En la República Dominicana, la transparencia y la justicia han sido temas de constante debate y preocupación. En los últimos años, se ha evidenciado una problemática seria en la que se cuestiona la lealtad de ciertos actores políticos, periodistas, medios de comunicación y hasta jueces, quienes, en lugar de defender los intereses nacionales, han permitido la infiltración de agendas extranjeras en detrimento del país. Es especialmente alarmante cuando se habla de aquellos que, por intereses personales o dinero, han vendido su integridad, socavando los principios de soberanía y justicia que deben prevalecer en nuestra nación.
En cuanto a los medios de comunicación y los periodistas, varios han sido señalados por colaborar con agendas extranjeras, como las promovidas por agencias como la USAID, que se han enfocado en impulsar políticas que buscan, en gran medida, «haitianizar» la República Dominicana. Estas políticas, alineadas con la promoción de la inmigración masiva, la defensa de los derechos de los haitianos y la modificación de las leyes nacionales para otorgarles más privilegios, han sido el centro de muchas críticas. Muchos de estos periodistas y medios han sido acusados de ser cómplices de una agenda que no responde a las necesidades y demandas del pueblo dominicano, sino a los intereses de otras naciones.
Pero además de los medios y periodistas, no podemos pasar por alto el papel que juegan los jueces en la administración de justicia. En un sistema judicial que debería ser imparcial y equilibrado, algunos jueces han sido señalados por aceptar sobornos a cambio de emitir sentencias complacientes que favorecen estas agendas extranjeras. Estas decisiones judiciales, que parecen estar diseñadas para abrir las puertas de la República Dominicana a intereses haitianos y otras influencias extranjeras, están desmoronando la confianza del pueblo en su sistema de justicia.
Específicamente, varios jueces han emitido sentencias que no solo favorecen la inmigración haitiana sin los controles adecuados, sino que también parecen estar promoviendo un proceso de “marixonización” del país. Esta marixonización implica la imposición de políticas y prácticas que favorecen una cultura y una influencia extranjera, a menudo en detrimento de la identidad y la soberanía dominicana. Las sentencias que avalan estas políticas no solo son cuestionables desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista moral y ético, pues atentan contra el bienestar de la nación.
Es fundamental que, como sociedad, cuestionemos y expongamos a estos jueces y actores que, por intereses ajenos al pueblo dominicano, permiten que se socaven los valores nacionales. No basta con señalar a los periodistas y medios de comunicación comprometidos con estas agendas; también debemos exigir que se tomen medidas contra aquellos que, desde el poder judicial, traicionan la confianza del pueblo dominicano y permiten que agendas extranjeras arrasen con nuestra cultura, nuestra identidad y nuestras leyes.
La lucha por un país más justo y soberano pasa, necesariamente, por depurar los sistemas de poder que permiten la infiltración de intereses ajenos. Exponer y hacer justicia con aquellos que se han vendido por dinero a favor de agendas extranjeras es un paso crucial para recuperar la confianza en nuestras instituciones y garantizar que la República Dominicana siga siendo un país libre, independiente y fiel a sus principios.
La muerte social que se menciona debe ser la condena pública y colectiva de aquellos que han traicionado el destino de nuestra nación.
¿Hasta cuándo seguirán jugando con las necesidades del pueblo?
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