La reciente gestión de Bartolomé Pujals como director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) ha sido presentada como un éxito rotundo en la modernización del Estado dominicano. Sin embargo, un análisis crítico revela que detrás de estos “logros” se encuentra una narrativa de demagogia y una permisividad alarmante por parte del gobierno de Luis Abinader, que no solo compromete la transparencia, sino que también pone en evidencia un verdadero atraco a mano armada contra las arcas del Estado.
Ahorros o Sobrecostos: Una Mirada Crítica
Pujals ha afirmado que la implementación de la firma digital ha permitido un ahorro de 40 millones de pesos al Estado, basándose en un comparativo de costos entre la firma digital y la manuscrita. Sin embargo, esta afirmación carece de sustento real si se considera que el costo total de procesar 234,999 peticiones de firma digital (1,174,999 pesos) es insignificante frente a los 41,721,073 pesos que supuestamente habría costado el uso de firmas manuscritas. La pregunta crucial es: ¿realmente se han ahorrado esos 40 millones de pesos, o simplemente se ha trasladado el gasto a otras áreas?
Recomendaciones de Economistas
Economistas como Thomas Piketty han argumentado que el enfoque en la eficiencia gubernamental no puede ser un velo que oculte la falta de responsabilidad fiscal. En este contexto, es fundamental cuestionar si la implementación de tecnologías está realmente mejorando la eficiencia del gobierno o si está creando nuevas formas de gasto injustificado.
La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial: ¿Un Progreso Real o Una Cortina de Humo?
El lanzamiento de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) se ha presentado como un avance significativo para posicionar a la República Dominicana en el mapa de la tecnología en Centroamérica. No obstante, al analizar el contexto de la implementación, surge la duda: ¿Cómo puede un país ser considerado líder en inteligencia artificial si las infraestructuras básicas y los servicios públicos aún son deficientes?
Expertos en tecnología y economía, como Mariana Mazzucato, han señalado que la innovación tecnológica debe ser acompañada de un marco regulatorio claro y transparente. Sin embargo, bajo la gestión de Bartolomé Pujals en la OGTIC, no ha habido evidencia de una verdadera implementación de políticas que respalden la inteligencia artificial de manera responsable.
Puntos GOB: Una Estrategia de Marketing Político
La creación de los Puntos GOB y el número de servicios atendidos son cifras que suenan impresionantes, pero ¿realmente representan un avance para la ciudadanía? En lugar de un verdadero acercamiento del Estado al pueblo, estas iniciativas pueden interpretarse como esfuerzos para ganar popularidad a costa de la sustancia.
Como bien señaló el economista Joseph Stiglitz, la verdadera prosperidad económica no se mide simplemente en estadísticas, sino en el bienestar real de la población. La atención ciudadana es importante, pero debe ir acompañada de un compromiso genuino para resolver los problemas estructurales del país.
La Cuestión del Arrendamiento del Edificio Corporativo Vista 311
El arrendamiento del Edificio Corporativo Vista 311 por RD$1,400 millones para la OGTIC ha suscitado críticas y controversias, y las respuestas de Bartolomé Pujals al respecto han sido inaceptables. La defensa de la «transparencia» como respuesta a cuestionamientos válidos no es suficiente cuando el contrato fue firmado por un antecesor que fue destituido, lo que genera aún más dudas sobre la legitimidad del acuerdo y la integridad del proceso.
La economista Esther Duflo ha enfatizado la necesidad de que las decisiones económicas se basen en principios de justicia social y equidad. La permisividad del gobierno de Abinader al permitir este tipo de transacciones sugiere un apoyo tácito a prácticas que podrían considerarse corrupción sistémica.
Un Llamado a la Reflexión
Los “logros” de Bartolomé Pujals en la OGTIC deben ser examinados con un ojo crítico. La narrativa de éxito en la modernización gubernamental no puede ser una excusa para la falta de transparencia, la gestión ineficaz de recursos y la permisividad ante prácticas cuestionables. El pueblo dominicano merece un gobierno que no solo prometa avances tecnológicos, sino que también actúe con responsabilidad y ética, asegurando que cada peso gastado beneficie verdaderamente a la sociedad en su conjunto.
La lucha por la justicia social y la transparencia es más relevante que nunca, y es hora de que la ciudadanía se pronuncie y exija cuentas. La historia nos ha enseñado que el verdadero cambio comienza con la voz del pueblo, y en este sentido, la revolución no solo es deseable, sino necesaria.
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