Hay un patrón que muchos dominicanos ya reconocen. No nace de teorías, sino de experiencia acumulada. Lo que ocurrió con Barrick Gold en Cotuí se ha convertido, para bien o para mal, en el punto de referencia obligatorio cuando se habla de minería en el país. Y precisamente por eso, el debate actual sobre el proyecto Romero que pretende la minera Goldquest en San Juan no ocurre en el vacío: ocurre sobre esa memoria.
1. El precedente de Cotuí: percepción pública y narrativa
En Cotuí, la entrada de la minería estuvo acompañada de una fuerte narrativa de desarrollo:
- Promesas de prosperidad local
- Expectativas de empleo y dinamización económica
- Mensajes de bajo o nulo impacto ambiental
Con el tiempo, una parte importante de la población comenzó a cuestionar ese relato. Independientemente de las posiciones técnicas, lo que quedó instalado en el imaginario colectivo fue una idea peligrosa para cualquier nuevo proyecto:
La promesa no coincidió con la percepción de los resultados
Y eso, en términos políticos y sociales, es letal.
2. El factor clave: la pérdida de confianza Aquí está el punto central del conflicto en San Juan de la Maguana: No es solo GoldQuest. No es solo el proyecto Romero.
Es la desconfianza acumulada.
Cuando una sociedad percibe que:
- Los beneficios no fueron proporcionales
- Los impactos no fueron plenamente mitigados
- Las decisiones se tomaron sin suficiente transparencia
entonces cualquier nuevo proyecto arranca en desventaja.
Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con GoldQuest Mining Corp..
3. La cronología de GoldQuest: permisos y contexto político
El propio discurso de la empresa ubica el proyecto dentro de una línea temporal clara:
- 2005: concesión inicial
- 2010: renovación
- 2012: identificación de oro
- 2016: aprobación técnica
Es decir, el proyecto no nace ahora.
Se viene estructurando desde distintos gobiernos, incluyendo etapas bajo Leonel Fernández y administraciones posteriores.
Esto desmonta una narrativa simplista:
no es un proyecto de un solo gobierno, sino una política de Estado prolongada en el tiempo.
4. El problema estructural: mismo modelo, distinto territorio
Aunque cambien los actores, el modelo económico es muy similar:
- Concesión de un recurso nacional
- Extracción por empresa privada
- Exportación del valor principal
- Participación limitada del Estado en comparación con el total extraído
Y aquí entra el punto crítico:
San Juan no es Cotuí
San Juan es:
- Un eje agrícola clave
- Parte del sistema hídrico del sur
- Base de seguridad alimentaria
Por eso, el riesgo percibido es mayor.
5. De proyecto a sistema: el concepto de “distrito minero”
Uno de los elementos más sensibles del debate actual es que no se trata únicamente de Romero.
Se habla de:
- Múltiples concesiones
- Un corredor minero amplio
- Intervención potencial sobre zonas de alto valor hídrico
Esto cambia completamente el marco del debate:
- deja de ser un proyecto aislado
- pasa a ser una transformación territorial
6. La reacción social: lógica, no emocional
La respuesta de San Juan no es espontánea ni irracional.
Responde a tres factores:
- Memoria histórica (Cotuí y otros casos)
- Riesgo sobre recursos críticos (agua y agricultura)
- Falta de confianza institucional
Cuando esos tres elementos coinciden, el resultado es predecible:
rechazo social fuerte
movilización
resistencia preventiva
7. El elemento político: licencia social
Más allá de lo técnico, hay un concepto clave:
licencia social
Sin aceptación comunitaria, ningún proyecto de alto impacto es viable en términos reales, aunque lo sea en papel.
Y en San Juan, ese elemento está claramente comprometido.
8. El verdadero conflicto
El debate no es simplemente:
Minería sí vs minería no
El conflicto real es:
- Confianza vs desconfianza
- Territorio agrícola vs modelo extractivo
- Beneficio económico vs riesgo estructural
Y sobre todo:
Experiencia pasada vs promesas futuras
Frase de cierre:
Si el pasado no convenció…
el presente tendrá que demostrar mucho más que discursos.
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