farsa de las Deportaciones masivas del gobierno de Abinader solo es una pérdida de tiempo y dinero
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Recientemente, el gobierno de Luis Abinader anunció la deportación de 10,000 haitianos a la semana. Este anuncio fue recibido por muchos como una respuesta populista y manipuladora ante la creciente presión de diversos sectores de la sociedad dominicana, que han convocado a protestas para exigir una solución a la "invasión pacífica" de haitianos y al creciente gasto público destinado a extranjeros en el país. Sin embargo, este enfoque superficial no resuelve el problema de fondo y, en realidad, no está diseñado para detener la inmigración ilegal de manera efectiva.
Gasto Público y Carga Económica
El propio gobierno dominicano de Abinader ha señalado que el 35% de las parturientas en los hospitales públicos son haitianas.
Este es un ejemplo concreto de cómo el sistema de salud se ve desbordado por la migración irregular.
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Además, se estima que una parte considerable de los estudiantes en las escuelas públicas del país son haitianos, lo que representa una carga económica significativa. Este contexto se agrava cuando se considera que, en los últimos cuatro años, el presidente Abinader ha tomado prestados 43,000 millones de dólares para sostener el país, según los informes financieros del Banco Central de la República Dominicana.
A pesar de este endeudamiento, el gobierno ahora promueve una reforma fiscal altamente agresiva, que afectará principalmente a la clase media y baja, con un 89.1% del peso de la reforma recayendo sobre estos sectores . Mientras tanto, el problema migratorio sigue sin ser abordado de manera integral.
Las Deportaciones: Un Espectáculo sin Fondo
A primera vista, las deportaciones pueden parecer una solución firme, pero la realidad es que este enfoque es solo un espectáculo mediático. No se están tomando las medidas necesarias para evitar que los deportados vuelvan a ingresar al país. Las deportaciones actuales carecen de controles básicos, como la toma de datos biométricos, que serían fundamentales para rastrear a los deportados en caso de que intenten regresar. Además, no se está aplicando una advertencia clara a los migrantes de que, si regresan ilegalmente, podrían enfrentar un tiempo considerable en prisión.
Otra falla fundamental es que no se están multando a los empleadores que contratan a trabajadores ilegales, un eslabón clave en la cadena de migración irregular. De igual manera, no se está persiguiendo a los traficantes de personas, que operan a menudo con la complicidad de miembros de las fuerzas armadas y cuerpos civiles. Como resultado, las deportaciones terminan siendo una maniobra manipulativa sin impacto real.
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¿Qué debe hacer la República Dominicana? Ya Abinader sabe, pero se hace el loco.
Para detener de manera efectiva la inmigración ilegal, la República Dominicana debe implementar medidas más contundentes y estratégicas. Algunas sugerencias incluyen:
Implementar un sistema de control biométrico para todos los migrantes que sean deportados. Esto permitiría rastrear a quienes intenten regresar y aplicar sanciones más severas a los reincidentes.
Multar a los empleadores que contraten trabajadores ilegales, especialmente en los sectores de la construcción y la agricultura, donde la mano de obra haitiana es común. Sin una sanción económica para estos empleadores, la demanda de trabajadores ilegales seguirá siendo alta.
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Perseguir a los traficantes de personas que operan en la frontera. El gobierno debe tomar medidas enérgicas contra los traficantes que facilitan la entrada ilegal de haitianos al país, muchos de los cuales están vinculados a cuerpos militares y funcionarios corruptos.
Reforzar la frontera con tecnología moderna y mayor presencia militar capacitada y no corrupta. Las vallas perimetrales deben ser parte de una estrategia más amplia que incluya patrullaje continuo y el uso de drones, sensores y cámaras de vigilancia.
Acordar políticas migratorias bilaterales con Haití, que promuevan una regulación controlada de la mano de obra migrante, evitando así la saturación de servicios públicos y garantizando que los migrantes trabajen bajo marcos legales que respeten la dignidad humana y las leyes dominicanas.
En resumen, las actuales deportaciones de haitianos son solo una medida superficial que busca calmar la presión popular. Sin una estrategia integral que involucre la regulación del trabajo, el control de fronteras y la persecución de redes ilegales, la crisis migratoria continuará afectando al país y a sus ciudadanos.
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