Yamile Hazim, hija de Santiago Hazim, participó activamente en la Marcha Verde, gritando “ladrones” a los funcionarios del pasado
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Yamile Hazim, hija de Santiago Hazim y una de las voces más visibles de la Marcha Verde, se convirtió en símbolo de la indignación ciudadana cuando enfrentaba a los gobiernos del pasado al grito de “ladrones”. Hoy, en medio del escándalo de SENASA —considerado por el Ministerio Público como la mayor estafa al sistema de salud pública—, su figura regresa al debate público, no como activista, sino como reflejo de la contradicción entre aquel discurso moralista y la realidad que ahora envuelve a su propio entorno familiar.
Cuando estalló el movimiento Marcha Verde en 2017, se presentó como una rebelión cívica espontánea contra la corrupción y la impunidad. Miles de dominicanos, cansados de los excesos del PLD bajo los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, salieron a las calles a exigir justicia por el caso Odebrecht. La narrativa era clara: la ciudadanía enfrentándose a un sistema político podrido.
Pero a casi una década de aquella ola verde, la realidad que emerge es inquietante: los principales rostros del movimiento terminaron ocupando cargos estratégicos dentro del gobierno de Luis Abinader, y muchos de los que entonces denunciaban corrupción hoy guardan silencio ante el mayor escándalo financiero del sector salud: el caso SENASA.
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En el centro de esta contradicción aparece un símbolo de aquel movimiento:
Yamile Hazim, hija del director de SENASA, Santiago Hazim, quien participó activamente en la Marcha Verde, gritando “ladrones” a los funcionarios del pasado. Hoy, en un giro irónico y doloroso, enfrenta el eco de sus propias consignas, mientras el Ministerio Público define el caso SENASA como la mayor estafa contra el sistema público de salud en la historia reciente.
Una estructura que nunca fue ciudadana
Aunque la Marcha Verde se vendió como un movimiento descentralizado y horizontal, sin liderazgo formal, su columna vertebral estuvo compuesta por activistas, organizaciones civiles y figuras de opinión que hoy encajan perfectamente en el andamiaje gubernamental actual.
La lista es extensa:
- Carlos Pimentel, hoy Director de Contrataciones Públicas.
- Andrés L. Mateo, designado embajador ante la UNESCO.
- Manuel Robles, ahora asesor de la vicepresidenta.
- Claudio Caamaño Vélez, director de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial.
- Organizaciones como Participación Ciudadana, además de sectores empresariales y ONG afines.
Aunque comunicadores como Nuria Piera, Marino Zapete, Alicia Ortega, Roberto Cavada y Huchi Lora respaldaron la Marcha Verde en nombre de la transparencia y la lucha contra la impunidad, hoy muchos de ellos enfrentan un serio desgaste de credibilidad. Figuras que se presentaron como guardianes éticos guardan silencio o moderan su postura ante casos tan graves como el de SENASA, o han alineado su discurso con los intereses del poder que ayudaron a llevar al gobierno. Esa incoherencia ha deteriorado la confianza pública y plantea una pregunta inevitable: ¿cómo puede un periodista reclamar autoridad moral cuando su compromiso con la verdad depende del color político del corrupto?
Lo que muchos entienden ahora es que Marcha Verde operó como un proyecto de reconfiguración del poder, impulsado en gran medida por élites económicas que, bajo el discurso de la justicia, buscaron desplazar al PLD para luego ocupar el Estado con su propia agenda.
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El caso SENASA: el espejo roto del moralismo verde
El escándalo que involucra a SENASA confirma esa lectura. Según la investigación oficial, el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) entregó gratuitamente vacunas y medicamentos a centros privados, que luego las facturaron a SENASA como si fuesen compras reales.
Uno de los centros vinculados a un prominente grupo empresarial facturó 500 millones de pesos por insumos que nunca compró.
En total, SENASA habría desembolsado cerca de 700 millones de pesos mediante este mecanismo.
Mientras tanto, Yamile Hazim, del director de SENASA Santiago Hazim —figura de la Marcha Verde— guarda silencio.
Y quienes antes exigían “cárcel para los corruptos” hoy ocupan posiciones dentro del gobierno que exhibe este escándalo monumental.
¿Movimiento ciudadano o ingeniería política del empresariado?
Con el paso del tiempo, Marcha Verde empieza a verse no como una revolución cívica, sino como un sofisticado instrumento de reposicionamiento empresarial, una campaña política sin partidos, diseñada para canalizar el hartazgo social y capitalizarlo en un relevo de poder.
Su objetivo no fue transformar el sistema, sino cambiar quién lo administraba.
El PLD cayó por corrupción, sí.
Pero los sectores que impulsaron Marcha Verde llegaron al poder para administrar un Estado donde se reproducen los mismos vicios que denunciaron:
- Uso indebido de fondos públicos.
- Redes privadas enriquecidas con dinero estatal.
- Contratos irregulares.
- Falta de controles institucionales.
- Silencio cómplice de quienes antes marchaban.
El caso SENASA es el espejo más claro: quienes se presentaban como ejemplo moral ahora están en el centro de la peor estafa en el sistema de salud.
El engaño perfecto
Marcha Verde no fue falsa porque no hubiese gente genuinamente indignada en las calles. Fue falsa porque la conducción real del movimiento no respondía al interés ciudadano, sino a intereses más grandes, más invisibles y mucho más poderosos.
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Fue el vehículo perfecto para:
- Legitimar un relevo político que ya estaba pactado por sectores empresariales.
- Desmontar al PLD, no por ética, sino por negocio.
- Construir una narrativa moralista que hoy se desmorona ante la realidad del poder.
Y mientras la población creía marchar contra la corrupción, otros marchaban hacia el control del Estado.
El resultado: el mismo país, con otros beneficiarios
Hoy, ver a activistas verdes convertidos en funcionarios es la prueba contundente de que aquella indignación fue instrumentalizada. El mismo esquema que denunció al PLD ahora opera bajo otro color, con nuevos apellidos, pero con idénticas prácticas.
SENASA es simplemente la pieza que cae al suelo y deja ver el mecanismo completo.
El país no cambió.
Solo cambió el grupo que administra las estructuras que permiten robarlo.
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