LA REFORMA FISCAL QUE ABINADER RETIRÓ POR LAS PROTESTAS, PERO QUE LOS DOMINICANOS SIGUEN SINTIENDO EN SUS BOLSILLOS

Tres momentos, distintas estrategias y una misma preocupación:

el Estado necesita más ingresos, mientras las familias dominicanas enfrentan una presión creciente sobre su presupuesto. ¿Se retiró realmente la reforma fiscal o terminó llegando por otras vías?

Por Melvin Sena | HackeandoElSistema.net

En octubre de 2024, el presidente Luis Abinader anunció el retiro del proyecto de Ley de Modernización Fiscal después de una ola de rechazo ciudadano, protestas en las redes sociales y manifestaciones públicas. En su discurso, el mandatario reconoció que la propuesta no contaba con el consenso necesario para ser aprobada.

Pero dos años después, la discusión fiscal vuelve a ocupar un lugar central en la política económica dominicana.

En junio de 2026, el Gobierno presentó un nuevo paquete de medidas económicas que terminó convertido en la Ley 30-26, denominada oficialmente Ley de Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional. La iniciativa fue presentada como una respuesta a las presiones económicas internacionales y como un mecanismo para fortalecer los ingresos y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Aquí aparece una pregunta que merece un análisis más profundo: ¿qué ocurrió con la promesa de no impulsar otra reforma fiscal y por qué, pese al retiro del proyecto de 2024, los ciudadanos siguen sintiendo que cada vez necesitan más dinero para cubrir sus necesidades?

La tesis de este artículo es que la presión fiscal sobre los hogares puede aumentar incluso sin aprobar una reforma tributaria general como la que se presentó en 2024. Entre impuestos existentes, cambios legislativos posteriores, inflación, tarifas de servicios y costos de producción, el resultado puede sentirse como una reforma económica aplicada por etapas.

No significa que todos esos fenómenos sean impuestos nuevos ni que exista una reforma clandestina. Significa que el efecto sobre el bolsillo merece ser examinado más allá del nombre de cada medida.

1. PRIMER MOMENTO: 2021, EL PACTO FISCAL QUE EL GOBIERNO PUSO SOBRE LA MESA

Al comienzo de su administración, Abinader presentó una agenda de doce reformas estructurales, dentro de las cuales figuraba la discusión fiscal.

La intención era revisar el sistema tributario, fortalecer las recaudaciones y crear condiciones para financiar las necesidades del Estado.

Sin embargo, el contexto económico de la pandemia, la recuperación de la actividad productiva y la falta de condiciones políticas para alcanzar un consenso hicieron que la discusión de una reforma fiscal integral no avanzara durante los primeros años del Gobierno. 

El problema de fondo nunca desapareció: el Estado necesitaba más recursos para financiar sus compromisos, mientras la población esperaba mejoras en los servicios públicos, la infraestructura, la salud, la educación y la seguridad.

La discusión quedó pendiente.

Y esa deuda fiscal terminaría regresando con mayor intensidad en 2024.

2. SEGUNDO MOMENTO: OCTUBRE DE 2024, CUANDO EL RECHAZO CIUDADANO OBLIGÓ A RETIRAR EL PROYECTO

El 7 de octubre de 2024, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de Ley de Modernización Fiscal.

La propuesta contemplaba cambios importantes en el sistema tributario, entre ellos modificaciones al ITBIS, al impuesto sobre la renta, a los impuestos selectivos, al tratamiento de determinados bienes y servicios y a los incentivos fiscales.

La iniciativa generó preocupación porque podía incrementar los costos de numerosos productos, actividades económicas y servicios utilizados por los hogares dominicanos.

La reacción fue inmediata.

Las redes sociales se convirtieron en escenario de rechazo, se realizaron manifestaciones y cacerolazos, y distintos sectores expresaron su oposición al proyecto.

El 19 de octubre de 2024, apenas doce días después de su presentación, Abinader anunció que solicitaría su retiro del Congreso.

El presidente expresó:

«En una democracia se puede conseguir todo con el pueblo, pero nada contra el pueblo».

También reconoció que la propuesta no contaba con el consenso necesario para ser aprobada. 

Aquella decisión fue una respuesta a una presión social y política considerable.

Pero retirar un proyecto no significa resolver automáticamente el problema fiscal, ni elimina la posibilidad de que el Gobierno busque otras fuentes de ingresos mediante disposiciones legales, administrativas o presupuestarias.

Y eso es precisamente lo que debemos examinar.

3. TERCER MOMENTO: JUNIO DE 2026, LA LEY 30-26 Y EL NUEVO PAQUETE ECONÓMICO

El 11 de junio de 2026, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, presentó un nuevo paquete denominado Medidas Procrecimiento Económico y Mitigación de la Crisis Internacional.

Según la explicación oficial, el Gobierno buscaba captar entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones adicionales para responder a las presiones sobre las finanzas públicas. 

La propuesta incluía cuatro dimensiones:

• Medidas para impulsar el crecimiento económico.

• Simplificación tributaria.

• Combate a la evasión fiscal.

• Consolidación de las finanzas públicas.

