DEL “PROHIBIDO” AL “SOLO COMO VISITANTE” EN 24 HORAS: EL GIRO DE KELVIN CRUZ QUE DEJA EN EVIDENCIA UNA DECISIÓN SIN SOSTÉN CLARO
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Hay decisiones que se anuncian con contundencia y después se explican.
Y hay decisiones que, apenas 24 horas después, necesitan ser corregidas porque el funcionario que las anunció parece haber dicho mucho más de lo que realmente podía sostener.
Eso es exactamente lo que ocurrió con el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y la selección nacional de Haití.
El viernes, Cruz fue categórico: el Ministerio de Deportes había decidido prohibir que la selección haitiana utilizara las instalaciones deportivas dominicanas.
El sábado tuvo que aclarar que no era exactamente eso.
Haití sí podrá jugar en República Dominicana como visitante.
Lo que no podrá hacer es utilizar el territorio dominicano como sede cuando le corresponda actuar como equipo local. El Caribe
Y ahí está el problema.
No es simplemente un cambio de redacción.
Es una diferencia sustancial entre decir:
“Haití no podrá jugar en instalaciones deportivas dominicanas”.
y decir:
“Haití no podrá jugar como local en República Dominicana”.
La primera frase parece una prohibición total.
La segunda es una restricción mucho más específica.
Y el propio ministro terminó adoptando la segunda versión.
¿QUÉ PASÓ EN MENOS DE 24 HORAS?
El origen de todo está en los incidentes registrados alrededor del partido entre República Dominicana y Haití en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.
El encuentro tuvo una convocatoria extraordinaria. Las 23,703 boletas disponibles se agotaron, y medios locales reportaron una presencia muy numerosa de aficionados haitianos. También hubo problemas de organización y acceso al estadio, incluyendo aglomeraciones, personas intentando entrar con boletos ya utilizados y episodios de ingreso descontrolado. CDN News
ESPN reportó que las autoridades utilizaron gases lacrimógenos y otros mecanismos de contención para controlar la situación y que hubo personas heridas. ESPN Uruguay
El incidente fue grave.
Eso nadie lo discute.
Había que investigar.
Había que determinar responsabilidades.
Había que revisar la logística.
Había que establecer por qué un evento de esa magnitud terminó con semejante desorden.
Pero el ministro dio un salto mucho mayor.
Anunció una prohibición contra la selección haitiana.
Y aquí aparece la primera pregunta:
¿La respuesta institucional al caos de un partido era prohibir que Haití pudiera utilizar instalaciones deportivas dominicanas como local?
Porque son dos asuntos diferentes.
Una cosa es el manejo de la seguridad y organización de un evento específico.
Otra es una restricción sobre dónde puede disputar sus partidos internacionales una selección nacional.
Y ENTONCES LLEGÓ LA RECTIFICACIÓN
La aclaración publicada este sábado cambia sustancialmente el alcance de la decisión.
Según el reporte de El Caribe, el propio Kelvin Cruz explicó que Haití podrá jugar en territorio dominicano cuando actúe como visitante, pero no podrá utilizar el país como sede cuando sea el equipo local. La aclaración surgió después de que el periodista William Aish conversara con el ministro. El Caribe
Esto significa que el titular original de:
“Haití no podrá jugar en República Dominicana”
no describe correctamente la decisión final.
La versión que terminó prevaleciendo es:
“Haití no podrá jugar como local en República Dominicana”.
Y esto cambia completamente la dimensión del anuncio.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTA DIFERENCIA?
Porque cuando un ministro habla en nombre del Estado, sus palabras tienen consecuencias.
No estamos hablando de un comentarista deportivo.
Estamos hablando del titular del Ministerio de Deportes.
Por eso, una decisión de esta naturaleza debería llegar acompañada desde el primer momento de una explicación clara:
- ¿Qué se está prohibiendo?
- ¿Por cuánto tiempo?
- ¿En cuáles instalaciones?
- ¿Quién tiene la competencia legal para hacerlo?
- ¿La prohibición corresponde a todos los partidos o solamente a determinados eventos?
- ¿La medida responde a seguridad, a los incidentes del estadio o a otra consideración?
- ¿Cuál es el procedimiento para ejecutarla?
Nada de eso puede quedar a la improvisación.
Y HAY OTRO DETALLE QUE HACE LA HISTORIA TODAVÍA MÁS INTERESANTE
ESPN señala que la propia Ley General del Deporte, Ley 356-05, no establece expresamente entre las funciones del ministro una facultad para prohibir la participación de una selección internacional en torneos celebrados en el país. El medio explica, sin embargo, que el Ministerio administra instalaciones deportivas estatales —con excepciones como las pertenecientes a los ayuntamientos— y que desde esa posición podría negar permisos para determinados eventos en esos recintos. ESPN Uruguay
La propia Ley 356-05 asigna a las federaciones deportivas nacionales funciones relacionadas con la organización y dirección de las competencias de sus respectivas disciplinas, así como la representación internacional correspondiente. Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo
Entonces tenemos otro asunto que merece explicación:
¿Estamos frente a una prohibición deportiva o frente a una decisión administrativa sobre el uso de instalaciones estatales?
Porque jurídicamente no es exactamente lo mismo.
Y si lo que realmente decidió el Ministerio fue:
“No vamos a prestar instalaciones deportivas estatales para que Haití actúe como local”,
eso debió ser lo que se anunciara desde el principio.
