Si la corrupción del PLD, se la acreditamos justamente a Leonel y a Danilo, entonces la corrupción del PRM, es exclusiva del Abinader

En la narrativa política dominicana, la corrupción suele ser utilizada como arma arrojadiza: cada administración intenta desvincularse de las prácticas del pasado mientras atribuye a la oposición todos los males heredados. Durante años, sectores oficialistas acusaron directamente a los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina de concentrar el grueso de la corrupción sistémica que arrastraba el Estado. Sin embargo, bajo un régimen fuertemente presidencialista como el dominicano, el argumento se vuelve un boomerang: si para muchos todo lo malo de los gobiernos del PLD se atribuía automáticamente a sus líderes, entonces por simple coherencia política, todo lo ocurrido en los gobiernos del PRM recae sobre la figura del presidente Luis Abinader.

En un sistema donde el presidente es, de hecho y de derecho, “batuta y constitución”, la responsabilidad política de lo que sucede —para bien o para mal— termina concentrándose en el Poder Ejecutivo, aun cuando las instituciones involucradas tengan autonomía formal o cuando la corrupción se origine en niveles intermedios del Estado.

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La lucha anticorrupción: logros cuantificables, críticas persistentes

El gobierno del PRM con Abinader ha presentado cifras que busca convertir en evidencia de una gestión más transparente.

En los últimos años, el Ministerio Público independiente ha informado la recuperación de aproximadamente RD$6,500 millones y la existencia de investigaciones abiertas que comprometen un monto superior a los RD$130,000 millones. Estos datos se exhiben como prueba del fortalecimiento de la independencia judicial y de una voluntad real de enfrentar delitos administrativos acumulados durante décadas.

Sin embargo, la crítica de la oposición persiste. Tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo han insistido en que la persecución penal parece selectiva y que, en la práctica, la mayoría de los expedientes relevantes afectan casi exclusivamente a exfuncionarios de administraciones anteriores. Este señalamiento no es menor: un Ministerio Público que investiga, pero cuyas acciones se perciben como desequilibradas, corre el riesgo de que su legitimidad sea interpretada a través del lente partidario, debilitando la narrativa del cambio estructural.

Ambas posturas —la del Gobierno y la de la oposición— encuentran respaldo en distintas fuentes: informes de entidades oficiales, organizaciones de la sociedad civil, auditorías de instituciones de control, análisis académicos y coberturas de prensa. Pero ninguna de estas visiones está libre de sesgos. El fenómeno es más profundo que cualquier disputa coyuntural.

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El caso SeNaSa: un golpe directo al discurso ético del PRM

El año 2025 abrió un capítulo particularmente delicado para el gobierno: el escándalo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Las revelaciones sobre un presunto desfalco multimillonario —estimado por diversas investigaciones periodísticas en más de RD$15,000 millones— no solo dañan la imagen de la institución líder del sistema público de aseguramiento, sino que erosionan uno de los activos discursivos más importantes del PRM: su promesa de integridad y lucha frontal contra la corrupción.

A diferencia de los expedientes que involucran a figuras del PLD, este caso toca directamente a una institución administrada durante la gestión del propio Abinader y el PRM. Y en un país presidencialista, donde la ciudadanía tiende a atribuir al presidente la responsabilidad por cada acción estatal, el impacto político es inevitable.

El efecto es doble: cuestiona la narrativa anticorrupción y abre un flanco en la gobernabilidad. Además, introduce un factor impredecible en el cálculo electoral de 2028. Para una administración que ha usado la persecución al pasado como eje de legitimidad, un escándalo de esta magnitud dentro del propio gobierno representa un riesgo estratégico.

La corrupción como fenómeno sistémico: más allá de las siglas

Aunque los partidos se culpen mutuamente, la corrupción en República Dominicana no pertenece a una sigla, sino a un sistema de incentivos y debilidades estructurales que se han replicado bajo cada gobierno: PLD, PRM, PRD, PRSC y otros. Auditores, académicos y organizaciones internacionales coinciden en que la raíz no es ideológica, sino institucional.

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Entre los factores que perpetúan el problema se encuentran:

• Un modelo de hiperpresidencialismo que concentra poder en el Ejecutivo.
• Instituciones de control con independencia limitada o vulnerable a presiones políticas.
• Procesos de compras públicas susceptibles a colusión.
• Clientelismo estructurado como mecanismo de gobernabilidad.
• Falta de sanciones efectivas y sentencias concluyentes en casos de alto nivel.
• Cultura de impunidad que normaliza prácticas irregulares en múltiples estamentos del Estado.

Por eso, tanto los avances como los escándalos deben analizarse desde esta lógica. No es que un partido sea honesto y otro corrupto. Es que la arquitectura institucional permite —y a veces incentiva— que diferentes actores, bajo distintos gobiernos, puedan reproducir los mismos patrones.

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El desafío del futuro: coherencia, reformas y costo político

Si el gobierno de Abinader pretende sostener su bandera ética hasta 2028, deberá enfrentar los casos internos con la misma intensidad con la que ha apoyado los casos contra el PLD. De lo contrario, el discurso se desgasta y se convierte en una herramienta de conveniencia política.

El país necesita reformas de largo plazo: fortalecimiento del Ministerio Público, blindaje real para las instituciones fiscalizadoras, rediseño del sistema de compras, profesionalización de la administración pública y mecanismos de rendición de cuentas que no dependan del humor del partido gobernante.

La corrupción dominicana no se resolverá con narrativas partidarias, sino con una transformación del sistema. Mientras tanto, cada escándalo —sin importar el partido que gobierne— seguirá reflejando la misma dinámica: un presidente que carga con todas las responsabilidades, un Congreso reactivo y una ciudadanía cansada de que la historia se repita.

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