El Congreso aprobó la iniciativa y el 18 de junio Abinader promulgó la Ley 30-26. 

Esto es importante: no se trató simplemente de un anuncio administrativo. Fue una ley que modificó disposiciones del Código Tributario y otras normas fiscales.

Entre sus disposiciones figuran cambios en el tratamiento de determinadas obligaciones tributarias, mecanismos de amnistía fiscal y modificaciones a disposiciones relacionadas con los impuestos y la administración tributaria. También se modificaron reglas sobre exenciones y tratamientos impositivos específicos. 

Por tanto, sería incorrecto afirmar que después de retirar la reforma de 2024 el Gobierno no volvió a impulsar cambios fiscales.

Lo hizo en 2026, aunque bajo una denominación diferente y con un contenido distinto.

La pregunta es si la ciudadanía comprendió suficientemente el alcance de esas nuevas medidas y cómo se distribuirá el esfuerzo económico entre los distintos sectores.

4. LA REFORMA QUE NO NECESITA LLAMARSE REFORMA: EL IMPACTO DE LA INFLACIÓN

5. LOS COMBUSTIBLES: EL IMPUESTO EXISTE, PERO NO DEBEMOS CONFUNDIRLO CON EL PRECIO SEMANAL

Otro elemento que influye en el presupuesto familiar es el precio de los combustibles.

En República Dominicana, los combustibles están sujetos a impuestos establecidos por leyes, entre ellas la Ley 112-00. Esta legislación dispone que los precios de venta al público se actualicen semanalmente tomando en consideración los precios internacionales y la tasa de cambio, y que las resoluciones desglosen los componentes del precio, incluido el impuesto al consumo. 

Esto significa que hay una carga tributaria incorporada en el precio de los combustibles.

Pero hay que hacer una precisión: el ajuste semanal del precio no significa que el Gobierno esté aumentando semanalmente la tasa del impuesto. Son conceptos distintos.

El precio puede variar por el petróleo internacional, los costos de importación, la tasa de cambio, los márgenes de distribución y las decisiones de subsidio o compensación estatal.

¿Por qué importa esto?

Porque los combustibles influyen directamente en el transporte de pasajeros, la distribución de alimentos, la logística de las empresas y los costos de producción.

Cuando aumenta el costo de transportar mercancías, existe presión para trasladar parte de ese incremento al consumidor.

Y al final, quien compra en el supermercado, toma un transporte público o paga un servicio puede terminar absorbiendo parte de ese encarecimiento.

6. LA ELECTRICIDAD: UNA TARIFA CONGELADA NO SIGNIFICA UNA FACTURA INVARIABLE

La electricidad es otro ejemplo de cómo el costo de vida puede aumentar sin que necesariamente se apruebe un nuevo impuesto.

El 19 de octubre de 2026, el Gobierno afirmó que mantiene congelada la tarifa eléctrica desde 2022 y que destina importantes recursos a subsidiar el sector. 

Sin embargo, el ministro de Energía y Minas explicó que la estructura tarifaria tiene distintos tramos de consumo.

En el esquema divulgado para Edesur, los primeros 200 kilovatios hora tienen una tarifa de RD$6.05, los siguientes tramos aumentan el precio por kilovatio y, al superar los 700 kWh, se aplica una tarifa de RD$13.09 a la totalidad del consumo.

Esto significa que una familia puede experimentar un incremento importante en su factura aunque el Gobierno sostenga que la tarifa no ha sido modificada.

El propio ministro explicó que un incremento de aproximadamente 10 % en el consumo puede generar un aumento de entre 30 % y 40 % en el costo de la energía facturada cuando se supera determinado umbral. 

¿Es un impuesto nuevo? No.

¿Puede representar una mayor carga mensual para los hogares? Sí.

Y esa diferencia es precisamente la que debe explicarse cuando se habla del costo real de vivir en República Dominicana.

7. LA FISCALIZACIÓN: EL ESTADO TAMBIÉN PUEDE AUMENTAR SUS RECAUDACIONES APLICANDO LAS LEYES EXISTENTES

Hay otra vía que debe analizarse:

la fiscalización tributaria.La DGII y la Dirección General de Aduanas tienen facultades para exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes vigentes, perseguir la evasión y cobrar impuestos que anteriormente no estaban siendo declarados o pagados correctamente.Eso no constituye automáticamente un aumento de impuestos.Si un negocio evade el ITBIS y la DGII logra que cumpla con la legislación, el Estado puede aumentar sus recaudaciones sin que haya cambiado la tasa del impuesto.Pero hay una cuestión económica importante: el cumplimiento tributario puede modificar los costos de operación de determinadas empresas, dependiendo de su estructura, sus márgenes y su capacidad para absorber esos costos.Si una empresa decide trasladar una parte del costo al consumidor, el precio final puede aumentar.Eso no significa que toda fiscalización se traduzca necesariamente en inflación ni que el Estado esté creando impuestos ocultos. Significa que el impacto de los cambios tributarios y administrativos debe evaluarse también desde la perspectiva de los consumidores.La pregunta es si el Gobierno está acompañando la mayor presión de cumplimiento con políticas que promuevan la productividad, la formalización y la competencia, evitando que los hogares terminen absorbiendo costos que no pueden soportar.

