Aunque no les guste, la verdad es que el secuestro de Nicolás Maduro, fue ilegal y abusivo
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Aunque no les guste, la verdad es que el secuestro de Nicolás Maduro fue ilegal y abusivo. No por simpatía hacia su figura política ni por desconocer los crímenes y abusos documentados de su régimen, sino porque los hechos, el derecho internacional y la propia Constitución de Estados Unidos así lo indican. Capturar a un jefe de Estado en funciones mediante una operación militar extranjera, sin autorización multilateral, sin proceso judicial previo y sin aprobación del Congreso estadounidense, no puede maquillarse como “aplicación de la ley”. Fue una acción de fuerza, extraterritorial y discrecional que rompe precedentes peligrosos y confirma que, cuando los intereses estratégicos están en juego, Washington está dispuesto a ignorar las reglas que exige a otros cumplir.
En los últimos meses, el gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha desplegado una fuerza militar desproporcionada en el Caribe, no como mecanismo de disuasión abstracta, sino como amenaza directa contra Venezuela. Un portaaviones, al menos siete buques de guerra adicionales, decenas de aeronaves y alrededor de 15,000 soldados estadounidenses no constituyen una señal diplomática: constituyen una postura de guerra.
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Hasta ahora, esa maquinaria militar había sido utilizada —según la versión oficial— para atacar pequeñas embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico. Operaciones que, incluso bajo la óptica del derecho internacional, carecen de legalidad clara, al realizarse fuera del territorio estadounidense y sin autorización multilateral. Este fin de semana, sin embargo, la escalada alcanzó otro nivel: la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, presentada por Trump como parte de un “ataque a gran escala”.
Ese hecho, por sí solo, marca un punto de quiebre.
Nicolás Maduro no es la defensa de la democracia, pero Trump tampoco lo es
Conviene dejar algo claro desde el inicio: Nicolás Maduro no es una víctima política. Su historial es ampliamente documentado. Organismos internacionales, incluida la ONU, han señalado durante más de una década asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sistemática contra opositores. Su legitimidad electoral está severamente cuestionada y su gestión ha contribuido a una de las mayores crisis migratorias del hemisferio.
Pero reconocer eso no convierte automáticamente a Estados Unidos en actor legítimo.
Aquí está el error deliberado del discurso oficial: presentar el escenario como una elección binaria entre un dictador y un salvador. La historia demuestra que Estados Unidos no ha sido garantía de estabilidad, democracia ni prosperidad cuando decide intervenir por la fuerza.
La lección ignorada: derrocar regímenes suele empeorar las cosas
Si algo enseña el último siglo de política exterior estadounidense es esto:
derrocar gobiernos no equivale a construir Estados funcionales.
Afganistán es el ejemplo más reciente: veinte años de ocupación, billones de dólares y miles de vidas para terminar exactamente donde se empezó.
Libia pasó de dictadura a Estado fallido, dominado por milicias.
Irak sigue pagando las consecuencias de una guerra basada en mentiras.
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En América Latina, el historial es aún más revelador:
- Chile, Guatemala, Nicaragua, Cuba: países marcados por golpes, bloqueos y desestabilización promovidos desde Washington.
- Democracias fracturadas, economías destruidas, generaciones enteras pagando el precio.
Nada de eso produjo estabilidad duradera.
Nada de eso fortaleció la región.
La pregunta central: ¿dónde está la justificación legal?
Trump no ha ofrecido una explicación coherente ni jurídicamente válida de sus acciones en Venezuela. No ha demostrado una amenaza inmediata contra Estados Unidos. No ha presentado evidencia nueva que justifique una operación de esta magnitud. No ha construido consenso internacional.
Y lo más grave: no ha cumplido con su propia Constitución.
La ley estadounidense es clara. Si el presidente pretende iniciar una acción militar de esta escala, debe acudir al Congreso. Sin esa autorización, lo ocurrido no es solo una imprudencia política: es una violación del orden constitucional de Estados Unidos.
Esto no es un detalle técnico. Es el núcleo del problema.
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De la “guerra contra las drogas” al control geopolítico
El argumento del narcotráfico resulta insuficiente, tardío y selectivo. Durante años, Washington negoció con el mismo gobierno al que hoy presenta como una amenaza intolerable. Relajó sanciones cuando le convino. Ajustó el discurso cuando cambió el contexto energético global.
La conclusión es inevitable:
esto no va de drogas, va de poder.
Va de petróleo.
Va de control estratégico.
Va de impedir que otros actores globales —China, Rusia, Irán— consoliden influencia en una región clave.
La moral es el envoltorio. El interés es el contenido.
Una crisis fabricada sin salida clara
Estados Unidos está empujando al hemisferio hacia una crisis internacional innecesaria, sin un plan transparente, sin respaldo legal sólido y sin aprender de sus propios fracasos históricos.
No se trata de defender a Nicolás Maduro. Se trata de exponer la irresponsabilidad de un poder que actúa sin rendir cuentas, ni afuera ni adentro.
Cuando un presidente estadounidense decide quién gobierna otro país sin pasar por el Congreso, sin respetar el derecho internacional y sin considerar las consecuencias regionales, el problema deja de ser Venezuela.
El problema es Estados Unidos.
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