Retiro del exequátur a doctores y sanciones empresas relacionadas con el caso SeNaSa: una medida necesaria para sanear el sistema de salud
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Las declaraciones del cardiólogo dominicano Pedro Ureña, emitidas en el contexto del conocimiento de medidas de coerción del caso SeNaSa, no solo son pertinentes: son urgentes. Su llamado al retiro del exequátur a médicos involucrados en prácticas fraudulentas coloca en el centro del debate una verdad incómoda pero ineludible: sin consecuencias reales y ejemplares, la corrupción en el sistema de salud se reproduce y se normaliza.
Indicar procedimientos médicos innecesarios, simular tratamientos como hemodiálisis o quimioterapias, cobrar sin brindar atención directa o recibir porcentajes a costa del sufrimiento de los pacientes no constituye una simple falta administrativa. Se trata de una violación grave al juramento hipocrático, a la ética profesional y, sobre todo, al derecho fundamental a la vida y a la salud. Permitir que quienes incurren en estas conductas continúen ejerciendo la medicina equivale a institucionalizar el daño.
El retiro del exequátur a doctores relacionado con el fraude de SeNaSa, en estos casos, no debe verse como una sanción extrema, sino como una medida proporcional a la gravedad de los hechos. La licencia médica no es un derecho absoluto; es una habilitación condicionada al cumplimiento de estándares éticos y científicos. Cuando estos se rompen de manera deliberada y reiterada, el Estado tiene la obligación de actuar con firmeza.
Sin embargo, la discusión no puede limitarse únicamente al ámbito individual del médico. El esquema de fraude que ha salido a la luz en el caso SeNaSa revela la participación —directa o indirecta— de laboratorios, clínicas, suplidores y empresas que se benefician del desvío de fondos públicos y de la simulación de servicios. Por ello, las sanciones deben extenderse de manera estructural.
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Resulta razonable y necesario que las empresas y laboratorios involucrados en prácticas fraudulentas sean inhabilitados de por vida para contratar con el Estado dominicano. Más aún, para evitar el uso de testaferros y la reproducción de los mismos esquemas bajo nuevas razones sociales, esta prohibición debe alcanzar también a los familiares directos de los responsables, cuando se demuestre continuidad económica o control efectivo. La corrupción no puede seguir reciclándose a través de vínculos familiares o empresariales ficticios.
Este tipo de medidas no buscan venganza ni persecución, sino prevención. Enviarían un mensaje claro: defraudar el sistema de salud tiene consecuencias irreversibles. Además, contribuirían a proteger a las nuevas generaciones de profesionales, a quienes —como bien advirtió Ureña— se les ha querido vender la idea de que cobrar porcentajes o violentar las normas “es lo normal”. No lo es, ni debe serlo.
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El proceso judicial en curso tiene la oportunidad histórica de marcar un antes y un después.
Si se limita a sanciones superficiales o acuerdos sin impacto real, la sociedad dominicana será corresponsable por tolerar un sistema que premia la deshumanización. Pero si se avanza hacia sanciones ejemplares, retiro de exequátur, inhabilitaciones permanentes y una fiscalización robusta, se habrá dado un paso decisivo hacia la recuperación de la confianza pública tras el caso del fraude de SeNaSa.
Respaldar la recomendación de Pedro Ureña es respaldar la idea de que la medicina no puede ser un negocio construido sobre el engaño y la miseria. Es afirmar que la ética no es negociable y que el derecho a la salud está por encima de cualquier red de intereses. En ese camino, el Estado, la justicia y la sociedad civil no pueden fallar.
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