¿Y LOS JÓVENES DOMINICANOS? ABINADER PROPONE PROTEGER A MENORES HAITIANOS RECLUTADOS POR PANDILLAS, PERO ¿QUIÉN RESPONDE POR LOS JÓVENES DOMINICANOS VÍCTIMAS DEL «29» EN INTERVENCIONES POLICIALES?
Al menos 273 jóvenes de entre 16 y 35 años murieron en hechos en los que participaron agentes policiales desde 2020 hasta julio de 2026, según datos de Patrulla Letal de Diario Lib...
Al menos 273 jóvenes de entre 16 y 35 años murieron en hechos en los que participaron agentes policiales desde 2020 hasta julio de 2026, según datos de Patrulla Letal de Diario Libre. Mientras el Gobierno impulsa protección para menores reclutados por organizaciones criminales, las familias dominicanas también exigen garantías, justicia y respuestas.
Por Melvin Sena | HackeandoElSistema.net
El Gobierno de Luis Abinader ha depositado en el Senado un proyecto de ley para sancionar el reclutamiento de menores de edad por grupos armados irregulares y organizaciones delictivas. La iniciativa contempla que los menores reclutados no sean penalmente responsables por hechos cometidos como consecuencia directa de su sometimiento, coacción o instrumentalización por parte de esas organizaciones.
La propuesta abre un debate necesario sobre la protección de la niñez, pero también plantea una pregunta que el Estado dominicano no puede ignorar: ¿quién defiende a los jóvenes dominicanos que mueren durante intervenciones policiales y qué garantías tienen sus familias de que se investigarán las circunstancias de esas muertes?
La discusión no consiste en enfrentar los derechos de los menores haitianos o dominicanos. La obligación del Estado es proteger a todos los niños, niñas y adolescentes, sin discriminación por nacionalidad, y garantizar que sus propios agentes respeten la ley.
El problema aparece cuando las políticas de protección se anuncian sin que exista una respuesta pública igualmente contundente sobre la rendición de cuentas por el uso de la fuerza estatal.
1. La cifra que obliga a mirar hacia dentro: 273 jóvenes fallecidos
Un reportaje de Diario Libre publicado el 8 de julio de 2026, basado en su proyecto de investigación Patrulla Letal, documentó que al menos 273 personas de entre 16 y 35 años habían muerto desde 2020 en hechos en los que participaron agentes de la Policía Nacional.
La cifra abarca un grupo de edad amplio: incluye adolescentes de 16 y 17 años y adultos de hasta 35 años. No significa que las 273 víctimas fueran menores de edad ni que todas las muertes hayan sido declaradas ilegales por los tribunales.
Pero el dato sí revela la magnitud de una preocupación pública: los jóvenes constituyen una parte importante de las víctimas documentadas en actuaciones policiales.
Además, el recuento corresponde al período hasta julio de 2026, no al cierre del año. No he encontrado una cifra consolidada y verificable que permita actualizar el total específico de jóvenes fallecidos hasta el 27 de octubre de 2026.
Por tanto, presentar 273 como el total definitivo de todo el Gobierno sería incorrecto. Es la cifra documentada para ese período y ese grupo de edad.
2. Las cifras oficiales también exigen explicaciones
Los registros de muertes por acción policial o militar recopilados por la Oficina Nacional de Estadística muestran la siguiente evolución:
Estas cifras corresponden a muertes por acción policial o militar y no exclusivamente a jóvenes ni a casos judicialmente establecidos como ejecuciones ilegales. También hay diferencias entre las fuentes y las categorías estadísticas utilizadas, por lo que no deben sumarse sin verificar sus metodologías.
Aun con esas limitaciones, los datos muestran por qué la reforma policial no puede medirse solamente por nuevos reglamentos, cambios de mandos o anuncios de modernización. También debe evaluarse por la reducción de muertes evitables, el cumplimiento de los protocolos y la capacidad de investigar las actuaciones de los agentes.
La pregunta para el Gobierno es directa: ¿qué resultados concretos puede presentar sobre la prevención de muertes durante intervenciones policiales y la sanción de los responsables cuando se demuestra un uso ilegal de la fuerza?
3. ¿Por qué el Estado reconoce la coacción de los menores, pero las familias dominicanas reclaman respuestas?
El proyecto de ley parte de una premisa jurídica importante: un menor reclutado por una organización criminal puede actuar bajo amenazas, sometimiento o manipulación. Por eso, la iniciativa propone que no se le atribuya responsabilidad penal por hechos que sean consecuencia directa de esa situación de victimización.
La protección no significa que cualquier menor que cometa un delito quede automáticamente exento de responsabilidad. La propuesta establece una relación directa entre los hechos y el sometimiento, la coacción o la instrumentalización derivada del reclutamiento.
Ese matiz importa.
Pero la misma exigencia de rigor debe aplicarse a las actuaciones policiales. Cuando un ciudadano muere durante una intervención, las autoridades deben esclarecer las circunstancias, determinar si el uso de la fuerza fue necesario y proporcional e investigar cualquier indicio de abuso.
