ABINADER, HAITÍ Y EL FUTURO DE LA ISLA: ¿ESTÁ EL GOBIERNO DOMINICANO PONIENDO EN RIESGO LA SOBERANÍA NACIONAL?
Por Melvin Sena | HackeandoElSistema.net Hay decisiones gubernamentales que no pueden evaluarse únicamente por los discursos con los que se anuncian, sino por sus consecuencias, su...
Por Melvin Sena | HackeandoElSistema.net
Hay decisiones gubernamentales que no pueden evaluarse únicamente por los discursos con los que se anuncian, sino por sus consecuencias, sus beneficiarios, sus riesgos y la transparencia con la que se ejecutan. En la relación entre la República Dominicana y Haití, esa evaluación es indispensable, porque está en juego la seguridad de dos países que comparten una isla, pero poseen Estados, historias políticas, instituciones e identidades nacionales distintas.
La pregunta que debemos hacernos no es si dominicanos y haitianos pueden convivir pacíficamente. La pregunta es si el Estado dominicano está tomando todas las medidas necesarias para impedir que el colapso institucional haitiano termine trasladando sus consecuencias económicas, migratorias y de seguridad a nuestro territorio.
Y, sobre todo, debemos preguntarnos si las decisiones del Gobierno de Luis Abinader están respaldadas por una estrategia coherente, verificable y verdaderamente orientada a proteger el interés nacional.
1. Una frontera que el Gobierno declara protegida, pero que debe demostrar que controla
El 26 de octubre de 2026, Abinader aseguró que la frontera dominicana se encuentra en su mayor nivel de protección y advirtió que no permitiría la presencia de bandas criminales haitianas a menos de 20 kilómetros del territorio nacional. También destacó el reforzamiento de las Fuerzas Armadas, la vigilancia mediante drones y los recursos aéreos y navales.
Esas declaraciones establecen un compromiso político. Y todo compromiso de seguridad nacional debe poder medirse.
¿Cuántas incursiones se han detectado? ¿Cuántas se han frustrado? ¿Qué capacidad tiene el Estado para identificar movimientos irregulares, tráfico de armas, redes de contrabando y posibles conexiones entre organizaciones criminales transnacionales?
Cuando los comunitarios de las provincias fronterizas denuncian situaciones sospechosas, las autoridades deben investigar, ofrecer información y explicar los resultados. Las denuncias no deben darse automáticamente por ciertas, pero tampoco descartarse sin una investigación transparente.
Una frontera segura no se demuestra con una declaración presidencial: se demuestra con resultados verificables, capacidad de respuesta y rendición de cuentas.
2. El caso Pablo Portes–Gilbert Bigio: una pregunta que el Gobierno debe responder
Uno de los asuntos que exige una explicación pública es la relación empresarial entre Pablo Daniel Portes Goris, asesor financiero del Poder Ejecutivo, y Gilbert Bigio, empresario haitiano sancionado por Canadá en diciembre de 2022.
Según informó Diario Libre, Portes ocupó posiciones ejecutivas en GB Group y su división energética, vinculadas al grupo empresarial fundado por Bigio. El mismo medio reportó que el presidente Abinader designó a Portes como asesor del Poder Ejecutivo en materia financiera mediante el Decreto 332-20, en agosto de 2020.
El 5 de diciembre de 2022, el Gobierno de Canadá anunció sanciones contra Bigio y otros dos empresarios haitianos. Ottawa declaró que tenía razones para creer que estas personas utilizaban su posición económica para proteger o facilitar actividades ilícitas de bandas armadas, incluso mediante apoyo financiero y operativo, lavado de dinero y corrupción. Las medidas incluyeron restricciones sobre transacciones y el congelamiento de los activos que pudieran tener en Canadá.
Es indispensable precisar algo: esas sanciones fueron medidas administrativas canadienses, no una condena penal que pruebe por sí sola la culpabilidad de Bigio.
Sin embargo, existe otra cuestión documentada que amerita una explicación. En abril de 2023, el Gobierno dominicano prohibió la entrada al país de otros empresarios haitianos sancionados por Canadá, pero Bigio no figuró entre las personas incluidas en esa restricción, según la información publicada por Diario Libre.
¿Por qué recibió un tratamiento diferente? ¿Qué criterios se utilizaron? ¿Se realizó una evaluación de seguridad? ¿Qué información tuvo el Gobierno dominicano y qué razones justificaron su decisión?
Estas preguntas son legítimas, particularmente cuando un funcionario del Poder Ejecutivo ha tenido vínculos empresariales con el grupo al que pertenece una persona sancionada por otro Estado.
