104 EN 45 DÍAS: LA LETALIDAD POLICIAL QUE OBLIGA A MIRAR DE FRENTE EL LEGADO DE LOS 12 AÑOS DE BALAGUER
La República Dominicana vuelve a enfrentarse a una pregunta incómoda: ¿cuántas personas tienen que morir en supuestos intercambios de disparos para que las autoridades asuman que e...
La República Dominicana vuelve a enfrentarse a una pregunta incómoda:
¿cuántas personas tienen que morir en supuestos intercambios de disparos para que las autoridades asuman que existe un problema que no puede resolverse con explicaciones policiales?
Hay cifras que no deberían pasar inadvertidas. Mucho menos en un país que conoce demasiado bien las consecuencias de la represión estatal.
El reportaje publicado por Diario Libre este 30 de octubre de 2026 presenta un dato estremecedor: 104 jóvenes perdieron la vida en incidentes reportados por la Policía Nacional como intercambios de disparos entre el 9 de septiembre y el 29 de octubre. Estamos hablando de 45 días, apenas mes y medio.
No son números abstractos. Son 104 personas con nombres, rostros, familiares y comunidades que hoy tienen preguntas sobre las circunstancias en las que murieron.
El periódico documenta que durante ese período solamente hubo cinco días sin muertes reportadas en estos incidentes. El 25 de septiembre murieron siete personas en una sola jornada y hubo 17 días consecutivos en los que se reportó al menos una muerte a manos de agentes policiales.
¿Estamos hablando de una política de seguridad ciudadana o de un patrón de uso de la fuerza letal que necesita una investigación profunda?
BALAGUER Y LOS 12 AÑOS: NO PODEMOS MANIPULAR LA HISTORIA
La comparación con los gobiernos de Joaquín Balaguer entre 1966 y 1978 es inevitable. Aquella época quedó marcada por persecuciones políticas, encarcelamientos, desapariciones, asesinatos y la actuación de estructuras represivas como la denominada Banda Colorá.
Sin embargo, hay que poner las cifras en su contexto. Una referencia histórica sobre ese período estima que más de 3,000 dominicanos fueron asesinados solamente entre 1966 y 1974. Otras fuentes históricas también documentan centenares de muertes y desapariciones por motivos políticos durante los primeros años de ese régimen.
Por tanto, no sería responsable afirmar que Balaguer mató menos personas que las 104 reportadas en estos 45 días. Lo que sí podemos afirmar es que 104 muertes en apenas 45 días representan una concentración de violencia policial que exige una respuesta institucional inmediata.
Y aquí está el verdadero problema: ¿cómo hemos llegado a normalizar que las noticias sobre personas muertas durante intervenciones policiales se conviertan casi en una rutina?
EL PROBLEMA NO ES SOLAMENTE QUIÉNES MUEREN, SINO CÓMO MUEREN
Es importante reconocer que el Estado tiene la obligación de enfrentar la delincuencia. Los ciudadanos necesitan protección frente a los asaltos, homicidios, extorsiones y organizaciones criminales.
Pero esa obligación no le concede a ningún agente policial una licencia para matar.
Cuando una persona muere durante una intervención policial, debe existir una investigación independiente que determine si hubo una amenaza real, si el uso de la fuerza fue necesario y proporcional, si se respetaron los protocolos y si existió alguna actuación ilegal.
No basta con emitir un comunicado diciendo que se produjo un intercambio de disparos.
El propio trabajo periodístico de Diario Libre ha presentado testimonios, grabaciones y circunstancias que, en determinados casos, contradicen la versión inicial de las autoridades. Eso demuestra por qué cada muerte debe investigarse individualmente, sin condenar anticipadamente a los fallecidos ni dar por cierta, sin comprobación, la versión oficial.
¿DÓNDE ESTÁ LA PROCURADURÍA? ¿DÓNDE ESTÁ EL CONTROL INSTITUCIONAL?
Una sociedad democrática no puede permitir que las muertes producidas durante intervenciones policiales se conviertan en estadísticas sin consecuencias.
La Procuraduría General de la República debe garantizar investigaciones independientes, transparentes y oportunas. La Policía Nacional debe entregar información verificable sobre cada intervención mortal. Y los organismos de control deben determinar si existen patrones de actuación, responsabilidades individuales o fallas institucionales.
También es necesario conocer cuántos agentes han sido investigados, cuántos casos han llegado a los tribunales y cuáles han terminado en condenas o archivos debidamente fundamentados.
La reforma policial no puede medirse solamente por nuevos uniformes, vehículos, equipos o discursos. También debe medirse por la capacidad de la institución para proteger la vida, respetar los derechos fundamentales y responder cuando sus propios miembros incurren en abusos.
LA HISTORIA DEBERÍA HABERNOS ENSEÑADO ALGO
La República Dominicana vivió los 12 años de Balaguer y conoce las consecuencias de un Estado en el que la fuerza pública puede convertirse en instrumento de persecución y violencia.
No necesitamos esperar otros doce años para preguntarnos qué ocurrió. Tampoco debemos esperar que las víctimas se multipliquen para exigir explicaciones.
104 personas en 45 días no pueden convertirse en una simple estadística policial.
Si las autoridades sostienen que actuaron legítimamente, tienen que demostrarlo mediante investigaciones transparentes y evidencias verificables. Si hubo ejecuciones ilegales, deben establecerse responsabilidades y aplicarse las consecuencias correspondientes.
La delincuencia no puede gobernar los barrios, pero tampoco puede hacerlo el miedo a la Policía.
Porque cuando la ciudadanía deja de confiar en quienes tienen la misión de protegerla, el problema deja de ser exclusivamente policial: se convierte en una crisis de Estado.
¿Cuántos nombres más tendrán que aparecer en una página de periódico para que el país exija respuestas?
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