¿Operación Lobo, Justicia o Sabotaje? El Show que Podría Dividir al PRM
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La recién anunciada Operación Lobo parece más un espectáculo calculado que un ejercicio de justicia. Apenas se hace pública, y ya comienzan a correr nombres de posibles vinculados como el del general retirado Carlos Díaz Morfa, hombre de extrema confianza de Hipólito Mejía y figura cercana a su hija, la alcaldesa Carolina Mejía. Si este operativo fuera realmente imparcial, ¿por qué esa filtración? ¿A quién quieren hacerle daño?
La implementación de Operación Lobo dentro del PRM revela una peligrosa táctica de depuración interna con fines estratégicos.
No es casual que los señalados tengan vínculos con figuras que representan corrientes independientes dentro del partido, como el hipolitismo, que aún conserva fuerza territorial y estructura. Esta operación parece servir como herramienta para reordenar el tablero político interno, eliminando posibles disidentes o líderes incómodos que podrían obstaculizar una candidatura continuista o heredada. Es el viejo método del garrote disfrazado de transparencia: usar la justicia como mecanismo de control partidario, intimidando a unos para alinear a todos. Y mientras tanto, los cercanos al círculo de poder real permanecen intocables.
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La respuesta es política, no judicial.
Derribar a Díaz Morfa es apuntar con precisión quirúrgica al corazón del sector de Hipólito, la única ala del PRM que podría servir de contrapeso dentro del mismo partido de gobierno. Si cae él, el mensaje es claro: nadie dentro del PRM tiene inmunidad, a menos que se someta o se aparte.
Pero lo que verdaderamente huele mal no es solo la intención oculta, sino la doble moral con la que se aplica la “justicia”.
Mientras vemos fiscales y policías en operativos espectaculares con 189 agentes y 26 fiscales para allanar oficinas de seguridad privada, el superintendente de electricidad, Milton Morrison, sigue campante con una villa de 800 mil dólares en Miami, nunca declarada, violando la Ley 311-14. Nadie lo investiga. Nadie lo menciona. ¿Por qué?.
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Porque no se trata de justicia. Se trata de control.
La Operación Lobo , nacida de una denuncia hecha por Milagros Ortiz Bosch, tiene el sello de legalidad, pero está manchada por el sesgo del poder. En el expediente hay generales retirados, coroneles activos, empresarios, y hasta tenientes que prestaron la cuenta de sus esposas embarazadas para depósitos de dudosa procedencia. ¿Son culpables? Quizá sí, quizá no. Eso lo decidirán los tribunales. Pero el uso selectivo del sistema judicial para neutralizar figuras incómodas o reforzar lealtades dentro del PRM es una práctica vieja disfrazada de modernidad.
Y en ese contexto, la pregunta no es quién delinquió. La verdadera pregunta es: ¿por qué algunos caen y otros no?
Luis Abinader debe responder. Porque tan corrupto es quien roba, como quien encubre. Y si el Ministerio Público —supuestamente independiente— termina siendo una herramienta para desmontar enemigos internos y allanar el camino a posibles candidaturas de familias poderosas, entonces estamos ante una farsa peligrosa.
La lucha contra la corrupción no puede ser selectiva. No puede depender del calendario electoral ni del mapa de poder interno del PRM. Si de verdad se quiere limpiar el Estado, que empiecen por donde duele: que se investigue también a los favoritos, no solo a los sacrificables.
De lo contrario, Operación Lobo no es más que otra cacería política. Y esta vez, el lobo no es quien roba: es quien calla, manipula y encubre desde el poder.
Nota aclaratoria:
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