Seis años de Abinader: beneficios para los sectores poderosos y una presión económica que sigue pesando sobre las familias dominicanas

Análisis de opinión | HackeandoElSistema.net | Lectura aproximada: 4 minutos

Seis años después de la llegada de Luis Abinader al Palacio Nacional, la pregunta que debe hacerse la República Dominicana no es solamente cuánto ha crecido la economía, cuántas obras se han inaugurado o cuántos turistas han llegado al país. La pregunta fundamental es quiénes se han beneficiado de las decisiones del Gobierno y quiénes continúan pagando el costo de sostener el modelo económico dominicano.

La imagen que acompaña este análisis plantea una tesis política contundente: el Gobierno ha impulsado decisiones que favorecen la inversión privada, mantiene importantes incentivos fiscales y ha destinado recursos públicos a distintos sectores económicos, mientras muchas familias siguen enfrentando dificultades para cubrir sus necesidades.

Para sostener esa crítica no hace falta inventar cifras ni atribuir delitos sin pruebas. Basta con examinar las políticas fiscales, las concesiones, los fideicomisos, los escándalos institucionales y la distribución de los beneficios económicos.

Porque el crecimiento de un país no se traduce automáticamente en bienestar para todos sus ciudadanos.

1. Aeropuertos, puertos y el papel del sector privado

La gestión de Abinader ha impulsado concesiones y mecanismos de participación privada para desarrollar infraestructuras. Uno de los casos más relevantes fue la renegociación del contrato de Aerodom, mediante la cual el Gobierno anunció ingresos e inversiones estimados entre US$1,905 millones y US$2,155 millones durante el período correspondiente.

El debate no consiste en afirmar que toda concesión privada es perjudicial. La cuestión es determinar si las condiciones negociadas protegen suficientemente el interés público, si el Estado recibe una compensación justa y si los beneficios de esas operaciones terminan convirtiéndose en mejores servicios y oportunidades para la población.

En marzo de 2026, Diario Libre informó que, de 26 proyectos de alianzas público-privadas examinados, solamente el rediseño del puerto Duarte, en Samaná, había logrado cerrar un acuerdo bajo ese mecanismo. El dato muestra que el balance de las alianzas es más complejo que una simple entrega generalizada de infraestructuras al sector privado.

La pregunta que debe responder el Gobierno es sencilla: ¿qué recibe el ciudadano a cambio de las facilidades que el Estado concede a los inversionistas?

2. Los incentivos fiscales: ¿quién deja de pagar y quién termina compensando esos ingresos?

Este es uno de los puntos más importantes para entender el modelo económico.

El Ministerio de Hacienda estimó que el gasto tributario de 2026 —los ingresos que el Estado deja de percibir por exenciones, tratamientos especiales e incentivos fiscales— alcanzaría RD$393,541.5 millones, equivalentes al 4.54 % del PIB proyectado. De ese monto, el 50.35 % se atribuye a sectores productivos, el 48.55 % a hogares e instituciones sin fines de lucro y el 1.09 % al sector público, según datos presentados por la Cámara de Cuentas.

Es importante precisar que el gasto tributario no equivale íntegramente a dinero entregado a empresarios ricos: incluye exenciones generales, beneficios para hogares y tratamientos fiscales con objetivos distintos. Pero la magnitud de los recursos que el Estado deja de recaudar obliga a discutir cuáles incentivos son necesarios, quiénes los reciben y qué resultados producen.

Cuando existen beneficios fiscales para sectores empresariales, el Gobierno tiene la obligación de demostrar que generan empleos de calidad, inversión productiva y mejores salarios, y no solamente mayores márgenes de rentabilidad para quienes ya tienen capital.

La discusión también debe abarcar la capacidad del Estado para financiar salud, educación, transporte, seguridad e infraestructura sin trasladar una proporción excesiva de la carga a quienes viven de un salario.

La pregunta no es si debemos eliminar todos los incentivos. Es por qué algunos sectores necesitan tantos beneficios fiscales y qué recibe la sociedad a cambio.

