Los Funcionarios de Abinader Se Pasan los decretos 3-22 y 7-1-24 por las Nalgas (que prohiben los franqueadores de transito)
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Bajo el gobierno de Abinader, parece que los decretos 3-22 y 7-1-24, que prohíben el uso de franquesadores de tránsito para los funcionarios, se han convertido en simples palabras vacías. Mientras el presidente y su administración proclaman la legalidad y la transparencia, sus propios funcionarios se los pasan por las nalgas. A pesar de que estas normativas buscan evitar el abuso de poder y el uso indebido de recursos públicos, lo cierto es que muchos jerarcas y altos funcionarios siguen transitando por las calles como si estuvieran por encima de la ley.
El 9 de enero, el Poder Ejecutivo de la República Dominicana, bajo el mandato del presidente Luis Abinader, emitió el decreto 3-22 que limita el uso de franqueadores motorizados para los servidores públicos del Gobierno Central. Esta medida autoriza su uso únicamente para el presidente, la vicepresidenta, el ministro de las Fuerzas Armadas, el de Interior y Policía, el director de la Policía Nacional, el Procurador General de la República, y otros altos funcionarios como los comandantes de los cuerpos castrenses y el Director Nacional de Control de Drogas y el Director Nacional de Investigaciones.
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Motorizados privados, vehículos de lujo y el descarado uso de franquesadores son el pan de cada día, todo mientras la ciudadanía paga las consecuencias.
Este comportamiento, que desobedece flagrantemente las leyes, refleja la desconexión y el abuso que persiste en el aparato gubernamental, lo que mina la confianza del pueblo en la administración de Abinader.
Uno de los aspectos más visibles de esta violación se refleja en el uso irregular de vehículos motorizados oficiales, especialmente por parte de figuras prominentes del gobierno. En lugar de apegarse a las normativas que dictan el uso de estos vehículos y sus franques, muchos de estos funcionarios prefieren operar bajo la discreción y el abuso, sin la parafernalia formal que, en su momento, les podría haber puesto en evidencia.
A diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando figuras como Franklin Almeida o Ali Davis eran vistos con sus vehículos de alto perfil, ahora los motorizados se desplazan de manera más sigilosa. Sin embargo, el problema persiste y es aún más grave. El modus operandi actual se basa en la utilización de personal motorizado que sigue al funcionario a todas partes, cubriendo espacios sin ningún tipo de control o regulación, y sin la debida justificación legal.
Estos motorizados actúan de manera tan discreta que, a menudo, terminan creando caos en el tráfico, no solo para otros conductores, sino para la ciudadanía en general. Estas acciones no son más que una forma de "agardeo" o intimidación, donde el funcionario se siente con el derecho de imponer su voluntad, mientras la población se ve obligada a "joderse" y ceder ante su paso, incluso cuando no existe una justificación legal para tal comportamiento.
Este abuso es evidente en las intersecciones y calles principales, donde el uso de estos vehículos de manera no regulada crea un clima de desorden y una violación a los derechos constitucionales de los ciudadanos. La falta de regulación y control no solo es una violación directa de los decretos mencionados, sino que también refleja la desconexión de una clase política que parece estar por encima de la ley.
Es urgente que el presidente tome acciones concretas para garantizar que estos decretos no sean más que una formalidad en los papeles, sino una realidad aplicada en la gestión pública. La ciudadanía no puede seguir tolerando que la impunidad y el abuso de poder se conviertan en la norma, mientras los funcionarios se sienten libres de transgredir las leyes sin consecuencias. Es hora de que se pongan en marcha mecanismos de control estrictos, que no solo sean claros en la legislación, sino efectivos en la práctica.
El comportamiento de los funcionarios del gobierno de Abinader es un claro reflejo de la falta de respeto hacia las normas que emite el mismo gobierno que ellos representan.
Están más enfocados en hacer fortunas personales que en velar por el bienestar del presidente y su legado. Pareciera que no les importa si la gestión de Abinader termina en escándalos y desconfianza, ya que su prioridad está en sus propios intereses. Afortunadamente para muchos, este será su último periodo, y lo que queda claro es que nunca más lo veremos en una posición de poder. La desconexión de estos funcionarios con la realidad de los ciudadanos y su constante abuso de poder son una herencia que muchos esperan dejar atrás.
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