No es riguroso concluir, sin pruebas, que Portes participó en el financiamiento de bandas criminales. Pero tampoco sería aceptable que el Gobierno tratara estas interrogantes como si carecieran de relevancia pública.
La transparencia no exige condenar a nadie de antemano; exige explicar las decisiones del Estado cuando existen circunstancias que razonablemente generan dudas.
3. La contradicción que debe examinarse: declarar terroristas a las bandas y mantener interrogantes sin resolver
En 2025, Abinader emitió un decreto que declaró organizaciones terroristas a las pandillas haitianas, en el marco de las medidas adoptadas frente a la crisis de seguridad del país vecino.
Esa posición plantea una obligación política e institucional: las medidas contra esas organizaciones deben acompañarse de mecanismos efectivos para impedir que sus redes financieras, logísticas y criminales encuentren facilidades para operar o beneficiarse de actividades transfronterizas.
Por eso, el caso Bigio merece una explicación más detallada. No porque una relación comercial constituya una prueba de delito, sino porque las decisiones migratorias y de seguridad deben ser consistentes, especialmente cuando un gobierno sostiene que la amenaza criminal es grave.
La pregunta no es si todo empresario relacionado con Haití debe ser considerado sospechoso. La pregunta es si el Gobierno aplica criterios de seguridad claros, objetivos y transparentes, sin excepciones que permanezcan sin explicación.
Si existen razones jurídicas o diplomáticas para tratar un caso de manera distinta, corresponde explicarlas. Si se identificaron riesgos, corresponde mostrar qué controles se adoptaron dentro de los límites de la información que legítimamente pueda hacerse pública.
4. ¿Está el Gobierno colaborando con la estabilización de Haití sin proteger suficientemente a la República Dominicana?
La crisis haitiana no es un asunto distante. El deterioro de la seguridad, el debilitamiento institucional y el desplazamiento de personas tienen consecuencias directas para el país que comparte con Haití la única frontera terrestre de la República Dominicana.
El Gobierno dominicano ha defendido una estrategia que combina vigilancia fronteriza, control migratorio y cooperación internacional. En abril de 2025, Abinader anunció un conjunto de 15 medidas para enfrentar la migración irregular, incluyendo el refuerzo militar fronterizo y el aumento de agentes migratorios.
Asimismo, la declaración conjunta de República Dominicana y Canadá de junio de 2023 reconoció la cooperación dominicana con las solicitudes de las autoridades haitianas para apoyar la seguridad, facilitar el acceso a bienes estratégicos y contribuir a los esfuerzos internacionales para restaurar el orden público en Haití.
Cooperar para estabilizar Haití no equivale, por sí mismo, a renunciar a la soberanía dominicana. De hecho, una Haití más estable podría reducir presiones migratorias, humanitarias y de seguridad sobre la República Dominicana.
El problema aparece cuando la cooperación no viene acompañada de garantías suficientes, objetivos medibles, controles y una comunicación transparente sobre sus límites.
El Gobierno debe explicar qué apoyo ofrece, bajo qué condiciones, cuáles son los riesgos que ha identificado y cómo garantiza que la colaboración internacional no comprometa la seguridad ni la autonomía de las decisiones dominicanas.
La solidaridad internacional no puede sustituir la responsabilidad primaria del Estado dominicano de proteger a sus ciudadanos.
5. Dos países, dos historias y dos proyectos nacionales
La República Dominicana y Haití comparten una isla, pero no son un solo país. Sus trayectorias históricas, idiomas oficiales, instituciones políticas, tradiciones culturales y procesos de construcción nacional presentan diferencias importantes.
El español y el francés, junto al criollo haitiano, forman parte de realidades lingüísticas distintas. También existen diferencias en las experiencias históricas, las estructuras institucionales y las prácticas sociales. Reconocerlas no exige despreciar a ninguna población; exige entender que la cooperación entre Estados no elimina sus respectivas identidades nacionales.
Por eso, cualquier propuesta de integración debe distinguir entre cooperación fronteriza, coordinación económica, asistencia humanitaria, acuerdos bilaterales y una eventual unificación política. Son conceptos diferentes y no deben confundirse.
No hay evidencia presentada aquí de que Abinader esté ejecutando un plan secreto para unificar ambas naciones. Afirmar que existe esa intención sin documentación debilitaría la denuncia en lugar de fortalecerla.
Pero sí es legítimo exigir que cualquier política de cooperación con Haití preserve de manera inequívoca la soberanía dominicana, respete el orden constitucional y mantenga bajo control dominicano las decisiones sobre territorio, ciudadanía, migración y seguridad.
