Desde el año 2020, diversos escándalos en la administración pública dominicana han sacudido la confianza ciudadana en las instituciones. Estos eventos no solo han dejado en evidencia la fragilidad del sistema, sino que también han subrayado la necesidad urgente de un liderazgo ético y transparente. Sin embargo, la respuesta institucional, especialmente desde la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), encabezada por Milagros Ortiz Bosch, ha sido, en muchos casos, insuficiente o inexistente.\
Los casos de corrupción, mal manejo de fondos y conflictos de interés reflejan un sistema que, aunque cuenta con mecanismos de control, a menudo falla en su aplicación efectiva. La DIGEIG, encargada de velar por la transparencia y la ética en la administración pública, ha sido cuestionada por su falta de acción contundente frente a estos episodios.
A pesar de su rol clave, Milagros Ortiz Bosch ha optado por mantener un perfil bajo en momentos críticos, limitándose a intervenciones que muchas veces resultan más defensivas que esclarecedoras.
Uno de los problemas más graves es el silencio institucional. Mientras la ciudadanía exige explicaciones y medidas concretas ante cada nuevo escándalo, la DIGEIG no ha logrado erigirse como un ente eficaz que promueva la rendición de cuentas. Cuando Ortiz Bosch se pronuncia públicamente, en lugar de ofrecer soluciones o asumir compromisos claros, en ocasiones su discurso se centra en desacreditar a los periodistas o en minimizar los problemas como «asuntos manejables», lo cual genera aún más frustración entre la población.
La falta de liderazgo proactivo en esta área agrava la percepción de impunidad. Sin sanciones ejemplares y una postura firme desde la institución que debería liderar la lucha contra la corrupción, el mensaje implícito es que las irregularidades pueden continuar sin mayores consecuencias. Esto no solo afecta la confianza en la DIGEIG, sino también en la capacidad del gobierno para implementar un cambio real.
En este contexto, los ciudadanos deben asumir un papel aún más activo. La vigilancia constante, el acceso a la información pública y la denuncia responsable son herramientas esenciales para contrarrestar la ineficiencia institucional. No obstante, la verdadera transformación requiere que los líderes encargados de velar por la ética en el sector público asuman plenamente su responsabilidad, reconociendo la magnitud de su impacto.
La gestión de la ética en la administración pública debe ir más allá de las palabras y las justificaciones. Es imperativo que figuras como Milagros Ortiz Bosch, con su experiencia y su rol estratégico, actúen de manera contundente y transparente para recuperar la confianza ciudadana.
Los escándalos recientes no solo son un llamado a la acción colectiva, sino también un recordatorio de que el silencio y la inacción pueden ser tan dañinos como los actos de corrupción que se busca combatir.
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