La decisión de Luis Abinader de designar a Carlos Pimentel en un doble rol, a pesar de las advertencias de su consultor jurídico, plantea interrogantes sobre las motivaciones detrás de su aparente disposición a violar las leyes y aceptar un posible conflicto de interés. Esta acción, sin duda, pone en tela de juicio el compromiso de Abinader con la transparencia y el cumplimiento de las normas institucionales, lo cual resulta paradójico en una administración que se ha promovido como garante de la ética pública y la eficiencia.

Existen varias hipótesis para reflexionar sobre las posibles causas de este tipo de decisión. En primer lugar, podría ser un intento de consolidar poder y control sobre áreas clave del gobierno, tratando de unificar bajo un solo liderazgo dos instituciones que, en teoría, tienen responsabilidades complementarias pero distintas. La intención de centralizar podría tener sus raíces en una visión de «agilidad» y «simplificación» en la administración pública, buscando resultados inmediatos para un país que demanda eficiencia y transparencia. Sin embargo, este enfoque tiende a ignorar la importancia de los pesos y contrapesos en una democracia, donde la separación de roles es esencial para mantener la imparcialidad.

Por otro lado, puede existir una presión interna o externa para generar una imagen de solidez en ciertos sectores estratégicos, como las alianzas público-privadas, que Abinader busca fomentar. Colocar a una persona de confianza en un rol de supervisión y ejecución simultáneamente podría haber sido una estrategia para evitar posibles bloqueos burocráticos o para garantizar que sus políticas avanzaran sin trabas. No obstante, el costo de este enfoque, aunque práctico a corto plazo, resulta elevado en términos de credibilidad y respeto institucional, ya que contradice los principios de transparencia que el propio gobierno ha impulsado.

Finalmente, esta decisión también podría reflejar una subestimación de las consecuencias de violar las normas, o una percepción de que el contexto político le permitirá enfrentar las críticas sin un impacto significativo en su popularidad o en la confianza de sus seguidores. La renuncia de Pimentel ha obligado a dar marcha atrás, pero no ha eliminado el mensaje de fondo que queda: cuando se anteponen intereses estratégicos o personales a la normativa vigente, se arriesga la confianza pública y se abre la puerta a percepciones de autoritarismo o improvisación.

La lección para Abinader y su equipo es clara: la eficiencia administrativa no debe venir a costa de la transparencia y el respeto a la ley. El gobierno tiene el reto de recordar que la ética en el servicio público no solo se promueve en palabras, sino que se materializa en decisiones que respeten la separación de roles y la integridad de las instituciones, pilares fundamentales de una democracia funcional.

El Conflicto de Interés Advertido por Antoliano Peralta

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, ya había advertido al presidente Luis Abinader y a Pimentel sobre el potencial conflicto de interés que su doble rol podría causar. En una carta fechada el pasado 3 de octubre, Peralta expresó que, si bien el nombramiento era viable desde un punto de vista administrativo, implicaba riesgos de conflicto según el numeral 5 del artículo 15 de la Ley núm. 47-20, la cual regula las funciones de la DGAPP.

Esta ley establece que el director de Contrataciones Públicas tiene «voz y voto» en el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas, mientras que el director ejecutivo de la DGAPP, por otro lado, solo tiene derecho a voz, pero no a voto.

En este sentido, Peralta subrayó que el hecho de que una sola persona ocupe ambos cargos podría comprometer la objetividad de las decisiones en el Consejo, dado que Pimentel estaría participando en los procesos de votación que, como director de la DGAPP, luego tendría que ejecutar.

Violación a las Normas de Supervisión y Ejecución en la Función Pública

Otro punto clave mencionado por Peralta es la Ley 340-06, que especifica que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) es responsable de supervisar y regular todos los procesos de contratación pública en el Estado, incluyendo aquellos de la DGAPP. La doble designación, según el consultor jurídico, podría comprometer la imparcialidad necesaria en los procesos de adjudicación, ya que Pimentel estaría supervisando y ejecutando los mismos procesos, lo cual resulta incompatible con los principios de transparencia.

La Ley núm. 247-12 también respalda esta posición, estipulando en su artículo 9 la necesidad de separar las funciones de supervisión y operación en las instituciones públicas. Designar a Pimentel en ambos roles, por lo tanto, contraviene este principio y socava el sistema de rendición de cuentas, creando una percepción negativa en la ciudadanía sobre la transparencia del sistema.

La Renuncia de Pimentel y el Peso de las Críticas

El 27 de octubre de 2024, en una carta dirigida al presidente, Carlos Pimentel renunció a su designación en la DGAPP, argumentando que su compromiso con la función pública debe alinearse con valores éticos y de un Estado de derecho. A pesar de la defensa de su doble función, Pimentel reconoció la importancia de mantener la integridad de los procesos públicos y optó por dejar el cargo, priorizando la transparencia y ética en su gestión.

La renuncia llega tras una ola de críticas de juristas, organizaciones de la sociedad civil, y figuras políticas como el partido Fuerza del Pueblo, quienes calificaron la designación como un intento de concentrar poder en manos de un solo individuo. Expertos en derecho, como el jurista Francisco Álvarez, señalaron que el decreto de designación como “a título honorífico” no elimina la incompatibilidad con las leyes que regulan ambas funciones, dado que, en el Consejo de Alianzas Público-Privadas, Pimentel se convertiría en «juez y parte».

A pesar de los esfuerzos del presidente Luis Abinader por justificar la designación, la falta de cumplimiento de las leyes ha resultado en una controversia que mina la confianza pública en la administración actual. La situación refuerza la necesidad de que las decisiones de los funcionarios sean transparentes y respeten los límites legales para evitar concentraciones de poder y conflictos de interés.

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