3. Los subsidios: no basta con sumar miles de millones

La imagen cuestiona los recursos públicos destinados a determinados sectores económicos. Sin embargo, la cifra de RD$275,000 millones presentada como subsidios exclusivos para los ricos requiere una fuente y una metodología que permitan comprobarla; no debe confundirse automáticamente con el gasto tributario ni con el conjunto de subsidios estatales.

Lo que sí está documentado es que el Gobierno mantiene subsidios sociales, energéticos y empresariales. En el primer trimestre de 2025, por ejemplo, el informe de coyuntura fiscal registró RD$29,814.8 millones en subsidios, incluidos recursos destinados a empresas privadas y al sector eléctrico.

La discusión de fondo es cómo se distribuyen esos recursos. Una política pública puede justificar subsidios para proteger empleos, contener el costo de la energía o sostener servicios esenciales. Pero cuando se utilizan fondos públicos, deben existir criterios transparentes, evaluación de resultados y mecanismos para evitar que las ayudas se conviertan en beneficios permanentes sin una contraprestación social suficiente.

Mientras tanto, las familias de menores ingresos necesitan saber si los subsidios que reciben compensan realmente el costo de los alimentos, la electricidad, el transporte y la vivienda.

No basta con anunciar miles de millones destinados a la economía. Hay que demostrar cuánto de ese esfuerzo llega a los hogares y cuánto termina concentrado en empresas y sectores con mayor capacidad de negociación.

4. Fideicomisos: inversión pública con transparencia pública

Los fideicomisos y las alianzas público-privadas han adquirido importancia en la gestión de Abinader como instrumentos para ejecutar obras y administrar proyectos. El problema no es la figura jurídica por sí misma, sino las condiciones bajo las cuales se utiliza.

Todo proyecto que comprometa activos públicos, ingresos futuros o responsabilidades financieras del Estado debe permitir que la ciudadanía conozca los contratos, las obligaciones asumidas, los beneficiarios, los mecanismos de fiscalización y los riesgos que podrían terminar pagando los contribuyentes.

La transparencia no puede depender de que un proyecto se presente como una iniciativa moderna o necesaria. Cuanto mayor sea el compromiso de recursos públicos, mayor debe ser la capacidad de supervisión.

Si el Estado aporta terrenos, infraestructura, garantías o ingresos futuros, tiene que existir una explicación clara sobre el beneficio público que recibe a cambio. De lo contrario, se corre el riesgo de socializar los costos y privatizar una parte desproporcionada de los beneficios.

5. SeNaSa: cuando la crisis llega a una institución de la que dependen millones

El caso del Seguro Nacional de Salud representa una de las mayores pruebas de responsabilidad institucional para el Gobierno.

En febrero de 2026, Diario Libre informó que la Cámara de Cuentas había concluido ocho de las catorce líneas de investigación de una auditoría forense y financiera relacionada con el presunto fraude en SeNaSa, cuyo impacto económico fue estimado por el Ministerio Público en más de RD$15,900 millones.

El expediente judicial y las investigaciones deben determinar las responsabilidades individuales, respetando la presunción de inocencia. No corresponde atribuir culpabilidad penal al presidente sin pruebas que lo sustenten.

Pero la responsabilidad política del Gobierno no desaparece por esa razón.

SeNaSa administra recursos y servicios esenciales para la salud de millones de dominicanos. Cuando una institución de esa importancia queda bajo investigación por presuntas irregularidades de semejante magnitud, el país tiene derecho a exigir controles más eficaces, auditorías oportunas, rendición de cuentas y garantías de que los afiliados no terminarán pagando las consecuencias.

¿De qué sirve hablar de crecimiento económico si una institución fundamental para proteger la salud de la población necesita explicar cómo pudieron producirse presuntas irregularidades de esa dimensión?

6. Turismo, inversión y exoneraciones: ¿cuál es el beneficio para el dominicano común?

El turismo es uno de los motores de la economía dominicana. La inversión hotelera y la infraestructura turística pueden generar empleos, divisas y actividad comercial. No sería serio negar esos beneficios.

Sin embargo, tampoco sería razonable asumir que cada inversión turística beneficia por igual a todos los dominicanos.

El informe de gasto tributario de Hacienda estima para 2026 RD$393,541.5 millones en ingresos fiscales no recaudados por diferentes incentivos y tratamientos tributarios. Dentro de las partidas arancelarias, el documento identifica RD$2,282.1 millones en exenciones para el sector turismo.