Las familias dominicanas también necesitan saber qué ocurrió con sus hijos, hermanos y padres. No pueden quedar limitadas a escuchar que hubo un supuesto intercambio de disparos sin conocer los resultados de una investigación independiente y efectiva.
La protección de un menor reclutado y la investigación de una muerte durante una intervención policial no son asuntos incompatibles: ambos forman parte de la obligación estatal de proteger la vida y garantizar justicia.
4. El código 1-29 no puede sustituir la ley
En el debate dominicano, la expresión «darle un 1-29» se utiliza popularmente para aludir a una persona fallecida en una actuación policial. Sin embargo, esa expresión pertenece al lenguaje informal y no constituye una autorización legal para matar a un sospechoso.
El Reglamento sobre el Uso de la Fuerza de la Policía Nacional establece límites para la actuación de los agentes y contempla el carácter excepcional y proporcional del uso de la fuerza. El uso de armas letales no puede convertirse en un mecanismo de castigo extrajudicial.
Ninguna clave radial, expresión callejera o etiqueta de presunto delincuente sustituye la investigación de los hechos ni el debido proceso.
Si un agente actúa legítimamente para proteger su vida o la de otra persona, esa actuación debe evaluarse conforme a la ley. Si utiliza fuerza excesiva o comete un delito, debe responder por ello.
El Estado no puede exigir respeto a la ley a los ciudadanos mientras deja dudas sin resolver sobre la conducta de sus propios funcionarios.
5. La pregunta que debe responder la Procuraduría
En octubre de 2026, Diario Libre informó que la Procuraduría General de la República no proporcionó las estadísticas solicitadas sobre las muertes en supuestos intercambios de disparos entre enero y septiembre de ese año. La institución alegó que parte de la información estaba vinculada a investigaciones penales y que su divulgación podía afectar esos procesos.
La reserva de determinadas diligencias judiciales puede tener justificación legal. Pero eso no elimina la necesidad de estadísticas generales, información institucional y rendición de cuentas compatible con la protección de las investigaciones.
El país necesita conocer, al menos, cuántas muertes se producen durante actuaciones policiales, cuántos casos son investigados, cuántos agentes son sometidos a la justicia y qué medidas se adoptan cuando se comprueba una actuación irregular.
Sin esa información resulta difícil evaluar de manera completa la reforma policial y determinar si las garantías legales se están traduciendo en resultados.
6. La protección debe ser para todos, no una competencia entre víctimas
El Gobierno tiene razones para combatir el reclutamiento de menores por pandillas. Esas organizaciones pueden convertir a niños y adolescentes en instrumentos de violencia, someterlos a amenazas y utilizarlos para cometer delitos.
Pero esa política no debería utilizarse para desviar la atención de los problemas pendientes de la seguridad ciudadana dominicana.
Los menores haitianos reclutados por bandas merecen protección. Los menores dominicanos víctimas de explotación criminal también. Y los jóvenes dominicanos que mueren en actuaciones policiales merecen investigaciones rigurosas, mientras sus familias tienen derecho a conocer la verdad.
No se trata de afirmar que todos los casos son iguales ni de concluir que existe una política deliberada de favorecer a una nacionalidad. Para demostrar un doble estándar institucional habría que comparar las normas, las actuaciones y los resultados de casos equivalentes.
Lo que sí puede exigirse desde ahora es coherencia: protección de los vulnerables, aplicación de la ley y transparencia frente a las muertes ocurridas bajo responsabilidad del Estado.
CONCLUSIÓN: ¿QUIÉN RESPONDE POR LOS JÓVENES DOMINICANOS?
El proyecto de ley contra el reclutamiento de menores puede convertirse en una herramienta importante para enfrentar la utilización de niños y adolescentes por organizaciones criminales. Pero su aprobación no resolverá por sí sola los problemas de abuso de la fuerza, impunidad o falta de transparencia que rodean algunas intervenciones policiales.
Los datos de Patrulla Letal documentaron al menos 273 fallecidos de entre 16 y 35 años en hechos en los que participaron agentes policiales desde 2020 hasta julio de 2026. Esa cifra merece una respuesta institucional que vaya más allá de las declaraciones.
Por eso, el Gobierno debe explicar qué mecanismos existen para investigar cada muerte, cómo se supervisa el uso de armas de fuego, qué resultados han tenido los procesos judiciales y qué garantías tienen las familias de las víctimas.
La vida de un menor reclutado por una pandilla importa. La vida de un joven dominicano también. Y la responsabilidad de proteger ambas no puede depender de la nacionalidad, de la etiqueta que le coloque una autoridad ni de la presión mediática que genere cada caso.
La verdadera prueba de un Estado de derecho no consiste solamente en aprobar leyes para proteger a las víctimas, sino también en garantizar que nadie quede sin justicia cuando la fuerza utilizada por el propio Estado termina con una vida.
HackeandoElSistema.net — La seguridad ciudadana también exige transparencia y rendición de cuentas.
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