ABINADER RESPALDÓ LA PRIMERA VERSIÓN
Aquí aparece un elemento político todavía más importante.
ESPN reportó que el presidente Luis Abinader respaldó completamente la decisión anunciada inicialmente por Kelvin Cruz. ESPN Uruguay
Pero posteriormente el ministro tuvo que aclarar que la prohibición no impedía que Haití jugara en República Dominicana como visitante.
Entonces la pregunta política es inevitable:
¿Qué fue exactamente lo que respaldó el presidente?
¿La prohibición absoluta?
¿La prohibición de utilizar instalaciones dominicanas como local?
¿O simplemente la potestad del Ministerio de decidir sobre el uso de sus instalaciones?
Porque cuando la aclaración llega al día siguiente y modifica sustancialmente lo que el país entendió inicialmente, también queda bajo escrutinio el respaldo presidencial.
EL PROBLEMA NO ES PONER LÍMITES
Y esto hay que decirlo claramente.
El Estado dominicano tiene derecho a establecer condiciones para el uso de sus instalaciones.
Si hubo violaciones de seguridad.
Si hubo sobreventa o problemas con boletos.
Si hubo ingreso irregular de personas.
Si hubo destrucción de accesos.
Si hubo agresiones.
Si hubo fallas logísticas.
Todo eso debe investigarse.
Y si corresponde establecer restricciones para determinados eventos, el Estado puede hacerlo dentro del marco de sus competencias.
El problema es cómo se comunica y cómo se fundamenta la decisión.
Porque un Gobierno serio no debería anunciar una prohibición de alcance aparentemente general un viernes y tener que explicar el sábado que, en realidad, la prohibición era otra.
DE 0 A 100 Y DE 100 A 50 EN UN DÍA
La secuencia resulta políticamente demoledora por su sencillez:
Viernes:
“Se prohíbe que la selección haitiana juegue en instalaciones deportivas dominicanas”.
Sábado:
“Haití sí puede jugar en República Dominicana, pero solamente como visitante”.
Eso no es exactamente la misma decisión.
Es una corrección del alcance.
Y cuando una decisión pública cambia de esa manera en menos de 24 horas, la ciudadanía tiene derecho a preguntar:
¿La decisión estaba realmente estudiada cuando fue anunciada?
Porque una política de Estado no debería depender de que al día siguiente el funcionario tenga que explicar que quiso decir otra cosa.
EL FÚTBOL NO PUEDE SER MANEJADO A GOLPE DE EMOCIÓN
El partido contra Haití estuvo cargado de tensión.
Haití ganó 4-1.
Hubo una enorme presencia de aficionados haitianos.
Se produjeron incidentes en los accesos.
También surgió posteriormente la controversia por declaraciones atribuidas a jugadores haitianos.
Todo eso generó un ambiente político y emocional particularmente fuerte.
Precisamente por eso las autoridades tenían que responder con más institucionalidad, no menos.
Si hubo delitos o infracciones:
investigación.
Si hubo fallas de seguridad:
responsabilidades.
Si hubo problemas con la venta de entradas:
auditoría.
Si hubo daños:
reparación y consecuencias.
Si hubo conductas individuales sancionables:
procedimiento disciplinario.
Pero una política deportiva internacional necesita algo más que una reacción inmediata.
Necesita fundamento.
Y AHORA VIENE LA PREGUNTA QUE DEBERÍA RESPONDER KELVIN CRUZ
Ministro:
¿Cuál es exactamente la decisión?
¿Haití está prohibido en República Dominicana?
No.
Ya quedó claro que puede jugar como visitante.
¿Haití está prohibido de utilizar instalaciones deportivas dominicanas?
La aclaración indica que sí, pero específicamente cuando pretenda hacerlo como local.
Entonces dígalo así.
Escríbalo así.
Explíquelo así.
Y, sobre todo, fundaméntelo jurídicamente.
Porque cuando un ministro anuncia una decisión soberana, no puede darse el lujo de que 24 horas después el país descubra que la decisión tenía otro alcance.
EL ESTADO NO PUEDE PARECER IMPROVISADO
Este episodio deja una lección que va mucho más allá de Haití.
La República Dominicana tiene instituciones.
Tiene leyes.
Tiene ministerios.
Tiene federaciones deportivas.
Tiene organismos internacionales.
Tiene procedimientos.
Y cuando existe una crisis, la respuesta del Estado tiene que pasar por esas instituciones.
No por la presión de las redes sociales.
No por la indignación del momento.
No por el ambiente que dejó un partido.
Y tampoco por titulares que luego necesitan ser corregidos.
Porque si el Ministerio quería decir:
“Haití no podrá utilizar instalaciones deportivas estatales dominicanas para actuar como local”,
eso era perfectamente posible decirlo desde el primer momento.
Pero anunciar primero una prohibición general y después reducirla a una prohibición específica deja una pregunta inevitable sobre la mesa:
¿Fue una decisión de Estado o una reacción apresurada al calor del momento?
Y esa pregunta no la responde una publicación en X.
La responde una resolución.
La responde la ley.
La responde el fundamento jurídico.
Y la responde la consistencia de la decisión en el tiempo.
Porque una decisión soberana puede ser firme.
Pero para ser realmente soberana también tiene que ser clara, jurídicamente sustentada y capaz de sostenerse más de 24 horas.
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