Otro escándalo más… y seguimos contando, terrenos del CEA vendidos a menos de un peso el metro en Puerto Plata
Contenido migrado desde el archivo editorial de Hackeando el Sistema.
Un nuevo episodio de presunto manejo irregular de bienes del Estado vuelve a colocar al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) en el centro de la controversia pública. Esta vez, el foco está en la costa norte del país, donde documentos oficiales revelan la transferencia de una extensión masiva de terrenos estratégicos por un valor que resulta, como mínimo, alarmante.
5.4 millones de metros cuadrados en juego
Según documentación del propio CEA y del Registro de Títulos de Puerto Plata, la propiedad involucrada es la Parcela No.
263, ubicada en la zona de Guainamoca de los García, municipio San Felipe de Puerto Plata. Se trata de 5,424,514 metros cuadrados, una superficie colosal situada en un entorno de altísimo interés económico por su cercanía directa con el proyecto turístico Punta Bergantín, considerado uno de los desarrollos estratégicos más ambiciosos del Estado dominicano en la región norte.
No obstante, una certificación del CEA fechada en 2008 indica que la operación se fundamenta en un contrato original del año 2002, mediante el cual toda esa extensión fue valorada en apenas RD$4,312,975.00.
https://hackeandoelsistema.net/presidentes-y-corrupcion-en-la-republica-dominicana/
Menos de un peso por metro cuadrado
El dato resulta difícil de justificar bajo cualquier lógica de mercado. El simple cálculo matemático arroja un precio de menos de RD$1.00 por metro cuadrado, una cifra que no guarda relación alguna con el valor real de terrenos con potencial turístico, urbanístico y logístico en una zona como Puerto Plata, mucho menos en un contexto actual donde el propio Estado impulsa megaproyectos de desarrollo en áreas colindantes.
Un caso que revive en 2024
Aunque el contrato que sirve de base a la operación tiene más de dos décadas, el expediente volvió a activarse recientemente.
El 27 de junio de 2024, Rafael Abraham Burgos Gómez, actuando como director honorífico del CEA, solicitó formalmente al Registro de Títulos de Puerto Plata la transferencia definitiva del inmueble, apoyándose en esos documentos antiguos.
Los datos técnicos del título no dejan lugar a dudas sobre la magnitud del bien transferido:
- Distrito Catastral: No. 03, Puerto Plata
- Superficie: 5,424,514 m²
- Matrícula: No. 3000358996
¿Protección del patrimonio público o regalo encubierto?
El caso ha despertado serias preocupaciones entre analistas, juristas y sectores de la sociedad civil, quienes advierten que este tipo de operaciones —donde tierras estatales de alto valor estratégico se titulan por montos simbólicos— constituyen un golpe directo al patrimonio público y abren la puerta a posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Más aún, en un momento en que el Estado promueve a Punta Bergantín como eje del relanzamiento turístico del norte, resulta legítimo preguntarse cómo, cuándo y bajo qué criterios se permitió que extensiones colindantes fueran comprometidas a precios que hoy solo pueden calificarse como de “vaca muerta”.
https://hackeandoelsistema.net/cuando-el-estado-falla-en-cadena-como-en-el-caso-senasa/
Otro escándalo más… y seguimos contando
Este caso no es un hecho aislado. Se suma a una larga lista de cuestionamientos históricos sobre la gestión de los terrenos del CEA, una institución que durante décadas ha estado asociada a operaciones opacas, subvaloraciones inexplicables y una débil defensa de los intereses del Estado dominicano.
La pregunta ya no es si hubo irregularidades, sino quiénes se beneficiaron, quiénes firmaron, quiénes callaron y si, esta vez, habrá consecuencias reales. Mientras tanto, el patrimonio público sigue menguando, escándalo tras escándalo, y el país sigue contando.
Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.
Cargando comentarios...
Comentarios de la red
No hay comentarios registrados en este nodo.