La pregunta es si los incentivos otorgados producen suficiente retorno social: empleos formales, mejores salarios, compras a productores locales, desarrollo de las comunidades y mayor recaudación futura.

El mismo escrutinio debe aplicarse a las exenciones de combustibles y a otros beneficios fiscales. Si se conceden facilidades, el Gobierno debe explicar quiénes las reciben, cuánto cuestan y qué resultados verificables generan.

Porque un país puede registrar inversiones millonarias y, al mismo tiempo, mantener hogares que no consiguen cubrir sus gastos básicos. Ambas realidades pueden coexistir.

7. Seis años después, ¿qué cambia para las familias pobres?

Aquí está el centro del debate.

El Gobierno puede presentar indicadores de crecimiento, inversiones, empleo y turismo. Esos datos deben evaluarse, pero también deben contrastarse con el costo de los alimentos, el precio de la vivienda, el transporte, los servicios básicos y la capacidad de ahorro de los hogares.

Una economía no puede evaluarse únicamente desde los balances de las empresas, los ingresos del turismo o el volumen de inversión. También debe medirse desde la mesa de la familia que compra comida, el trabajador que paga transporte, la madre que cubre gastos escolares y el hogar que debe decidir qué factura dejar para después.

Cuando los beneficios económicos no se traducen suficientemente en mejores condiciones de vida, la pregunta sobre la distribución de la riqueza deja de ser un debate ideológico y se convierte en una preocupación cotidiana.

Y aquí es donde la gestión de Abinader debe asumir el escrutinio más exigente: ¿está cambiando las condiciones que reproducen la desigualdad o está administrando un modelo que mantiene ventajas importantes para quienes ya concentran capital y poder económico?

8. Mientras Abinader gobierne, ¿cambiará este modelo?

La tesis política de este análisis es que no cabe esperar una transformación profunda de la distribución de los beneficios económicos si el Gobierno mantiene las mismas prioridades fiscales, los mismos criterios de negociación con los sectores empresariales y los mismos mecanismos de rendición de cuentas.

Eso no significa que ninguna política pueda cambiar ni que toda inversión privada sea perjudicial. Significa que las transformaciones estructurales requieren decisiones concretas: revisar los incentivos que no demuestran resultados, fortalecer la fiscalización, transparentar los contratos públicos y orientar una mayor proporción del gasto hacia servicios y oportunidades para la población.

Abinader es el principal responsable político de la orientación de su Gobierno. Por tanto, debe responder por las prioridades que elige, por los resultados que obtiene y por las reformas que decide impulsar o dejar pendientes.

No basta con que la economía crezca: hay que explicar quién se beneficia de ese crecimiento y por qué tantas familias siguen sintiendo una presión económica que limita su calidad de vida.

La imagen plantea una crítica severa, pero el debate debe sostenerse con datos: concesiones, incentivos, subsidios, controles institucionales y resultados sociales. Esa es la manera de distinguir la propaganda de una evaluación seria del poder.

Conclusión: el balance no puede medirse desde arriba

Seis años de Gobierno son tiempo suficiente para examinar prioridades, corregir políticas y exigir resultados. Los ciudadanos no tienen que conformarse con cifras macroeconómicas si su experiencia cotidiana no refleja mejoras proporcionales.

La inversión privada debe producir beneficios públicos. Los incentivos fiscales deben justificar su costo. Los subsidios deben demostrar a quién protegen. Los fideicomisos deben ser transparentes. Y las instituciones públicas deben rendir cuentas cuando surgen irregularidades.

Mientras el Gobierno no demuestre que está dispuesto a revisar las reglas que distribuyen los beneficios y las cargas económicas, seguirá abierta la pregunta de si su modelo responde a las necesidades de la mayoría o favorece principalmente a quienes tienen más recursos e influencia.

Porque el problema no es que haya ricos en la República Dominicana. El problema es que el crecimiento del país no se convierta en oportunidades suficientes para quienes viven de su trabajo.

Y al final, el verdadero balance de un Gobierno no se escribe únicamente en los informes económicos ni en las inauguraciones. También se escribe en el presupuesto de cada familia dominicana.