Si los Corripio apoyan la indexación salarial, que empiecen por sus propios empleados
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Si los Corripio están realmente de acuerdo con la indexación salarial, bien podrían empezar por casa, aumentando los sueldos de sus más de 14,000 empleados en al menos un 50%, equivalente a la inflación acumulada desde 2017. De lo contrario, sus declaraciones no serían más que una burla descarada al pueblo dominicano.
El empresario José Alfredo Corripio expresó su respaldo a la propuesta del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, de aplicar la indexación salarial por inflación, tal como establece el Código Tributario dominicano.
Corripio sostuvo que actualizar a RD$52,000 mensuales el ingreso mínimo exento y los tramos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ayudaría a aliviar la carga económica de los trabajadores, en medio del alto costo de la canasta básica y los servicios esenciales.
“Totalmente de acuerdo. Todo lo que sea beneficiar al sector asalariado en este país, yo lo veo bien. Porque haciendo los cálculos y viendo lo que gana y lo que cuesta mantener una familia, lo que cuesta un colegio, la educación, la salud y la comida, desde el punto de vista de uno que es un privilegiado en la sociedad, yo hago los cálculos y no veo forma de cómo con un salario mínimo se pueda llevar una vida digna”, remarcó el empresario.
La iniciativa, impulsada por el senador Fernández, fue depositada este lunes y propone actualizar la escala exenta de RD$34,685 a RD$52,000 mensuales, cifra congelada desde 2017. La medida forma parte del debate en torno al presupuesto general de la nación para 2026 en el Congreso Nacional.
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Desde Hackeando el Sistema ya habíamos advertido que esta postura de Omar Fernández no es más que una posición por encargo, una movida política para calmar el descontento popular ante la negativa del Gobierno a modificar o eliminar la cesantía laboral. Es una estrategia de equilibrio: mientras el Gobierno evita enfrentar a los empresarios con una reforma laboral impopular, se impulsa una medida “protrabajador” que, en la práctica, no exige ningún sacrificio real del sector privado.
Pero hay algo que debe quedar claro: Las empresas privadas verdaderamente comprometidas con el desarrollo del país y su gente no necesitan que el Estado las obligue a hacer lo correcto. Si de verdad creen en la justicia salarial, que empiecen dando el ejemplo en sus propias nóminas.
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