La reciente controversia que involucra a la señora Mu Kien Sang Beng, empleada fija del Ministerio de Interior y Policía con un salario mensual de RD$145,000, y la adjudicación de un contrato en la misma institución por RD$4,046,000.02, pone en evidencia una preocupante transgresión de principios éticos y legales. Esta situación, bajo la dirección del ministro Carlos Pimentel, plantea serias dudas sobre la gestión administrativa y su compromiso con la transparencia que tanto pregonó durante su etapa como miembro de Participación Ciudadana.
Detalles del Caso
Los documentos oficiales analizados revelan lo siguiente:
- Contrato Adjudicado:
- La señora Mu Kien Sang Beng fue beneficiada con un contrato de RD$4,046,000.02 para ofrecer servicios de «asesoría especializada para la creación de diseños estratégicos de los programas de la escuela de formación policial».
- Este contrato fue gestionado a través del Ministerio de Interior y Policía, donde ella ya desempeña un rol como empleada fija.
- Salario Mensual:
- De acuerdo con los registros de la Contraloría General de la República, Mu Kien Sang Beng recibe un salario mensual de RD$145,000.00 como empleada fija del Ministerio de Interior y Policía.
- Conflicto de Intereses:
- La adjudicación de este contrato a una empleada fija de la misma institución contradice principios de imparcialidad y transparencia establecidos por la normativa dominicana.
Leyes Dominicanas Violadas
- Ley No. 41-08 de Funciones Públicas:
- Esta ley establece que los empleados públicos deben abstenerse de participar en actividades que generen conflicto de intereses. Al ser empleada fija y simultáneamente beneficiaria de un contrato millonario dentro de la misma institución, se viola el principio de imparcialidad y objetividad estipulado en el Artículo 80.
- Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas:
- Según el Artículo 14, ninguna persona vinculada a una entidad contratante puede ser beneficiaria de contratos dentro de la misma institución. Además, el Artículo 3 establece la obligatoriedad de garantizar igualdad de condiciones para todos los oferentes, algo que claramente no se cumple en este caso.
- Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios:
- En su Artículo 21 se establece que todo funcionario público debe actuar en conformidad con los principios de transparencia y rendición de cuentas, principios que son vulnerados por esta adjudicación irregular.
Carlos Pimentel: De Crítico a Protagonista de la Corrupción
Carlos Pimentel, conocido por sus críticas frontales a las gestiones pasadas, construyó su imagen pública como un defensor de la transparencia desde su posición en Participación Ciudadana. Fue una voz activa contra las irregularidades administrativas y denunció las prácticas corruptas que consideraba comunes en los gobiernos anteriores. ¿Qué ha cambiado?
Su actuación en este caso lo pone en una posición que contradice todo aquello que antes defendía. Las siguientes declaraciones destacan su hipocresía:
- En 2018, Pimentel afirmó que «el Estado dominicano está secuestrado por intereses personales y clientelismo». Hoy, su gestión en el Ministerio de Interior y Policía refleja precisamente estas mismas prácticas.
- En 2019, calificó como «inaceptable» la falta de controles en la adjudicación de contratos públicos. Ahora, ¿qué explica esta asignación millonaria a una empleada fija bajo su supervisión?
Análisis Final
Este caso representa una traición a los principios que Carlos Pimentel enarboló durante su trayectoria como activista de la sociedad civil. Su gestión al frente del Ministerio de Interior y Policía no solo carece de los controles necesarios para evitar conflictos de intereses, sino que perpetúa un sistema de favoritismos que criticó incansablemente.
Las autoridades competentes, incluyendo la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), deben investigar a fondo este caso. Es imperativo que se establezcan responsabilidades claras y se apliquen sanciones a los responsables de este flagrante abuso de poder.
Si el compromiso con la transparencia sigue siendo un ideal en el Estado dominicano, entonces este caso no puede ser ignorado. La ciudadanía merece respuestas claras y una garantía de que la lucha contra la corrupción no sea solo un discurso vacío.
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