¿10,800 maestros fuera de las aulas públicas? Abinader habla de excelencia educativa mientras aflora una grave falla de gestión
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Por Melvin Sena | HackeandoElSistema.net
La educación dominicana no necesita más discursos sobre excelencia. Necesita que cada peso del presupuesto educativo se traduzca en mejores escuelas, maestros disponibles para sus estudiantes y resultados verificables. Por eso, la denuncia de que más de 10,800 docentes del sistema público están prestando servicios a iglesias, colegios privados, fundaciones vinculadas a legisladores y otras instituciones merece una investigación inmediata.
La información fue publicada por El Nacional el 14 de octubre de 2026, a partir de declaraciones de Eduardo Hidalgo y Menegildo de la Rosa, presidente y secretario de comunicaciones de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Según los dirigentes sindicales, esos docentes no han podido ser evaluados por el Ministerio de Educación porque se encuentran prestando servicios fuera de los centros públicos donde deberían desempeñar sus funciones.
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede el Estado pagar, administrar y evaluar correctamente a sus maestros si miles de ellos están destinados a instituciones distintas de las escuelas públicas?
1. Más de 10,800 maestros: una cifra que exige explicaciones
No estamos hablando de una cantidad insignificante de empleados públicos. La cifra denunciada por la ADP representa un problema administrativo que, de confirmarse en los términos descritos, tendría implicaciones para la planificación docente, la evaluación del desempeño y el uso de los recursos del Estado.
¿Quién autorizó esos traslados o préstamos? ¿Mediante cuáles resoluciones? ¿Quién supervisa el trabajo que realizan esos profesores? ¿Qué instituciones los reciben y bajo qué condiciones? ¿Quién verifica que sus funciones respondan a una necesidad pública legítima?
Estas preguntas no se responden con declaraciones generales. Se responden con nóminas, expedientes de personal, convenios, resoluciones administrativas y auditorías.
Y hay una pregunta todavía más importante: si esos docentes cobran con fondos públicos, ¿qué servicio prestan efectivamente al sistema educativo público y quién lo verifica?
No podemos afirmar, sin revisar esos documentos, que los 10,800 casos constituyan corrupción. Pero sí podemos afirmar que una denuncia de esta magnitud requiere transparencia y una explicación documentada del Ministerio de Educación.
2. ¿Maestros públicos al servicio de colegios privados, iglesias y fundaciones de legisladores?
Este es uno de los aspectos más delicados de la denuncia.
Según las declaraciones atribuidas a la ADP, entre las instituciones beneficiadas por estos préstamos figuran colegios privados, iglesias católicas y protestantes, fundaciones de diputados y senadores.
Si se confirma que docentes pagados por el Estado prestan servicios en entidades privadas o en organizaciones vinculadas a figuras políticas, el país debe conocer el fundamento legal de cada asignación y las condiciones bajo las cuales se autorizó.
No todas las comisiones o asignaciones fuera de un centro escolar son necesariamente ilegales. Algunas pueden responder a funciones institucionales legítimas. Pero una cosa es una asignación autorizada, supervisada y justificada, y otra muy distinta sería mantener personal público en instituciones ajenas al sistema educativo sin una justificación legal y administrativa suficiente.
La cuestión no es quién tiene influencia para conseguir un maestro. La cuestión es si el Estado está utilizando sus recursos para satisfacer necesidades públicas o para favorecer intereses particulares.
Si existen irregularidades, deben identificarse los responsables y establecerse las consecuencias correspondientes.
3. Abinader habla de excelencia, pero la administración debe demostrarla
El 25 de agosto de 2026, la Presidencia publicó un comunicado titulado «Gobierno del presidente Luis Abinader logra la máxima calificación y excelencia del cuerpo docente nacional». La comunicación presentó una valoración favorable de la formación del profesorado dominicano y destacó avances en materia de capacitación y calidad educativa.
Fuente: Presidencia de la República, 25 de agosto de 2026.
Sin embargo, una evaluación favorable de la formación académica de los docentes no resuelve automáticamente los problemas de administración del personal. La calidad profesional de un maestro y la capacidad del Estado para asignarlo, supervisarlo y evaluarlo son asuntos relacionados, pero diferentes.
Por eso, la denuncia de los 10,800 docentes obliga a plantear una contradicción que el Gobierno debe aclarar: ¿cómo se puede proclamar excelencia educativa mientras el sindicato denuncia que miles de profesores no han podido completar su evaluación porque están prestando servicios fuera de sus centros públicos?
No significa que el comunicado presidencial sea necesariamente falso. Significa que el Gobierno debe explicar cómo concilia sus afirmaciones con esta situación y qué medidas está tomando para resolverla.
La excelencia educativa no se demuestra únicamente con títulos, estadísticas o comunicados. También se demuestra con una administración transparente del personal y con maestros donde los estudiantes los necesitan.
4. El problema de la evaluación docente no comenzó hoy
El propio Ministerio de Educación ha reconocido dificultades operativas durante el proceso de Evaluación del Desempeño Docente 2025-2026.
