El discurso de viabilidad técnica y desarrollo económico que promueve GoldQuest Mining Corp., a través de su representante Luis Santana Pereyra, enfrenta crecientes cuestionamientos no solo desde el ámbito social, sino también desde el jurídico, ambiental y territorial. Mientras la empresa insiste en que el proyecto Romero debe evaluarse mediante estudios de impacto ambiental y que la tecnología moderna permite mitigar riesgos, sectores técnicos y comunitarios advierten que el problema no es de evaluación futura, sino de incompatibilidad estructural presente.
Uno de los pilares del discurso empresarial es claro:
“dejemos que los estudios determinen si el proyecto es viable”.
Sin embargo, esta postura entra en conflicto con el marco legal dominicano.
La Constitución establece en su artículo 15 que:
Las cuencas altas de los ríos deben ser objeto de protección especial por parte del Estado.
A esto se suma la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente, que en su artículo 86 prohíbe:
La instalación de industrias en zonas de incidencia de fuentes de agua destinadas al consumo humano, incluso si estas contemplan tratamiento de residuos, cuando exista riesgo de contaminación.
En ese contexto, la discusión deja de ser técnica y pasa a ser legal:
📌 si el territorio está protegido por su función hídrica, la actividad minera no es simplemente “evaluable”, sino potencialmente incompatible desde el origen.
Este sistema no solo sostiene:
sino que también conecta con infraestructuras clave en el sur del país.
Por tanto, cualquier alteración en la cuenca alta no es un impacto local, sino un riesgo regional.
En su defensa del proyecto, Santana ha planteado que existen tecnologías capaces de mitigar los impactos de la minería moderna.
No obstante, expertos y actores locales señalan una omisión fundamental:
No todas las zonas son comparables
A diferencia de áreas como Cotuí o Bonao, la cuenca alta del río San Juan presenta:
Esto implica que el margen de error es significativamente menor.
Otro elemento ausente en el discurso empresarial es el impacto sobre la población.
Se estima que:
Más de 30,000 personas dependen directamente de actividades agrícolas y ganaderas en la periferia de la Cordillera Central
La posible conversión de la zona en un distrito minero implicaría:
El resultado podría ser una cadena de efectos que trascienden la mina en sí.
GoldQuest plantea un escenario de desarrollo económico basado en:
Sin embargo, críticos del proyecto señalan que este tipo de promesas no han logrado replicarse de forma proporcional en otras zonas mineras del país.
Esto ha generado un elemento determinante en el debate actual:
Desconfianza social
No basada únicamente en teoría, sino en experiencias previas percibidas como insatisfactorias.
Más allá del oro, el centro del debate en San Juan es otro:
💧 agua
🌱 producción agrícola
🏞️ estabilidad territorial
Porque, como sintetizan actores locales:
“Un valle sin agua pierde su capacidad productiva… y su valor económico.”
La posible degradación de la cuenca no solo afectaría la producción, sino también:
El argumento de que “los estudios decidirán” pierde fuerza cuando el propio marco normativo ya establece límites claros sobre el uso del territorio.
Cuando una actividad entra en conflicto con la ley, el agua y la base productiva de una región…
la discusión deja de ser técnica.
Pasa a ser una decisión de país.
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