Auditoría a SENASA indigna al país: investigan fraude millonario mientras se auditan años anteriores
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Como una burla a la inteligencia del pueblo dominicano ha sido catalogada la reciente auditoría publicada por la Cámara de Cuentas al Seguro Nacional de Salud (SENASA), en momentos en que la gestión del doctor Santiago Hazim enfrenta señalamientos por presunta malversación de más de RD$50,000 millones La auditoría presentada corresponde al período 2017-2019, dejando fuera los años 2023 y 2024, en los que se concentran las mayores denuncias de corrupción y las irregularidades vinculadas a la empresa Farmacard S.R.L., contratista del sistema público de salud.
Auditoría atrasada y sospechosa
El informe de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) identifica más de RD$4,200 millones en irregularidades durante los años 2017 al 2019. Sin embargo, para el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Senado, Yván Lorenzo, este proceso “es una burla a la inteligencia del pueblo dominicano”, ya que los hechos más cuestionados ocurrieron entre 2021 y 2024, bajo la administración de Hazim.
De acuerdo con el funcionario opositor, se está intentando “crear un espectáculo mediático” con una auditoría vieja, mientras se evita rendir cuentas sobre los períodos más recientes, cuando se habrían manejado más de RD$11,000 millones en contratos con empresas privadas como Farmacard.
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Los contratos bajo la lupa
En febrero de 2025, SENASA firmó un contrato por tres años con la empresa Farmacard S.R.L.
para la gestión de medicamentos ambulatorios de más de 1.8 millones de afiliados del régimen contributivo, pensionados y jubilados.
El acuerdo establecía un pago de RD$168.85 mensuales por afiliado, lo que representaba RD$314 millones al mes y más de RD$11,304 millones en total, delegando a Farmacard funciones estratégicas que correspondían al propio SENASA.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) declaró luego nulo el contrato, por violar la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, tras descubrir que el bufete jurídico que avaló la operación, Biaggi S.R.L., también representaba legalmente a Farmacard, configurando un claro conflicto de intereses.
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Fraude interno y denuncias cruzadas
En marzo de 2025, SENASA denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) un esquema de facturaciones fraudulentas por más de RD$40 millones, incluyendo recetas falsas, duplicadas y manipulaciones de autorizaciones médicas.
Paradójicamente, fue el propio Santiago Hazim quien en noviembre de 2024 afirmó haber denunciado el fraude ante la PGR, intentando deslindarse de responsabilidades. Sin embargo, fuentes dentro de la institución aseguran que el esquema operaba bajo su gestión y con conocimiento de altos directivos.
Farmacard, por su parte, ha negado toda vinculación con el fraude y sostiene que sus sistemas tecnológicos ayudaron a detectar irregularidades dentro de SENASA, afirmando haber ahorrado RD$129 millones en 2025 mediante controles internos.
Investigaciones pendientes
A pesar del ruido mediático, los años 2023 y 2024 siguen sin ser auditados oficialmente.
SENASA informó que destinó RD$50 millones para una auditoría integral del período 2018-2024, que abarcará tanto la gestión de Mercedes Rodríguez Silver como la del doctor Hazim. Hasta el momento, el informe final no ha sido presentado al país, mientras la Procuraduría y la Contraloría General de la República mantienen investigaciones paralelas.
Una burla al pueblo
Mientras tanto, el Gobierno ha intentado usar el caso como ejemplo de “tolerancia cero a la corrupción”, destituyendo a Hazim en agosto de 2025.
No obstante, para amplios sectores sociales, el mensaje resulta contradictorio: se audita un pasado que ya prescribió, mientras el presente sigue sin rendir cuentas.
“Se están auditando los años donde no estaban los responsables actuales, para desviar la atención de los verdaderos manejos”, denunció una fuente del Congreso Nacional.
El caso SENASA-Farmacard evidencia una vez más cómo la salud pública en República Dominicana puede transformarse en un botín político y financiero.
Auditorías incompletas, contratos millonarios, conflictos de interés y denuncias cruzadas conforman el mismo patrón de siempre: ruido mediático, pocos responsables y ninguna condena.
Hasta que los organismos fiscalizadores actúen con independencia y transparencia, los dominicanos seguirán pagando, con sus impuestos y su salud, las consecuencias de un sistema diseñado para proteger a los poderosos.
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