¿Qué les espera a los productores de arroz dominicanos? La experiencia de Haití advierte sobre el riesgo de abrir el mercado

La liberalización de las importaciones arroceras en Haití ofrece una lección que República Dominicana no debería ignorar.

Cuando un país reduce las barreras que protegen su producción nacional, el arroz importado puede ganar terreno, presionar los precios internos y debilitar a los productores locales. Por eso, la decisión del presidente Luis Abinader de eliminar la protección arancelaria al arroz dominicano merece un examen serio de sus consecuencias económicas y sociales.

1. Haití: una advertencia documentada sobre lo que puede ocurrir cuando se liberaliza el arroz

El caso haitiano no es una especulación política ni una advertencia inventada para atacar al Gobierno dominicano. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), a través de su Servicio de Investigación Económica, documentó cómo evolucionaron las importaciones de arroz en Haití después de que ese país flexibilizara las restricciones comerciales y redujera sus aranceles.

Los datos recogidos en el informe Haiti’s U.S. Rice Imports, publicado en febrero de 2016, muestran una transformación profunda del mercado haitiano.

En 1986, Haití eliminó las restricciones cuantitativas a las importaciones de arroz y aplicó un arancel ad valorem del 50%. Las importaciones pasaron de 7,000 toneladas métricas en 1985 a 25,000 toneladas en 1986. Para 1994 ya superaban las 140,000 toneladas.

Pero el cambio más contundente llegó en 1995, cuando el Gobierno haitiano redujo el arancel del 50% al 3%. Ese año, las importaciones aumentaron en más de 60,000 toneladas, hasta alcanzar las 207,000 toneladas métricas. Al mismo tiempo, el USDA documentó que la producción nacional de arroz se estancó.

La lección es clara: cuando el arroz importado gana terreno y la producción local no puede competir en las mismas condiciones, el productor nacional queda expuesto a perder mercado.

Esto no significa que la reducción de aranceles explique por sí sola todos los problemas agrícolas de Haití. El propio USDA señala que también influyeron las limitaciones de financiamiento, la baja productividad, la calidad de las semillas, el acceso a fertilizantes y maquinaria, y el deterioro de los sistemas de riego. Sin embargo, el informe confirma que el crecimiento de las importaciones coincidió con un prolongado estancamiento de la producción nacional.

Y esa es precisamente la advertencia para República Dominicana: abrir el mercado sin resolver las desventajas estructurales de los productores nacionales puede profundizar la dependencia de las importaciones.

2. Abinader tomó una decisión que cambia las reglas del juego para el arroz dominicano

El 9 de septiembre de 2026, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 635-26, mediante el cual derogó el Decreto 693-24, que había establecido medidas arancelarias para proteger la producción nacional de arroz ante los cambios previstos en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA. La decisión se hizo pública en octubre.

La disposición anterior establecía un arancel del 20% para determinadas categorías de arroz dentro del contingente correspondiente, así como una protección arancelaria específica para las importaciones que excedieran los volúmenes establecidos. Su propósito era ofrecer un mecanismo de defensa a la producción nacional frente a las nuevas condiciones comerciales.

Al derogar ese régimen, el Gobierno modificó las condiciones bajo las cuales se había intentado proteger al sector arrocero.

Y aquí aparece la pregunta fundamental: ¿qué obtiene República Dominicana a cambio de exponer a sus productores a una competencia internacional más intensa?

Si el Gobierno considera que abrir el mercado es necesario para cumplir compromisos comerciales o facilitar negociaciones con Estados Unidos, tiene la obligación de explicar cuáles son los beneficios concretos para el país, qué garantías obtuvo para sus productores y cómo evitará que el costo de esa decisión recaiga sobre el campo dominicano.

No basta con invocar el libre comercio. Los acuerdos comerciales deben evaluarse también por sus consecuencias sobre el empleo, la producción nacional, los ingresos rurales y la seguridad alimentaria.

3. República Dominicana no parte de cero: tiene una industria arrocera que debe protegerse y modernizarse

Los datos citados por el Ministerio de Agricultura y recogidos por la prensa económica muestran la importancia del sector. En 2025, el país produjo aproximadamente 14.78 millones de quintales de arroz, volumen que cubrió cerca del 96% del consumo nacional estimado. El arroz ocupa más de tres millones de tareas de tierra y es uno de los principales rubros agrícolas del país.

