El presidente Luis Abinader ordenó la paralización inmediata del proyecto minero Romero en San Juan, que estaba en fase de exploración por la empresa GoldQuest. La decisión se produjo tras protestas sociales, incluyendo una manifestación que terminó con enfrentamientos entre manifestantes y la Policía. El mandatario afirmó que el Gobierno escucha a la ciudadanía y justificó la medida en la Ley 64-00, señalando que un proyecto de este tipo no es viable si existe rechazo masivo.
La decisión que no era opcional
La suspensión del proyecto minero Romero en San Juan de la Maguana, anunciada por el presidente Luis Abinader, ha sido celebrada por múltiples actores políticos y mediáticos como si se tratara de un acto extraordinario.
No lo es.
Detener ese proyecto no era una hazaña.
Era lo mínimo exigible frente a un escenario que implicaba:
- Posible conflicto con el Artículo 15 de la Constitución (prioridad del agua)
- Tensiones con la Ley 64-00 de Medio Ambiente
- Riesgos sobre cuencas que alimentan sistemas clave como Sabaneta y el Yaque del Sur
- Impacto potencial en agricultura, energía y abastecimiento hídrico regional
En términos simples:
hacer lo contrario hubiese sido asumir un costo legal, ambiental y político difícilmente sostenible.
El silencio previo a la suspensión del proyecto por el presidente Abinader y el aplauso posterior
Antes del anuncio, una parte relevante del liderazgo político mantuvo un perfil bajo.
Después del anuncio, muchos de esos mismos actores salieron a felicitar la decisión.
Ese comportamiento revela algo más profundo que una simple coincidencia:
- Baja disposición a fijar posición en escenarios de alto costo
- Tendencia a alinearse una vez el desenlace es evidente
- Uso del reconocimiento público como capital político inmediato
No es nuevo en la política dominicana, pero en este caso resulta particularmente visible.
El contexto que empujó la decisión
La medida no ocurrió en el vacío.
Se dio en medio de:
- Movilización social sostenida
- Amplificación en redes sociales
- Debate técnico sobre evaluación ambiental estratégica vs. estudios de impacto
- Cuestionamientos sobre ubicación del proyecto en zona hídrica crítica
- Discusión económica sobre distribución real de beneficios
Ese conjunto generó un entorno donde continuar el proyecto implicaba:
- Aumentar la conflictividad social
- Exponer al gobierno a desgaste político acelerado
- Abrir frentes legales y reputacionales
En ese contexto, la suspensión fue una decisión racional desde la gestión de riesgos políticos.
Lo que se evitó (por ahora)
Más allá del discurso, lo relevante es lo que se detuvo:
- La posibilidad de avanzar sin consenso social (licencia social débil o inexistente)
- Un proyecto en zona de alta sensibilidad hídrica
- Una discusión técnica incompleta a nivel territorial (EAE vs. EIA)
También se frenó —al menos temporalmente— un modelo que muchos perciben como:
alto riesgo local vs. beneficio económico limitado y concentrado
Lo que no se ha resuelto
El presidente Abinader a anunciado la suspensión no es cancelación.
Eso implica:
- El proyecto sigue existiendo jurídicamente
- La discusión de fondo permanece abierta
- El modelo de desarrollo para el suroeste sigue sin definirse
Además, persisten preguntas clave:
- ¿Se realizará una evaluación ambiental estratégica integral?
- ¿Se redefinirá el uso de suelo en la zona?
- ¿Cuál será la política minera en cuencas altas?
Sin esas respuestas, el conflicto queda pospuesto, no cerrado.
El factor político
Interpretar la decisión únicamente como un acto técnico o institucional es incompleto.
También responde a:
- Cálculo de costo-beneficio político
- Presión social visible
- Riesgo de deterioro de imagen gubernamental
En sistemas democráticos, esto no es anómalo:
los gobiernos reaccionan cuando el costo de no hacerlo supera el de actuar.
La suspensión del proyecto Romero es relevante, pero debe leerse con precisión:
- No es un triunfo definitivo
- No es un acto extraordinario
- No es el cierre del conflicto
Es, en esencia:
- Una decisión obligada por el contexto
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