¿Por Qué el Proceso de Compra de Aduanas Aún Genera Dudas? Respuesta a la Declaración de Yayo genera mas dudas
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Ante la polémica por el exorbitante costo de RD$350 millones propuesto para la compra de un terreno en Jimaní, el director de Aduanas Yayo Sanz Lovanto, intentó aclarar la situación, afirmando que el proceso de compra no ha culminado, que está en vías de cancelación desde hace semanas y que se originó en la administración anterior. En sus palabras:
"Mis queridos amigos. Ese proceso no ha culminado y no se adjudicará.
De hecho, está siendo cancelado hace ya varias semanas. Ese proceso viene de un inmueble ocupado en la administración del gobierno pasado, no en este. Como saben, siempre soy abierto a cualquier inquietud. Buenas noches y un abrazo." fue la respuesta de Yayo a Somos Pueblo.
Sin embargo, esta explicación plantea aún más preguntas y requiere una evaluación crítica desde la perspectiva de la ley, la lógica de los negocios y los principios de transparencia.
Falta de Supervisión Continua y Transparencia
Si este proceso de compra "viene de la administración pasada", surge la pregunta de por qué continuó bajo la administración actual sin los controles necesarios para asegurar su justificación y viabilidad. Según la Ley de Compras y Contrataciones de la República Dominicana (Ley 340-06), todas las adquisiciones deben contar con estudios previos de necesidad y justificación, y cumplir con criterios de eficiencia y razonabilidad de los precios para evitar un gasto innecesario de recursos públicos.
¿Por qué se permitió que un proceso que involucraba RD$350 millones siguiera adelante sin una revisión exhaustiva de su precio y relevancia? Si el precio de RD$7,186.84 por metro cuadrado no reflejaba el valor de mercado para terrenos en Jimaní, la administración actual tenía la obligación de frenar este proceso de inmediato y revisarlo.
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Una Explicación Insuficiente para Justificar el Alto Costo
Aunque el director de Aduanas afirma que el proceso está siendo cancelado, esto no resuelve las dudas sobre la lógica de negocios detrás de la transacción. Cualquier empresario o institución que maneje grandes presupuestos sabe que es vital realizar estudios de valuación de mercado antes de realizar una compra de tal magnitud. En este caso, se debía haber investigado el precio real del terreno en la zona fronteriza y haber consultado opciones alternativas, especialmente cuando se trata de una inversión de fondos públicos.
La explicación del director no aclara si hubo una licitación previa adecuada o si se realizaron estudios de valuación de precios, como exigen los principios de transparencia y responsabilidad fiscal. Decisiones de compra de esta naturaleza requieren un análisis riguroso para garantizar que se maximice el beneficio público sin comprometer innecesariamente los fondos del Estado.
Responsabilidad Administrativa en Procesos de Adquisición
La cancelación de este proceso, aunque tardía, es un paso en la dirección correcta. No obstante, la responsabilidad de una administración actual no termina en señalar los errores del pasado; es deber del presente gobierno revisar, auditar y detener los procedimientos heredados que no cumplan con las normativas de transparencia y eficiencia. La Ley de Función Pública (41-08) obliga a los funcionarios a actuar con responsabilidad y eficiencia en el manejo de los recursos, sin importar cuándo y bajo qué administración se haya iniciado un proyecto.
El simple hecho de que este proceso haya seguido avanzando hasta el punto en que se hizo pública la cifra de RD$350 millones implica que faltaron controles internos. Es imperativo, entonces, que se establezca un sistema de revisión más riguroso para todas las adquisiciones que hereda la administración actual, asegurando que cada peso sea gastado con prudencia.
La Importancia de la Comunicación Clara y Transparente
El mensaje de Yayo de Aduanas intenta calmar la situación, pero carece de la claridad que los ciudadanos esperan en asuntos de gasto público.
Expresiones como “mis queridos amigos” y “un abrazo” no son suficientes cuando se trata de justificar el uso de RD$350 millones. La ciudadanía requiere una rendición de cuentas precisa y detallada sobre por qué este proceso avanzó hasta esta fase y qué medidas se tomarán para evitar situaciones similares en el futuro.
Es esencial que las instituciones se comuniquen de manera profesional y detallada, explicando a la población no solo qué decisiones se tomaron, sino también por qué y con qué base. Este tipo de mensajes pueden percibirse como evasivos y poco serios ante una inquietud legítima de la sociedad sobre el uso de fondos estatales.
Reflexión Final
La cancelación del proceso es positiva, pero insuficiente si no se acompaña de una investigación y de una serie de reformas que aseguren la transparencia en todas las compras y adquisiciones. La sociedad dominicana merece una administración pública que maneje sus fondos con la misma diligencia que una empresa privada o una persona en sus finanzas personales. Más allá de cancelar este proceso específico, es fundamental que Aduanas y otras instituciones adopten políticas preventivas y sistemas de control eficaces para garantizar que cada peso del Estado sea gastado en beneficio de los ciudadanos.
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