
República Dominicana es uno de los países con mayor división municipal en la región
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República Dominicana se convirtió en uno de los países con mayor número de fragmentaciones municipales en la región, debido al incremento de 152% de entidades municipales en las últimas dos décadas, al pasar de 155 a 393 en los últimos 25 años, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
“Si bien en 2007 se introdujeron requisitos mínimos para la creación de entidades municipales que contribuyeron a frenar su deterioro, en la práctica no ha funcionado”, destaca el organismo internacional en su informe sobre el Panorama de las relaciones fiscales entre niveles de gobierno de países de América Latina y el Caribe (ALC).
La Alcaldía de Santo Domingo Este define a las entidades municipales como entidades públicas, creadas para responder a las necesidades básicas del entorno en el que tienen jurisdicción, por ejemplo: ordenamiento territorial, ordenamiento territorial, urbanismo, ejecución y disciplina urbanística, mantenimiento y uso de áreas verdes, garantizar el saneamiento ambiental (recolección y manejo de desechos y aguas residuales) y otras responsabilidades.
En ese sentido, para que los gobiernos locales (como también se les llama a los alcaldes) ejerzan sus funciones en beneficio de la sociedad. Sin distracciones ni contratiempos, desde 2010, el Estado otorga "cierta autonomía" en los aspectos político y fiscal a las autoridades que los dirigen instituciones públicas.
La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) tiene registrados 158 alcaldes, uno por cada municipio, sin calcular el número de funcionarios por distritos municipales. Quienes también funcionan con autonomía y presupuesto propio.
Para la CEPAL, el hecho de que exista una alta fragmentación municipal y de autoridades “es un fenómeno”. La ley de ingresos municipales asegura una transferencia mínima a las entidades municipales, lo que da paso a su creación.
La CEPAL calcula que para 2019 la inversión pública de los gobiernos locales rondó el 3,7%; del total del país y equivalió al 0,1% del producto interno bruto (PIB). Además, señala que la legislación establece que el 40% de los ingresos debe destinarse a gastos de capital; esta categoría representó alrededor del 30% de los gastos municipales.
El informe detalla que el mayor porcentaje del gasto municipal fue derogado para el gasto de consumo, con un 64,6%. Lo que representa el 0,3% del PIB mientras que el 29,1% se destinó a gastos de capital.
Al referirse a la inversión real municipal como factor de incidencia en el desarrollo económico y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los municipios; indica que solo el 0.1% se destinó a inversiones, marcando una tendencia que continúa hasta la fecha.
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La organización económica destaca que entre los principales desafíos para las relaciones fiscales gubernamentales se encuentra la mala definición de las funciones de gasto municipal, la escasa capacidad recaudatoria y la falta de un marco de responsabilidad fiscal.
La proyección de la CEPAL se debe a que el presupuesto de 2021 establece un aumento de 3,13% en las transferencias municipales con respecto al año anterior y se espera un aumento de un punto porcentual cada año hasta 2024.
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