El 21 de abril de 2026, la Comisión Nacional Rectora informó que posponía una convocatoria para determinados docentes del nivel secundario, coordinadores pedagógicos y orientadores, con el propósito de realizar ajustes y mejorar la plataforma tecnológica.
Posteriormente, el 5 de junio, el Ministerio informó que había completado la evaluación de 74,868 docentes de un universo de 78,462 correspondiente a la sexta etapa, equivalente al 95.4 % de la meta de esa fase.
Fuentes:
Ministerio de Educación: aplazamiento de una fase de evaluación, 21 de abril de 2026.
Ministerio de Educación: resultados de la sexta etapa, 5 de junio de 2026.
Estos datos deben interpretarse correctamente: las dificultades técnicas de abril y los avances comunicados en junio no prueban que los 10,800 casos denunciados por la ADP se deban a la misma causa. Sí muestran que la evaluación docente requiere una gestión rigurosa, seguimiento y rendición de cuentas.
El Ministerio debe aclarar cuántos profesores continúan pendientes de evaluación, cuáles son las razones y qué proporción corresponde a docentes asignados fuera de sus centros habituales.
5. ¿Dónde está la supervisión del Ministerio de Educación?
El Ministerio no puede limitarse a reaccionar cuando un sindicato denuncia una irregularidad. Tiene la responsabilidad de mantener registros actualizados de sus empleados, conocer dónde trabajan, verificar las funciones que desempeñan y garantizar que los procedimientos administrativos se ajusten a la normativa.
Si existen miles de docentes prestando servicios en otras instituciones, la ciudadanía merece saber si esas asignaciones fueron autorizadas, cuánto tiempo llevan vigentes y qué mecanismos de supervisión se aplican.
Y si no existe un registro suficientemente claro, la situación revelaría una debilidad de gestión que debe corregirse.
El ministro Luis Miguel De Camps debe ofrecer una respuesta pública, documentada y verificable. No basta con asegurar que se trabaja en soluciones: hay que publicar resultados, plazos y responsables.
6. ¿Qué debe hacer el Gobierno?
La respuesta debería comenzar con cinco medidas concretas:
Publicar el registro de los casos: identificar cuántos docentes están asignados fuera de sus centros públicos, sin divulgar datos personales innecesarios.
Auditar las autorizaciones: determinar quién aprobó cada asignación, bajo qué fundamento y durante cuánto tiempo.
Verificar el servicio prestado: comprobar dónde trabajan los docentes y qué funciones realizan.
Establecer responsabilidades: si se detectan violaciones legales o administrativas, iniciar los procedimientos correspondientes, con garantías de debido proceso.
Presentar un calendario de regularización: explicar qué docentes volverán a las escuelas públicas, cuáles tienen asignaciones legítimas y cómo se completará la evaluación pendiente.
También debe aclararse si alguna institución privada o vinculada a dirigentes políticos ha recibido un beneficio indebido. Esa conclusión debe surgir de la auditoría, no de una presunción.
7. El dinero de la educación pertenece a la ciudadanía
Cada peso destinado a educación debe responder a una finalidad pública. El país tiene derecho a exigir que los recursos se administren con transparencia y que las decisiones de personal se adopten conforme a la ley.
Si se confirma que maestros pagados por el Estado han sido destinados sin justificación suficiente a instituciones privadas o particulares, no estaríamos ante una simple falla burocrática: estaríamos frente a un problema de responsabilidad administrativa que podría requerir investigaciones más profundas.
Pero el rigor también obliga a no condenar anticipadamente a todos los involucrados. Primero deben publicarse los documentos, comprobarse los hechos y determinarse las responsabilidades.
La transparencia no debilita al Gobierno. Lo que debilita la confianza pública es que una denuncia de esta magnitud quede sin una explicación convincente.
Conclusión: menos propaganda y más rendición de cuentas
El presidente Luis Abinader y el Ministerio de Educación deben explicar cómo concilian el discurso oficial de excelencia con la denuncia de que más de 10,800 docentes públicos prestan servicios fuera de las escuelas donde deberían trabajar.
Si las asignaciones son legales, que publiquen las autorizaciones y expliquen su finalidad. Si existen irregularidades, que identifiquen a los responsables y apliquen las consecuencias que correspondan.
Lo que no puede hacer el Gobierno es conformarse con proyectar una imagen de excelencia mientras las dudas sobre la administración de los recursos públicos siguen esperando respuestas.
En el lenguaje de la opinión política, cuando un gobernante proclama una cosa y la realidad administrativa parece apuntar en otra dirección, la ciudadanía tiene derecho a cuestionar su coherencia. Prometer excelencia es fácil; demostrarla exige resultados, transparencia y responsabilidad.
Y si se comprueba que las autoridades conocían irregularidades y permitieron que continuaran, la crítica política tendría que ser todavía más severa.
Porque la educación dominicana no puede convertirse en un sistema donde la asignación de maestros dependa de acuerdos opacos, influencias particulares o decisiones que nadie esté dispuesto a explicar.
La pregunta final es sencilla: ¿quién autorizó que esos maestros salieran de las escuelas públicas, quién se benefició de esas asignaciones y quién responderá ante el país?
Melvin Sena | HackeandoElSistema.net
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