¡REPÚBLICA DOMINICANA NO ESTÁ OBLIGADA A SACRIFICAR SU SOBERANÍA POR LA CRISIS DE HAITÍ! ¿QUIÉN PRETENDE QUE PAGUEMOS LAS CONSECUENCIAS?
Por Melvin Sena | HackeandoElSistema.net República Dominicana tiene que despertar. La crisis haitiana está entrando en una fase peligrosa, las bandas armadas desafían al Estado, la...
Por Melvin Sena | HackeandoElSistema.net
República Dominicana tiene que despertar. La crisis haitiana está entrando en una fase peligrosa, las bandas armadas desafían al Estado, las fuerzas internacionales se preparan para enfrentarlas y Nayib Bukele ha enviado efectivos salvadoreños para apoyar la búsqueda de cuatro militares desaparecidos tras un ataque en Haití. Pero hay una pregunta que el Gobierno dominicano no puede seguir esquivando: ¿qué está haciendo realmente para proteger nuestra frontera ante una escalada que podría tener consecuencias directas para el país?
El Salvador no ha declarado la guerra al Estado haitiano. Su Gobierno anunció una operación para localizar a sus militares desaparecidos y combatir a las organizaciones criminales responsables de aterrorizar a la población. La misión se desarrolla en un escenario donde las bandas han ganado terreno y las instituciones haitianas enfrentan enormes dificultades para garantizar la seguridad.
Eso no significa que la operación esté libre de riesgos ni que conozcamos todas sus consecuencias. Significa que no debemos confundir la lucha contra las bandas con una guerra declarada contra el pueblo haitiano.
Pero si los enfrentamientos se intensifican, ¿quién debe prepararse para las consecuencias en la isla? ¿Quién debe proteger su territorio? ¿Quién debe evitar que una crisis de seguridad se transforme en una emergencia fronteriza?
La respuesta es clara: el Estado dominicano tiene la obligación de prepararse y proteger a sus ciudadanos.
LA ONU NO ES DUEÑA DE LA FRONTERA DOMINICANA
La Organización de las Naciones Unidas no puede convertir automáticamente a República Dominicana en responsable de resolver la crisis haitiana ni imponerle, mediante una simple declaración, la recepción indiscriminada de toda persona que salga de Haití.
La política migratoria, el control de las entradas y la aplicación de las leyes nacionales corresponden a las autoridades dominicanas, dentro del marco constitucional y las obligaciones internacionales que el país ha asumido.
La Ley General de Migración 285-04 establece procedimientos para la deportación y exige que las decisiones respeten la legalidad y el debido proceso.
Ahora bien, tampoco sería correcto afirmar que el país puede deportar sin excepción a cualquier persona, independientemente de sus circunstancias. El principio internacional de no devolución protege a quienes afrontan determinados riesgos de persecución, tortura u otros daños graves. Esa obligación debe evaluarse conforme a cada caso.
La discusión seria no consiste en escoger entre soberanía y legalidad. Consiste en ejercer la soberanía aplicando las leyes dominicanas y respetando las obligaciones jurídicas correspondientes.
Una cosa es cumplir compromisos internacionales y otra muy distinta es permitir que la presión diplomática sustituya las decisiones legítimas del Estado dominicano.
¿POR QUÉ DEBE PAGAR REPÚBLICA DOMINICANA POR EL COLAPSO HAITIANO?
Los dominicanos no provocaron el colapso institucional de Haití. Tampoco son responsables de las disputas entre sus élites, de la expansión de las bandas ni de la incapacidad de sus dirigentes para garantizar seguridad y gobernabilidad.
Por eso, resulta inaceptable plantear que República Dominicana debe asumir indefinidamente las consecuencias económicas, migratorias y de seguridad de esa crisis.
El país puede cooperar, participar en esfuerzos diplomáticos y respaldar soluciones internacionales. Pero esa cooperación no debe confundirse con la renuncia a controlar sus fronteras ni con la obligación de absorber todas las consecuencias de un conflicto que no controla.
Si la comunidad internacional considera que Haití necesita una respuesta extraordinaria, debe contribuir con recursos, mecanismos de seguridad, asistencia humanitaria y una estrategia política que produzca resultados verificables.
No basta con emitir comunicados desde oficinas diplomáticas mientras la población haitiana continúa sufriendo y los países vecinos deben prepararse para las repercusiones.
LA FRONTERA NO SE DEFIENDE CON DISCursos
El Gobierno dominicano debe explicar qué medidas concretas ha adoptado ante la posibilidad de que aumenten los enfrentamientos en Haití. No basta con anunciar reuniones, exhibir vehículos militares o asegurar que todo está bajo control.
¿Se ha evaluado la capacidad de respuesta ante un incremento repentino de personas que intenten cruzar? ¿Están coordinados el Ejército, CESFRONT y Migración? ¿Existen protocolos para distinguir entre personas que requieren protección internacional y quienes están sujetos a los procedimientos migratorios ordinarios?
Estas son preguntas de seguridad nacional, no ataques contra el pueblo haitiano.
La frontera necesita vigilancia, recursos, inteligencia, coordinación y una aplicación consistente de la ley. Y cualquier persona que se encuentre en territorio dominicano debe cumplir las normas que correspondan a su situación jurídica, sin privilegios arbitrarios ni persecución colectiva.
¡PRIMERO, LA REPÚBLICA DOMINICANA!
El país no tiene que involucrarse militarmente en el conflicto haitiano para defender sus intereses. Su prioridad debe ser proteger el territorio nacional, prevenir el tráfico de armas, combatir las redes criminales transfronterizas y fortalecer la vigilancia fronteriza.
Tampoco debe flexibilizar sus controles por temor a críticas diplomáticas. Cualquier cambio debe responder a una evaluación transparente de los intereses nacionales, las necesidades humanitarias y las obligaciones legales.
Y si alguien propone una política diferente, debe explicar qué beneficio concreto obtendría República Dominicana y cómo se evitaría que esa decisión trasladara al país nuevos riesgos.
La solidaridad no exige renunciar al criterio propio. La cooperación no significa aceptar cualquier condición. Y la defensa de los derechos humanos no elimina el derecho del Estado a aplicar su legislación migratoria.
La soberanía se defiende con decisiones firmes, legales y verificables, no con discursos para la galería.
República Dominicana debe actuar con prudencia ante la crisis haitiana, pero también con claridad: proteger su frontera, aplicar sus leyes, cumplir sus obligaciones internacionales y exigir que la comunidad internacional asuma su parte de responsabilidad.
Porque Haití necesita una solución, pero esa solución no puede construirse convirtiendo a República Dominicana en el responsable permanente de una crisis que no creó.
Melvin Sena | HackeandoElSistema.net
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