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) ha advertido que la derogación de las medidas arancelarias puede afectar a unos 30,000 productores y más de 300,000 empleos directos e indirectos vinculados al sector. La organización también ha pedido al Gobierno explicar qué medidas aplicará para proteger la producción, el empleo rural y la seguridad alimentaria.

Esos números demuestran que el debate va mucho más allá de los intereses particulares de los dueños de fincas o de los molinos arroceros.

Detrás de cada cosecha hay trabajadores agrícolas, transportistas, comerciantes, técnicos, empresas de servicios, pequeños negocios y comunidades enteras cuya actividad económica depende de que la producción nacional sea viable.

Si el productor pierde rentabilidad y reduce la siembra, las consecuencias pueden extenderse por toda esa cadena.

Y si el país termina dependiendo en mayor medida del arroz importado, quedará más expuesto a las variaciones de los precios internacionales, los costos de transporte, las restricciones comerciales y las decisiones de los países exportadores.

La paradoja sería grave: una nación que dispone de tierras, experiencia agrícola y capacidad para producir la mayor parte del arroz que consume podría debilitar su propia estructura productiva mientras aumenta su dependencia del exterior.

4. El problema no es competir: es competir en condiciones desiguales

Quienes defienden la liberalización comercial suelen argumentar que una mayor entrada de arroz extranjero puede generar competencia y beneficiar a los consumidores mediante precios más bajos.

Ese argumento merece ser considerado. Pero no responde a toda la cuestión.

La pregunta es si los productores dominicanos están en condiciones de competir con los exportadores estadounidenses en productividad, financiamiento, mecanización, infraestructura, costos logísticos y capacidad para soportar períodos de precios bajos.

Confenagro ha señalado precisamente las diferencias de escala productiva, tecnología, financiamiento y apoyo estatal que deben tomarse en cuenta al establecer condiciones de competencia entre ambos mercados.

El propio estudio del USDA sobre Haití describe limitaciones que contribuyeron al estancamiento de la producción arrocera haitiana: dificultades de acceso al crédito, semillas de baja calidad, escasez de maquinaria y fertilizantes, y problemas en los canales de riego.

La lección no es que toda importación sea perjudicial. La lección es que la apertura comercial sin una política de productividad puede convertir las debilidades del productor local en una ventaja para el competidor extranjero.

Si el Gobierno dominicano entiende que el sector arrocero necesita ser más competitivo, debe demostrarlo con inversiones y resultados: sistemas de riego eficientes, mecanización, semillas de calidad, asistencia técnica, crédito oportuno y reducción de costos.

Eliminar una barrera arancelaria sin presentar un programa verificable de modernización es poner la competencia por delante de la preparación para competir.

5. ¿Puede bajar el precio del arroz importado? Sí. ¿Eso garantiza un beneficio permanente para el consumidor? No necesariamente.

Hay que distinguir entre un posible beneficio inmediato y las consecuencias de largo plazo.

Una mayor oferta de arroz importado puede ejercer presión a la baja sobre determinados precios, dependiendo de los costos de importación, la tasa de cambio, la logística, los márgenes comerciales y el grado de competencia entre importadores y vendedores.

Pero no existe garantía automática de que la reducción de los costos arancelarios se traduzca íntegramente en precios más bajos para las familias. Para saberlo, habría que observar los precios efectivos al consumidor, los márgenes de comercialización y la evolución de los costos en el mercado.

Tampoco sería correcto afirmar que la liberalización provocará inevitablemente una caída de la producción dominicana. Eso dependerá de la magnitud de las importaciones, los precios, la productividad local, la respuesta del Gobierno y las condiciones del mercado.

Lo que sí puede afirmarse es que la eliminación de la protección específica aumenta la exposición del sector a la competencia importada, precisamente cuando sus representantes reclaman medidas para compensar las diferencias de costos y productividad.

El Gobierno tiene que responder, además, una pregunta esencial: si en los próximos años disminuye la producción nacional y el país aumenta su dependencia del arroz extranjero, ¿qué mecanismo garantizará que los consumidores continúen teniendo acceso a un alimento básico a precios asequibles?

No se puede evaluar una política agrícola únicamente por el posible precio de hoy. También hay que considerar la capacidad productiva que el país necesitará mañana.

6. Haití debe servir de advertencia, no de excusa para la inacción

El caso haitiano presenta diferencias económicas e institucionales importantes respecto a República Dominicana. No sería riguroso trasladar mecánicamente sus resultados a nuestro país ni afirmar que la historia se repetirá exactamente.