8. EL GOBIERNO PROMETIÓ NO IMPULSAR OTRA REFORMA FISCAL: ¿QUÉ CAMBIÓ?

Este es uno de los puntos políticamente más importantes.

El 6 de marzo de 2025, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que el Gobierno no impulsaría una nueva reforma fiscal y que la discusión había quedado cerrada después del retiro del proyecto de modernización fiscal de 2024.

El funcionario expresó:

«No hay ni habrá en este gobierno una nueva iniciativa de ese tipo». 

Sin embargo, en junio de 2026 el Ejecutivo presentó un nuevo paquete de medidas con objetivos explícitos de fortalecimiento de ingresos y consolidación fiscal, que terminó convertido en la Ley 30-26.

¿Significa esto que el Gobierno incumplió literalmente aquella promesa?

Hay que distinguir entre una reforma fiscal integral, como la propuesta retirada en 2024, y una ley posterior de medidas tributarias y simplificación fiscal. No son necesariamente la misma clase de iniciativa.

Pero sí existe una cuestión política que merece explicación: ¿por qué el Gobierno que en marzo de 2025 aseguraba que no impulsaría otra iniciativa de esa naturaleza terminó promoviendo un paquete legislativo que modificó el régimen tributario y buscaba captar entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones adicionales?

La ciudadanía tiene derecho a conocer qué cambió, por qué cambió y quién terminará soportando el esfuerzo económico.

9. ¿QUIÉN PAGA REALMENTE EL COSTO DE ESTA POLÍTICA ECONÓMICA?

El problema no se limita a la existencia de impuestos.

Una familia puede enfrentar simultáneamente:

• Aumento acumulado de los alimentos.

• Mayores gastos de transporte.

• Facturas eléctricas más elevadas por consumo y estructura tarifaria.

• Costos de vivienda, alquiler y mantenimiento.

• Medicamentos y servicios médicos más caros.

• Mayores gastos educativos.

• Obligaciones tributarias directas e indirectas.

Cada uno de esos componentes tiene causas diferentes, pero todos compiten por el mismo ingreso familiar.

Y cuando el salario aumenta menos que el costo de la vida, el trabajador termina perdiendo capacidad de compra.

Por eso, la discusión sobre la reforma fiscal no puede quedarse en el Congreso, los impuestos y las recaudaciones. También debe examinar qué ocurre con el ingreso disponible de los hogares.

El Gobierno puede presentar cifras de crecimiento económico, inversión extranjera, recaudación tributaria y estabilidad macroeconómica. Pero el ciudadano también tiene derecho a preguntar cuánto cuesta llenar el carrito del supermercado, pagar la electricidad, transportarse y mantener una familia.

El crecimiento económico y el bienestar de los hogares son dimensiones relacionadas, pero no idénticas.

CONCLUSIÓN: RETIRAR UNA REFORMA NO SIGNIFICA QUE DESAPAREZCA LA PRESIÓN SOBRE EL BOLSILLO

El presidente Luis Abinader retiró en octubre de 2024 su proyecto de modernización fiscal después de una fuerte reacción ciudadana.

Sin embargo, el problema de las finanzas públicas continuó, y en junio de 2026 su Gobierno impulsó una nueva legislación que modificó disposiciones tributarias y fue presentada como un mecanismo para fortalecer los ingresos del Estado.

Mientras tanto, los hogares siguieron enfrentando los efectos acumulados de la inflación, las tarifas de los servicios, los combustibles y otros costos de la economía.

No sería correcto llamar impuesto a cada aumento de precio, ni afirmar que la reforma de 2024 fue aprobada secretamente. Tampoco se puede atribuir toda la inflación a las decisiones del Gobierno.

Pero sí es válido señalar que el resultado económico para una familia puede parecerse al de una reforma por acumulación: más dinero para cubrir las mismas necesidades y menos capacidad para ahorrar, invertir o mejorar su calidad de vida.

Y aquí está la pregunta que Luis Abinader debe responder:

Si su Gobierno retiró la reforma fiscal de 2024 porque escuchó el rechazo de la población, ¿cómo explica que en 2026 haya impulsado un nuevo paquete legislativo para captar hasta RD$50,000 millones adicionales y que, al mismo tiempo, los dominicanos continúen sintiendo una presión creciente sobre sus ingresos?

La ciudadanía no necesita solamente explicaciones sobre cuánto recauda el Estado. Necesita saber qué recibe a cambio, cómo se distribuye el esfuerzo tributario y qué medidas existen para proteger su capacidad de compra.

Porque una cosa es que el Gobierno no apruebe una reforma fiscal con ese nombre y otra muy distinta es que los ciudadanos no sientan en sus bolsillos el peso de las decisiones económicas.

La reforma que se retira del Congreso puede desaparecer del titular, pero la presión sobre el presupuesto familiar no desaparece por decreto.

HackeandoElSistema.net — Cuando el discurso económico no coincide con el bolsillo de la gente, hay que revisar las cifras.