El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) adjudicó, mediante un proceso de excepción, un contrato por RD$14,986,000 a la empresa Producciones Video S.R.L., propiedad de la periodista Nuria Piera, con el supuesto objetivo de difundir contenidos sobre seguridad vial durante Semana Santa. Sin embargo, lo que la ciudadanía recibió a cambio no fue una campaña masiva en medios ni material preventivo visible, sino una entrevista al director de Edesur, Milton Morrison, transmitida en el programa de la propia Nuria. La ausencia total de spots, cuñas o piezas gráficas plantea serias dudas sobre el verdadero propósito del contrato, abriendo el debate sobre el uso político de los fondos públicos y la recompensa a medios aliados al oficialismo.
A pocos días de que iniciara la llamada “Semana Santa segura”, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) adjudicó, bajo un proceso de excepción, un contrato por RD$14,986,000 a la empresa Producciones Video S.R.L., propiedad de la reconocida periodista Nuria Piera.
Hasta ahí, parecería una acción institucional más en el marco de una campaña de prevención. Pero al analizar en detalle qué se recibió a cambio, las alarmas se disparan: no hay evidencia de campañas masivas en medios, ni cuñas, ni spots publicitarios en horarios premium. Lo que sí apareció fue una entrevista a Milton Morrison, director de Edesur, en el programa de la misma Nuria Piera.
¿Era esa la tan esperada campaña de seguridad vial que justificaría casi 15 millones de pesos en fondos públicos?
En el portal de Contrataciones Públicas se establece que el objeto del contrato era para «difusión de contenido informativo sobre la seguridad vial durante el asueto de Semana Santa”. Sin embargo, no hay rastro en televisión, radio, redes sociales ni vallas publicitarias que respalden tal ejecución. Lo único visible fue un espacio donde el foco no fue la seguridad vial, sino la defensa de la gestión de un funcionario vinculado estrechamente al oficialismo.
¿Publicidad institucional o premio por favores?
Este tipo de contratos son cada vez más comunes en gobiernos del presidente Abinader, donde se desdibuja la frontera entre lo institucional y lo político. El uso de fondos públicos para adquirir espacios en medios es legítimo solo si estos se traducen en beneficios claros para la ciudadanía: información, educación, prevención. Pero cuando lo adjudicado se transforma en una entrevista cómoda y sin confrontaciones, entonces pasamos del plano de la publicidad al del lavado mediático pagado con dinero del pueblo.
¿Dónde están los spots de seguridad vial? ¿Dónde la campaña en redes? ¿Dónde los resultados? ¿Dónde está la transparencia?
El silencio que cuesta
Mientras el gobierno premia a comunicadores y medios “leales” con contratos millonarios, sigue sin aclararse por qué el presidente Milton Morrison no ha declarado una casa en Miami que, según varios reportes, habría sido adquirida recientemente. Un tema que en cualquier democracia sería escándalo nacional, aquí apenas ha merecido unos susurros en la prensa alineada.
No se trata de atacar a Nuria ni a Milton Morrison. Se trata de exigirle al Estado lo que nos corresponde: transparencia en el uso del presupuesto y resultados tangibles en las campañas que se financian con nuestros impuestos.
¿Y ahora qué?
El contrato con Producciones Video S.R.L. es solo un ejemplo del patrón que ha seguido este gobierno: premiar con dinero público a medios aliados y castigar a quienes cuestionan. No es una estrategia nueva, pero sí cada vez más descarada.
En un país donde el tránsito cobra miles de vidas al año, la seguridad vial merece campañas reales, no excusas encubiertas. Y si casi 15 millones se invirtieron en eso, merecemos saber dónde están los resultados.
Porque no se trata de una entrevista. Se trata del respeto al pueblo dominicano.
Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.
Desde HackeandoElSistema.net seguiremos informando sobre este tema, que planteamos primero que cualquier otro medio en la República Dominicana.