Sin embargo, la experiencia sí plantea una cuestión que el Gobierno dominicano debe responder: ¿qué ocurre cuando las importaciones crecen con rapidez y la producción local no recibe el respaldo necesario para aumentar su productividad?

En Haití, el USDA documentó que las importaciones de arroz pasaron de 7,000 toneladas métricas en 1985 a 207,000 en 1995, mientras la producción nacional se estancaba. En su informe de 2016, el organismo señaló que las importaciones estadounidenses ya representaban alrededor del 80% del consumo de arroz haitiano.

El resultado no se explica exclusivamente por los aranceles: también intervinieron años de dificultades estructurales de la agricultura haitiana. Pero precisamente por eso la comparación resulta relevante. La apertura comercial tuvo lugar en un sector que no contaba con las condiciones necesarias para responder de manera competitiva.

República Dominicana todavía tiene una oportunidad para evitar que se profundicen sus vulnerabilidades. Para ello necesita una política agrícola que no confunda la liberalización comercial con el desarrollo productivo.

7. ¿Qué debería hacer el Gobierno para evitar que la decisión perjudique al campo?

La derogación del Decreto 693-24 ya se produjo. Por tanto, el debate debe pasar de la denuncia a la exigencia de medidas concretas, públicas y verificables.

El Gobierno debería:

1. Publicar el análisis técnico que sustentó la derogación. La ciudadanía y el sector arrocero deben conocer las proyecciones de importación, los riesgos identificados y las razones por las que se consideró conveniente eliminar el régimen de protección.

2. Presentar un plan de competitividad con presupuesto y calendario. Debe incluir riego, mecanización, semillas, fertilizantes, asistencia técnica y acceso al crédito, con indicadores que permitan comprobar los resultados.

3. Crear un sistema público de seguimiento del mercado. Las autoridades deben informar periódicamente sobre importaciones, producción nacional, inventarios, precios en finca, costos de producción y precios al consumidor.

4. Evaluar medidas compatibles con los compromisos comerciales. Cualquier instrumento de protección o apoyo debe respetar las obligaciones internacionales del país, pero el cumplimiento de los tratados no elimina la responsabilidad de acompañar a los productores.

5. Establecer una mesa de trabajo con representación real del sector. La propuesta de Confenagro de convocar a las organizaciones arroceras debe traducirse en acuerdos públicos y compromisos medibles.

6. Proteger a los pequeños y medianos productores. Las políticas de modernización no deben beneficiar únicamente a quienes cuentan con mayor capital y capacidad de negociación.

7. Rendir cuentas sobre los resultados. Si la apertura termina beneficiando a los importadores, pero perjudica la producción nacional sin generar una reducción comprobable de los precios al consumidor, el Gobierno debe revisar los instrumentos que estén dentro de sus facultades.

Conclusión: Abinader debe explicar qué gana el país y quién pagará el costo

La decisión del presidente Luis Abinader de derogar el Decreto 693-24 no es un simple cambio administrativo. Modifica las condiciones de protección de una actividad que produce uno de los alimentos más importantes de la dieta dominicana y sostiene miles de empleos rurales.

La experiencia haitiana documentada por el USDA demuestra que la expansión de las importaciones puede coincidir con el estancamiento de la producción nacional, especialmente cuando persisten problemas de productividad, financiamiento e infraestructura. No prueba que República Dominicana seguirá necesariamente el mismo camino, pero sí demuestra por qué el riesgo debe tomarse en serio.

El Gobierno no puede pedirles a los productores dominicanos que compitan con el mundo sin garantizar que tengan las herramientas para hacerlo.

Si la decisión responde a compromisos comerciales o a negociaciones con Estados Unidos, Abinader debe explicar qué beneficios concretos obtiene la República Dominicana, qué garantías existen para el sector arrocero y qué medidas evitarán que los agricultores terminen pagando el costo de una política diseñada desde el poder.

Porque cuando se debilita la producción nacional, no solo está en juego la rentabilidad de una finca. También están en juego el empleo, la estabilidad de las comunidades rurales, la seguridad alimentaria y la capacidad del país para producir un alimento esencial.

Haití ofrece una advertencia histórica. República Dominicana todavía puede actuar para que esa advertencia no se convierta en una realidad más costosa para sus productores.

Y la responsabilidad política de explicar y responder por esta decisión recae, en primer lugar, sobre el Gobierno que la tomó.