Cerramos el año 2024 con una amarga constatación: los grandes casos de corrupción que el Ministerio Público comenzó a investigar y presentar desde el 2020, bajo la bandera de una «justicia independiente», de Abinader no han llegado a ninguna conclusión. Esta situación es una terrible señal sobre el estado del sistema judicial dominicano y plantea serias dudas sobre su eficacia y su imparcialidad.
No se trata sólo de respetar el debido proceso ni de salvaguardar los derechos de los imputados, quienes, como dicta la ley, deben ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un juicio justo y definitivo. Estos derechos han sido garantizados y no están en discusión. El problema radica en los mecanismos que permiten que imputados y abogados, con técnicas dilatorias y argucias legales, eviten la persecución judicial y, en última instancia, la condena, a pesar de las pruebas contundentes presentadas en su contra.
La percepción pública de que los funcionarios públicos forman parte de un sistema político que los exime previamente de responsabilidades penales, independientemente de las violaciones legales que cometan, sigue vigente. Esta idea se refuerza con la existencia de la figura de la extinción penal, una herramienta en la legislación dominicana que permite que los casos que no se juzgan y definen en un plazo de cuatro años simplemente desaparezcan, otorgando de facto una exoneración de la justicia a los imputados.
Así es como el sistema de justicia dominicano está diseñado: adaptado, moldeado y amaestrado para proteger a los poderosos. Mientras tanto, la justicia «Independiente» de Abinader, es rápida y severa queda reservada para los pobres, los desamparados y aquellos que no tienen recursos para pagarse buenos abogados o conexiones políticas.
Las leyes caen con todo su peso sobre quienes carecen de nombres sonoros o influencia dentro de las estructuras partidarias. Por el contrario, los que acumulan dinero y están bien relacionados permanecen tranquilos, a pesar de la presión social y las evidencias presentadas en su contra.
Es por esta razón que casos emblemáticos como Odebrecht no concluyeron con una condena justa, y tampoco lo harán Medusa, Coral, Antipulpo, Calamar, ni ningún otro que haya despertado las esperanzas de la sociedad dominicana de poner fin a la impunidad. A pesar de que el gobierno de Luis Abinader insistió en promover una «justicia independiente», liderada por figuras como Miriam Germán, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, los resultados son desalentadores. Cuatro años después, no tienen ni una sola condena significativa por corrupción que exhibir como muestra de su compromiso con la transparencia y la legalidad.
La frustración social crece al ver cómo estos casos, a pesar de ser ampliamente conocidos y documentados, siguen estancados o desaparecen en el entramado judicial. Este panorama evidencia que, más allá de las buenas intenciones proclamadas, el sistema de justicia sigue siendo incapaz de proteger los mejores intereses de la colectividad.
Así concluye el 2024, con una justicia «Independiente» de Abinader que sigue siendo una deuda pendiente para el pueblo dominicano y con la certeza de que la lucha contra la corrupción necesita mucho más que promesas: requiere acciones concretas, condenas ejemplares y un sistema judicial verdaderamente independiente.
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