La inteligencia de EE.UU. solo detecta embarcaciones con droga en el mar caribe y en el pacífico, pero en el canal de la mona, ni mira

El reciente operativo atribuido al Comando Sur de EE.UU., en el que se ejecutó un ataque cinético contra una embarcación vinculada —según inteligencia— a organizaciones terroristas en rutas del Pacífico, vuelve a colocar sobre la mesa una discusión incómoda: la selectividad en la aplicación del poder y la inteligencia internacional.

Bajo la narrativa oficial, la embarcación representaba una amenaza concreta en un corredor históricamente asociado al narcotráfico. Dos hombres murieron como resultado de la intervención. Desde la lógica operativa estadounidense, este tipo de acción se enmarca dentro de su doctrina de seguridad hemisférica: neutralizar riesgos antes de que escalen. Sin embargo, cuando se contrasta esta capacidad con otras zonas críticas del Caribe, emergen interrogantes difíciles de ignorar.

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El Canal de la Mona —una de las rutas marítimas más activas y sensibles entre República Dominicana y Puerto Rico— es, desde hace años, un punto neurálgico para el tráfico ilegal de personas, armas y drogas. No se trata de un fenómeno marginal ni esporádico; es estructural. Yolas cargadas con migrantes dominicanos, haitianos, cubanos e incluso ciudadanos de otras regiones, conviven con cargamentos ilícitos que, según múltiples reportes, incluyen drogas provenientes de Sudamérica que llegan a territorio dominicano por vía aérea y marítima antes de continuar su tránsito.

La pregunta es inevitable: ¿por qué una inteligencia capaz de identificar y ejecutar operaciones de alta precisión en el Pacífico no actúa con la misma contundencia en el Caribe? Hay tres hipótesis plausibles.

La primera es la priorización estratégica.

EE.UU. no opera bajo criterios de equidad geográfica, sino de interés nacional. Las rutas del Pacífico pueden representar amenazas más directas a sus circuitos logísticos o a su seguridad interna, mientras que el Caribe —aunque crítico— es gestionado bajo esquemas distintos, muchas veces delegados o compartidos con autoridades locales.

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La segunda hipótesis apunta a limitaciones operativas y políticas. Intervenir de manera directa en el Canal de la Mona implicaría una dinámica más compleja: soberanía compartida, implicaciones diplomáticas con República Dominicana y Puerto Rico (territorio estadounidense), y riesgos humanitarios elevados debido al componente migratorio.

Pero la tercera hipótesis, la más controversial, es la selectividad con base en intereses geopolíticos mayores. La historia reciente demuestra que la inteligencia no es un instrumento neutral. Opera en función de agendas. En ese contexto, regiones vinculadas a recursos estratégicos —como el petróleo venezolano o rutas clave del narcotráfico internacional— reciben una atención desproporcionada frente a otras que, aunque problemáticas, no representan el mismo valor geopolítico inmediato.

Esto no implica necesariamente que la inteligencia “no funcione” en el Caribe, sino que su despliegue responde a una lógica distinta, menos visible y, posiblemente, más permisiva en ciertos aspectos. La ausencia de intervenciones contundentes en el Canal de la Mona no es prueba de desconocimiento, sino potencialmente de cálculo.

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Al final, el debate no es si la inteligencia estadounidense es efectiva —lo es—, sino bajo qué criterios decide actuar. Y en ese análisis, República Dominicana queda en una posición incómoda: como punto de tránsito crítico dentro de un sistema donde las reglas no siempre se aplican con la misma intensidad.

Más que cuestionar la capacidad de inteligencia, lo que corresponde es entender su lógica. Porque en geopolítica, lo que no se hace también comunica. Y en el silencio operativo del Canal de la Mona, hay un mensaje que aún no ha sido plenamente interpretado.

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