La política moderna no consiste solamente en tomar decisiones. Consiste en decidir de qué hablará el país. Por eso llamó la atención cuando Santiago Matías reveló que había participado en una reunión que calificó como «muy importante para el país» y adelantó que en los próximos días habría buenas noticias para comunicadores, creadores de contenido y la prensa.
La declaración no pasó desapercibida.
No porque un comunicador participe en reuniones de alto nivel sea algo extraordinario, sino porque ocurre en medio de uno de los debates más sensibles de los últimos años: el nuevo Código Penal y las preocupaciones que diversos sectores han expresado sobre posibles conflictos con derechos constitucionales, particularmente la libertad de expresión.
Primero, el Congreso impulsó la aprobación del nuevo Código Penal, una reforma largamente discutida en República Dominicana y presentada como una actualización necesaria del viejo sistema penal. El Senado destacó que la nueva legislación incorpora más de 400 artículos, nuevos tipos penales y cambios importantes en el régimen sancionador.
Posteriormente comenzaron a surgir cuestionamientos desde distintos sectores jurídicos, mediáticos y políticos sobre disposiciones que podrían afectar el ejercicio de la libertad de expresión y el trabajo periodístico. Diversas voces advirtieron que algunas figuras relacionadas con difamación y delitos cometidos mediante medios de difusión podrían entrar en tensión con garantías constitucionales.
Y es precisamente aquí donde comienza la parte interesante de la historia.
Existe algo que no debería perderse de vista.
Si una disposición legal entra en conflicto con la Constitución, corregirla no es un regalo del gobierno ni una concesión extraordinaria.
Es una obligación.
La propia Constitución dominicana protege la libertad de expresión mediante el artículo 49, que garantiza el derecho a expresar ideas, opiniones e informaciones sin censura previa.
Por esa razón, cualquier modificación que busque armonizar el Código Penal con la Constitución no debería presentarse como una victoria política de nadie, sino como una corrección necesaria dentro de un Estado de derecho.
Y aquí aparece la pregunta que realmente me interesa.
¿Qué ocurrirá si durante las próximas semanas toda la conversación nacional gira alrededor de las modificaciones al Código Penal?
¿Qué ocurrirá si la atención pública se concentra en una celebración colectiva por las correcciones realizadas al texto legal?
¿Qué otros temas desaparecerán del debate público?
Porque mientras el país discute el Código Penal, siguen existiendo preocupaciones económicas, fiscales y sociales que afectan directamente a millones de dominicanos.
La experiencia demuestra que cuando un tema domina la agenda nacional, otros desaparecen del radar mediático.
No siempre porque exista una conspiración.
A veces simplemente porque así funciona la comunicación política.
La contradicción más llamativa es que muchos de los cambios que eventualmente podrían anunciarse como avances ya eran reclamados desde el principio por quienes advertían posibles choques entre el Código Penal y derechos constitucionales.
En otras palabras, si una norma vulnera principios constitucionales y luego es corregida, la noticia positiva no es que se haya hecho un favor a la ciudadanía.
La noticia positiva es que se evitó mantener un error.
No afirmo que exista una operación política coordinada.
Lo que sí afirmo es que en política las agendas nunca son inocentes.
Cuando un gobierno logra que la conversación pública se concentre en un tema donde puede aparecer como solucionador de problemas, mientras otros asuntos pierden protagonismo, siempre vale la pena preguntarse quién gana políticamente con ese cambio de foco.
Tal vez las modificaciones al Código Penal sean necesarias.
Tal vez beneficien realmente a comunicadores y periodistas.
Tal vez constituyan una victoria para la libertad de expresión.
Pero aun así debemos hacernos la pregunta más importante:
¿Estamos observando una reforma jurídica necesaria o estamos observando la construcción de una nueva narrativa política?
Porque en ocasiones la noticia no es lo que ocurre.
La noticia es aquello de lo que dejan de hablar.
Por Melvin Sena
A todos los medios y “comunicadores” que seguramente leerán este análisis y encontrarán en él insumos para sus propios contenidos: utilizar información es parte del ejercicio periodístico, pero el crédito también lo es. Reconocer a Hackeandoelsistema.net no solo es un acto de ética profesional, sino que además fortalece su propia credibilidad ante la audiencia, proyectándolos como comunicadores serios, con criterio, fuentes y capacidad real de análisis. Dar crédito no resta; al contrario, suma rigor, transparencia y respeto en un ecosistema mediático que cada vez exige más responsabilidad
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