El gobierno de Luis Abinader ha decidido declarar como «organizaciones terroristas» a 26 bandas criminales haitianas mediante el Decreto 104-25, con la supuesta intención de reforzar la seguridad nacional ante la crisis en Haití. Sin embargo, la lista de sancionados genera más preguntas que respuestas, ya que se enfoca en grupos de menor impacto mientras omite deliberadamente a figuras y organizaciones clave en el crimen organizado haitiano.
Uno de los casos más notorios es la ausencia de la federación criminal G-9 y Familia (G-9 an fanmi), liderada por Jimmy Chérizier, alias «Barbecue», un ex policía convertido en jefe de pandillas. Este grupo ha sido señalado como uno de los principales responsables de la violencia en Haití y ha sido utilizado políticamente como herramienta de represión contra opositores. A pesar de su enorme influencia y brutalidad, G-9 no fue incluido en la lista de bandas terroristas elaborada por el gobierno dominicano.
Bigio es dueño del conglomerado GB Group, con importantes intereses en el sector energético y comercial de República Dominicana, lo que genera dudas sobre si su exclusión responde a motivaciones económicas y políticas.
Más sospechoso aún es que mientras se ignora a estas figuras de alto calibre, el gobierno dominicano ha incluido en su lista a bandas de menor impacto, muchas de las cuales operan en áreas periféricas sin una estructura clara de poder. Esto sugiere que la decisión no obedece a un criterio de peligrosidad real, sino a una estrategia política orientada a beneficiar a ciertos grupos del crimen organizado en Haití y preservar relaciones económicas con actores cuestionables.
El hecho de que el asesor financiero del gobierno dominicano, Pablo Daniel Portes Goris, sea un estrecho colaborador de Bigio y CEO regional de GB Energy refuerza la sospecha de que Abinader protege a ciertos intereses económicos en detrimento de la seguridad real en la región. Esta falta de coherencia pone en entredicho el verdadero propósito de las medidas adoptadas por el gobierno dominicano.
En lugar de un plan genuino para enfrentar el crimen transnacional, la política de Abinader parece estar diseñada para acomodar ciertos intereses y evitar sancionar a actores con poder e influencia.
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