Cuando el Estado falla en cadena como en el caso SeNaSa, la corrupción se vuelve inevitable
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El fraude multimillonario destapado en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) no ocurrió en el vacío ni fue obra de un solo funcionario audaz. Fue posible porque falló todo el sistema de control del Estado dominicano, desde las áreas técnicas hasta el liderazgo político, pasando por los órganos llamados a vigilar, prevenir y fiscalizar.
Cuando un esquema logra sustraer más de RD$15,900 millones durante años, no estamos ante un simple “error administrativo”. Estamos ante una cadena de fallos institucionales y políticas de omisión, que, por acción u omisión, permitieron el saqueo.
Compras y Contrataciones: miopía selectiva
El primer gran fallo ocurrió en el sistema de Compras y Contrataciones Públicas, una de las banderas del actual gobierno. SeNaSa manejó contratos masivos, habilitaciones irregulares, proveedores favorecidos y pagos concentrados en pocas manos.
Aquí solo caben dos explicaciones:
- O se hicieron de la vista gorda,
- o prefirieron ser miopes de manera selectiva.
No es creíble que durante cinco años no se detectaran patrones anómalos en contrataciones millonarias, muchas de ellas concentradas en proveedores habilitados post-2020, sin que saltaran alertas técnicas. Cuando el control falla de manera sistemática, deja de ser incompetencia y empieza a parecer complicidad funcional.
Ética e Integridad Gubernamental: minimizar lo indefendible
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, encabezada por Milagros Ortiz Bosch, también falló. No porque no existan denuncias, sino porque la respuesta institucional ha sido consistentemente minimizar los escándalos del gobierno.
Ética se ha convertido más en una oficina de contención política que en un órgano incómodo para el poder.
Cuando los escándalos crecen, la reacción suele ser discursiva, no estructural.
En el caso SeNaSa, no hubo alertas públicas, informes preventivos ni acciones tempranas, pese al volumen de recursos involucrados.
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PEPCA: persecución reactiva, no preventiva
El Ministerio Público actuó, sí. Pero tarde.
El PEPCA ha demostrado capacidad para investigar después del colapso, no para prevenirlo.
Un esquema que operó desde 2020 no puede ser descubierto en 2025 sin que existan fallas graves en inteligencia financiera, monitoreo institucional y coordinación con órganos de control.
La persecución penal es necesaria, pero no sustituye una política de prevención. Cuando el Estado solo actúa cuando el daño está hecho, el sistema ya fracasó.
Cámara de Cuentas: el silencio más costoso
La Cámara de Cuentas es, quizás, el órgano más ausente en todo este proceso.
No fiscalizó.
No alertó.
No auditó con impacto real.
SeNaSa administra uno de los presupuestos más sensibles del Estado.
Que no exista una auditoría temprana que detectara un agujero de casi RD$16 mil millones es, sencillamente, inadmisible. Aquí no hubo vigilancia. Hubo irrelevancia institucional.
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El ala política del PRM: entregó el gobierno
El PRM también falló políticamente.
Su dirigencia no defendió su espacio, no fiscalizó a los suyos y permitió que sectores empresariales privilegiados —los llamados “popis”— capturaran áreas clave del Estado, desplazando a la militancia y debilitando la identidad del partido.
Este abandono permitió que tecnócratas sin control político y operadores con redes empresariales manejaran instituciones estratégicas sin contrapesos internos.
Resultado: daño directo a la marca PRM, que prometió ser distinto y hoy carga con los mismos vicios que criticó.
6. La oposición: silencio por conveniencia
La oposición tampoco cumplió su rol.
No presionó.
No hizo suficiente ruido.
No convirtió el caso en una causa nacional.
¿Por qué?
Porque también está marcada por la corrupción y carece de autoridad moral para sostener una ofensiva creíble. El cálculo fue simple: atacar con fuerza abría la puerta para que les recordaran sus propios expedientes.
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El resultado fue una oposición cómoda, reactiva y poco efectiva.
7. El presidente: la responsabilidad final
Y sí, falló el presidente Luis Abinader.
No necesariamente por robar, sino por permitir que se llegara tan lejos.
Por compromiso político, por exceso de confianza o por una comprensión limitada del ejercicio del poder, dejó que actos de esta magnitud maduraran hasta convertirse en un escándalo histórico.
En un sistema presidencialista, el presidente es el jefe del Estado y del Gobierno.
Lo bueno y lo malo de su administración le pertenece políticamente.
Prometió un cambio.
El caso SeNaSa demuestra que el cambio no llegó al corazón del Estado.
Conclusión: no fue un fallo, fue un sistema que colapsó
El caso SeNaSa no es solo un expediente judicial.
Es la radiografía de un Estado que falló en todos sus niveles:
- Falló el control técnico.
- Falló la ética.
- Falló la fiscalización.
- Falló la política.
- Falló la oposición.
- Y falló el liderazgo.
El Gabinete de Salud y Raquel Peña: liderazgo ausente en el corazón del problema
El fallo del sistema se completa con la responsabilidad directa del Gabinete de Salud, presidido por la vicepresidenta Raquel Peña.
SeNaSa no es una institución marginal: es el eje del aseguramiento público de salud y una de las principales ejecutoras de recursos en el sector. Que un fraude de esta magnitud ocurriera bajo la coordinación política del Gabinete de Salud evidencia un vacío grave de supervisión estratégica.
El rol del gabinete no es administrativo, sino político y articulador: coordinar, dar seguimiento, exigir resultados, detectar desviaciones y anticipar riesgos. Nada de eso ocurrió. No hubo alertas tempranas, no hubo revisiones integrales, no hubo decisiones correctivas visibles. La vicepresidenta, que además proyecta aspiraciones presidenciales, presidía un gabinete donde el sistema colapsaba sin que nadie asumiera control.
Aquí no basta con alegar que “la gestión operativa no le corresponde”. En política, la coordinación es responsabilidad. Y cuando el principal seguro de salud del país es saqueado durante años, el fallo del gabinete que debía velar por la salud pública es incuestionable.
El caso SeNaSa también golpea directamente la narrativa de eficiencia, gerencia y “buen gobierno” que Raquel Peña intenta representar. No se puede aspirar a dirigir el país cuando, desde una de las posiciones más altas del Estado, se presidió un gabinete incapaz de detectar o frenar uno de los mayores fraudes de la historia reciente.
Este no es un daño colateral: es un fallo político de primer nivel, con nombre y apellido, que conecta la corrupción administrativa con la irresponsabilidad del liderazgo estratégico.
Cuando todos los guardianes fallan al mismo tiempo, la corrupción no solo ocurre: se institucionaliza.
Y mientras eso siga pasando, ninguna reforma fiscal, ningún discurso y ninguna promesa bastarán.
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