El Decreto 502-26 nació con un discurso claro: combatir la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso. Sobre el papel, nadie puede oponerse a un objetivo como ese. Sin embargo, apenas horas después de su emisión, la realidad golpeó con fuerza la narrativa oficial. Estados Unidos confirmó que impondrá un arancel del 12.5 % a productos dominicanos al considerar insuficientes las medidas adoptadas por el país para impedir el comercio de bienes vinculados al trabajo forzoso. La decisión forma parte de una acción comercial más amplia contra decenas de economías bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense.
Entonces surge una pregunta incómoda:
Si el decreto era la respuesta para satisfacer las exigencias de Washington, ¿por qué el arancel llegó de todas formas?
Durante años, el Gobierno dominicano ha presentado su estrecha relación con Estados Unidos como uno de sus mayores activos diplomáticos.
República Dominicana ha respaldado posiciones estadounidenses en distintos escenarios regionales, ha mantenido una estrecha cooperación en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración y estabilidad regional.
Sin embargo, cuando llegó el momento de proteger los intereses comerciales dominicanos, esa supuesta relación privilegiada no evitó que el país fuera incluido entre las naciones afectadas por el nuevo arancel estadounidense.
La diplomacia no se mide por fotografías oficiales, abrazos o comunicados conjuntos.
Se mide por resultados.
Y el resultado concreto es que los exportadores dominicanos enfrentarán un nuevo costo para acceder al principal mercado de exportación del país.
Más allá del arancel, el Decreto 502-26 abre otro debate.
República Dominicana no posee inspectores capaces de verificar miles de fábricas distribuidas por Asia, África o América Latina.
Eso significa que, en la práctica, muchas decisiones terminarán apoyándose en información elaborada por gobiernos extranjeros, organismos internacionales o entidades privadas especializadas.
La pregunta no es si debemos combatir el trabajo forzoso.
La pregunta es quién decide qué evidencia será suficiente para impedir la entrada de una mercancía al país.
Toda regulación que restringe importaciones modifica el mercado.
Cuando un producto deja de entrar, alguien pierde un proveedor.
Pero otro gana un cliente.
Por eso la transparencia es indispensable.
Si las decisiones administrativas no están sustentadas en criterios técnicos claros, procedimientos verificables y derecho de defensa para los importadores, aumenta el riesgo de discrecionalidad.
Y cuando existe discrecionalidad, inevitablemente aparecen dudas sobre si algunos actores económicos podrían obtener ventajas frente a sus competidores.
No es necesario afirmar que eso esté ocurriendo.
Pero sí es legítimo exigir reglas transparentes precisamente para evitar cualquier percepción de trato preferencial.
El Gobierno argumenta que el decreto fortalece la posición internacional del país.
Sin embargo, el resultado inmediato fue exactamente el contrario.
Eso obliga a formular otra pregunta:
¿Qué obtuvo realmente la República Dominicana a cambio de una política exterior presentada durante años como una alianza estratégica con Washington?
Defender los derechos humanos y combatir el trabajo forzoso es una obligación de cualquier Estado democrático.
Pero defender los intereses económicos nacionales también lo es.
La República Dominicana necesita una política comercial que proteja su acceso a los mercados internacionales sin renunciar a la seguridad jurídica interna, a la libre competencia y a la capacidad de tomar decisiones soberanas basadas en sus propias instituciones.
Porque si, después de años hablando de una «relación especial» con Estados Unidos, el resultado es un arancel del 12.5 % para las exportaciones dominicanas, la ciudadanía tiene derecho a preguntar qué beneficios concretos produjo esa estrategia.
La amistad entre Estados se demuestra cuando llegan las decisiones difíciles.
Y cuando un país hace concesiones constantes mientras el otro impone nuevas barreras comerciales, deja de hablarse de una alianza entre iguales y comienza a abrirse el debate sobre si esa relación está generando los resultados que realmente necesita la República Dominicana.
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