Antes de pedir más impuestos, el Presidente Abinader debe demostrar que administra bien el dinero
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Cada vez que un gobierno del presidente Luis Abinader, plantea una reforma fiscal, la primera pregunta de los ciudadanos no debería ser cuánto más van a pagar, sino qué tan eficientemente se está utilizando el dinero que ya recauda.
Si las estadísticas oficiales indican que en República Dominicana existen alrededor de 350 mil hogares en condición de pobreza, surge una pregunta legítima: ¿cómo se explica que programas de asistencia social como Supérate alcancen a aproximadamente 1.5 millones de beneficiarios? Esa diferencia merece una explicación clara por parte del Estado.
Nadie discute que el Gobierno tiene la responsabilidad de proteger a quienes realmente no pueden sostenerse por sus propios medios. La asistencia social es una herramienta necesaria para combatir la pobreza extrema y reducir la desigualdad. Pero esa ayuda debe estar focalizada, sustentada en criterios técnicos y sujeta a auditorías permanentes.
Cuando los programas sociales crecen muy por encima de la población identificada como pobre, inevitablemente aparece la duda sobre si todos los beneficiarios cumplen realmente las condiciones para recibir esa ayuda o si existen filtraciones, errores de focalización o incentivos políticos.
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El mismo razonamiento aplica para las pensiones especiales.
Las pensiones solidarias pueden ser una herramienta válida para proteger a personas en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, cuando el presidente Luis Abinader, concede pensiones elevadas a personas que no realizaron aportes al sistema o sin una justificación transparente, el mensaje que recibe el contribuyente es preocupante: mientras unos trabajan, cotizan y pagan impuestos durante décadas, otros reciben beneficios financiados con recursos públicos sin que exista una explicación suficientemente clara.
La misma lógica aplica para las pensiones especiales.
Cada año se anuncian nuevas pensiones solidarias y por decreto presidencial para personas que, en muchos casos, nunca cotizaron al sistema de seguridad social o no hicieron aportes proporcionales al beneficio recibido. Mientras un trabajador del sector privado pasa treinta o cuarenta años descontando parte de su salario para aspirar a una pensión limitada, otros reciben pensiones financiadas por el Presupuesto General sin haber realizado contribuciones equivalentes. Esa percepción de desigualdad debilita la confianza en el sistema y hace más difícil que la población acepte nuevos impuestos.
Ese tipo de decisiones debilita la confianza ciudadana.
Antes de presentar una nueva reforma fiscal y pedirle más sacrificios a los dominicanos, el Estado tiene la obligación de demostrar que está administrando correctamente el dinero que ya recauda. Desde 2020, el tamaño del Presupuesto General del Estado ha crecido de manera sostenida hasta superar los RD$1.6 billones para 2026, mientras el propio Gobierno reconoce un déficit proyectado de más de RD$280,000 millones. Al mismo tiempo, el gasto tributario por exenciones fiscales alcanzará RD$393,541 millones, una cifra superior al déficit que se pretende cubrir y equivalente al 4.54 % del PIB.
Y sin confianza, ninguna reforma fiscal puede sostenerse en el tiempo.
El Gobierno necesita recursos para financiar educación, salud, seguridad e infraestructura. Eso es indiscutible. Pero también tiene la obligación de demostrar que cada peso recaudado se administra con eficiencia, transparencia y criterios de equidad.
También preocupa el crecimiento constante del gasto corriente. El presupuesto público ha aumentado año tras año, al igual que el costo del servicio de la deuda, que consume cientos de miles de millones de pesos anualmente entre capital e intereses. Paralelamente, el Gobierno mantiene un esquema de exenciones fiscales que supera los RD$393 mil millones, distribuidas en más de 40 regímenes especiales, mientras plantea nuevas medidas para recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales.
Por eso el debate no debe limitarse a si hacen falta más impuestos.
La verdadera discusión es si el Estado está utilizando con eficiencia los recursos que ya recibe. Antes de pedir un nuevo esfuerzo a la clase media, al pequeño empresario o al trabajador formal, el Gobierno debería demostrar que ha auditado los programas sociales, revisado las pensiones discrecionales, evaluado las exenciones que ya no cumplen su objetivo y reducido el gasto innecesario. La confianza fiscal no se construye únicamente cobrando más; se construye administrando mejor. Mientras el ciudadano perciba que existen privilegios, gastos cuestionables y beneficios mal focalizados, cualquier reforma tributaria seguirá encontrando la misma resistencia: no porque la gente se niegue a contribuir, sino porque primero quiere tener la certeza de que cada peso de sus impuestos se administra con transparencia, eficiencia y justicia.
Porque el contribuyente no solo paga impuestos; también tiene derecho a exigir que esos recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y que no se conviertan en instrumentos de clientelismo o gasto ineficiente.
Antes de pedir un esfuerzo adicional a la población, el Presidente Abinader, debe responder una pregunta fundamental: ¿está utilizando correctamente el dinero que ya recibe?
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