
Sin Raquel Peña en el banquillo de los testigos, no habrá justicia creíble en el caso SeNaSa
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El caso del fraude multimillonario en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ha puesto al desnudo no solo una red de irregularidades administrativas y contractuales, sino un colapso sistémico del modelo de supervisión del Estado dominicano. En ese contexto, pretender que la justicia avance sin tocar los niveles superiores de coordinación política es construir una verdad incompleta.
Por esa razón, una afirmación se vuelve inevitable: no existirá justicia creíble en el caso SeNaSa si la vicepresidenta Raquel Peña no es llamada, al menos, a declarar como testigo.
No por presunción de culpabilidad.
Sino por responsabilidad institucional directa.
El cargo importa: presidenta del Gabinete de Salud
Raquel Peña no es una figura decorativa dentro del Poder Ejecutivo. Además de acompañar y representar al presidente Luis Abinader, preside el Gabinete de Salud del Gobierno, por designación expresa del propio presidente.
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Ese gabinete tiene funciones claras:
- Coordinar las políticas de salud pública
- Dar seguimiento estratégico a las instituciones del sector
- Evaluar desempeño, riesgos y sostenibilidad
- Alertar sobre desviaciones graves en la gestión
SeNaSa no es una dependencia menor. Es el corazón financiero del sistema público de aseguramiento en salud, maneja miles de millones de pesos al año y cubre a millones de dominicanos.
Un fraude que supera los RD$15,900 millones, ejecutado de manera sostenida desde 2020, no puede coexistir con una presidencia del Gabinete de Salud que alegue desconocimiento absoluto sin que eso represente, como mínimo, una falla grave de supervisión.
Ignorancia no es una defensa válida en el ejercicio del poder
En el ámbito político y administrativo, la ignorancia no exonera responsabilidad. Mucho menos cuando se ostenta una función de coordinación superior.
Si Raquel Peña:
- Presidía el Gabinete de Salud
- Coordinaba instituciones estratégicas del sector
- Formaba parte del núcleo duro del Poder Ejecutivo
entonces no puede alegar que no sabía, no vio o no fue informada, sin que eso abra preguntas legítimas sobre:
- La efectividad real del gabinete
- La calidad de los informes recibidos
- La reacción (o ausencia de ella) ante señales de alerta
Ser llamada como testigo permitiría esclarecer si el fallo fue:
- De información
- De seguimiento
- De reacción
- O de voluntad política
Cualquiera de esas respuestas es relevante para la verdad judicial y para la historia institucional del país.
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Un precedente peligroso si no se le llama
Si la vicepresidenta no es citada ni siquiera como testigo, el mensaje será devastador:
- Que la coordinación política está blindada
- Que los gabinetes existen solo para la foto
- Que la responsabilidad se corta siempre por debajo
Eso convertiría el proceso judicial en una persecución administrativa selectiva, donde pagan los ejecutores, pero nunca los supervisores políticos.
La justicia no puede limitarse a castigar operadores mientras protege estructuras.
No es persecución, es coherencia institucional
Llamar a Raquel Peña como testigo:
- No es una acusación
- No es una condena anticipada
- No es un ataque político
Es un acto de coherencia institucional.
En casos de corrupción estructural, los estándares internacionales son claros:
los responsables políticos deben rendir cuentas sobre qué sabían, cuándo lo supieron y qué hicieron al respecto.
Negarse a eso es debilitar el caso, no fortalecerlo.
La responsabilidad final también es del presidente
El presidente Luis Abinader designó a Raquel Peña como presidenta del Gabinete de Salud. Por tanto, permitir que el proceso avance sin su testimonio también compromete la credibilidad del propio presidente, quien ha insistido en que “nadie está por encima de la ley”.
Esa frase solo se sostiene si:
- El poder ejecutivo no pone zonas vedadas
- La justicia no tiene nombres intocables
- La verdad no se negocia políticamente
Conclusión: sin verdad completa, no hay justicia
El caso SeNaSa no es solo un expediente penal.
Es una prueba de madurez institucional.
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Si la vicepresidenta Raquel Peña no es llamada a declarar en el caso SeNaSa, el país entenderá que:
- La justicia tiene techos
- La política sigue protegiéndose a sí misma
- Y el discurso anticorrupción tiene límites muy claros
Y cuando eso ocurre, la corrupción no solo se investiga mal:
se legitima por omisión.
La República Dominicana no necesita más discursos.
Necesita verdad completa.
Y la verdad completa no puede excluir al poder.
Nota aclaratoria:
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