La cooperación entre dos Estados no debe confundirse con la eliminación de sus fronteras políticas ni con la renuncia a sus identidades nacionales.
6. El peligro de una política sin transparencia: perder la confianza pública
El mayor riesgo político no consiste en que los ciudadanos formulen preguntas incómodas. Consiste en que el Estado no ofrezca respuestas convincentes ante asuntos que afectan la seguridad nacional.
Si el Gobierno afirma que la frontera está protegida, debe explicar cómo mide esa protección. Si sostiene que combate las redes criminales haitianas, debe aclarar sus criterios para aplicar restricciones migratorias y financieras. Si coopera con una misión internacional, debe informar sobre los compromisos adquiridos y las salvaguardas que protegen los intereses dominicanos.
Y si funcionarios públicos mantienen relaciones empresariales que suscitan preguntas sobre posibles conflictos de interés, deben existir mecanismos de transparencia y revisión que permitan despejar dudas.
No hace falta demostrar una conspiración para exigir rendición de cuentas. Tampoco hace falta convertir a toda la población haitiana en sospechosa para defender la frontera dominicana.
La responsabilidad política consiste precisamente en distinguir entre personas migrantes, trabajadores, comerciantes, víctimas de la crisis, empresarios y miembros de organizaciones criminales. Cada categoría exige una respuesta legal y estatal diferente.
7. ¿Qué debe hacer el Gobierno dominicano?
Una política de seguridad seria debe traducirse en acciones concretas:
Publicar indicadores fronterizos verificables. Informar sobre detecciones, detenciones, decomisos, puntos vulnerables y resultados de las operaciones, protegiendo los datos operativos sensibles.
Explicar las decisiones migratorias excepcionales. Aclarar por qué determinados ciudadanos sancionados por otros países fueron incluidos en restricciones dominicanas y otros no, dentro de los límites legales correspondientes.
Revisar posibles conflictos de interés. Establecer mecanismos independientes para evaluar si las relaciones empresariales de funcionarios públicos comprometen la imparcialidad de sus decisiones.
Fortalecer la inteligencia financiera y el control de armas. Cooperar con los organismos internacionales para investigar redes de financiamiento criminal mediante pruebas, procedimientos legales y controles institucionales.
Diferenciar cooperación de integración política. Explicar de manera pública cuáles son los acuerdos con Haití y con los organismos internacionales, sus objetivos y sus límites.
Invertir en las comunidades fronterizas. Mejorar servicios públicos, infraestructura, empleo, educación y capacidad institucional, porque la seguridad también depende de que las comunidades dominicanas no permanezcan abandonadas.
Defender la soberanía sin discriminación colectiva. Aplicar las leyes migratorias y penales con firmeza, respetando los derechos fundamentales y evitando atribuir a una nacionalidad entera la conducta de individuos o grupos criminales.
Conclusión: la soberanía se defiende con hechos, no con sospechas
La crisis haitiana exige una política dominicana firme, prudente y transparente. No se puede ignorar el impacto que la violencia, el debilitamiento institucional y las redes criminales pueden tener sobre la República Dominicana. Pero tampoco es responsable presentar una supuesta conspiración de unificación de la isla como un hecho demostrado cuando no se dispone de pruebas que lo acrediten.
El caso de Gilbert Bigio y Pablo Portes, las diferencias en las restricciones migratorias y las declaraciones presidenciales sobre el control fronterizo sí justifican preguntas que merecen respuestas oficiales.
El Gobierno de Abinader tiene la obligación de demostrar que sus decisiones responden al interés nacional, que sus mecanismos de seguridad funcionan y que no existen privilegios incompatibles con la transparencia pública.
La República Dominicana no necesita fabricar enemigos ni vivir de rumores para defender su soberanía. Necesita instituciones capaces de investigar, explicar y actuar con eficacia.
Porque si el Estado no puede demostrar que sus decisiones están orientadas a proteger a los dominicanos, la confianza pública se deteriora. Y cuando se trata de la seguridad de una nación, la opacidad institucional también puede convertirse en un riesgo que debe ser examinado.
La pregunta final no es si debemos cooperar o no con Haití. Es mucho más concreta: ¿está el Gobierno dominicano haciendo todo lo necesario para que esa cooperación, sus decisiones migratorias y su política de seguridad protejan de manera verificable la soberanía, la estabilidad y el futuro de la República Dominicana?
forumComentarios de la red (0)
Cargando comentarios...