La discusión sobre la posible instalación del proyecto minero de GoldQuest Mining Corp. en San Juan de la Maguana ya no es exclusivamente técnica. Es, sobre todo, un problema de legitimidad.
Porque más allá de estudios, promesas y discursos, hay un hecho político evidente: una parte significativa de la población local y nacional ha expresado su rechazo a la explotación minera en una zona considerada altamente sensible desde el punto de vista hídrico y agrícola.
Y cuando un proyecto de alto impacto carece de aceptación social, la historia demuestra que el conflicto no es una posibilidad… es una consecuencia.
Licencia social: el factor que no se puede imponer
En la práctica contemporánea de industrias extractivas, existe un concepto clave: la licencia social para operar. No es un permiso legal, pero sí una condición política y comunitaria indispensable.
Sin licencia social:
La Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales establece que cualquier proyecto con potencial impacto ambiental significativo debe:
Además, la Constitución dominicana reconoce el derecho a un medio ambiente sano y el acceso al agua como bien público.
A nivel internacional, acuerdos como el Acuerdo de Escazú refuerzan principios como:
Si estos principios no se cumplen de forma rigurosa, cualquier aprobación pierde legitimidad, incluso si es legal en el papel.
La historia reciente ofrece ejemplos claros:
El patrón es consistente:
cuando la población percibe una amenaza directa a su territorio, la imposición del proyecto genera conflictos prolongados.
San Juan no es cualquier punto del mapa. Está vinculado a la Cordillera Central, una de las principales reservas hídricas del país, y a la cuenca del Río Yaque del Sur.
Esto tiene implicaciones directas:
Por eso, el rechazo no es ideológico. Es estructural.
Cuando una comunidad siente que su voz no es tomada en cuenta, el conflicto escala.
No se trata de promover violencia.
Se trata de reconocer una realidad documentada:
Una decisión que define el modelo de país
¿Puede el Estado impulsar un proyecto de alto impacto sin legitimidad social, en una zona estratégica para el agua y la producción agrícola?
La historia, tanto nacional como internacional, sugiere que hacerlo no solo es riesgoso… es insostenible.
San Juan no está planteando un capricho.
Está planteando una advertencia.
Y las advertencias, cuando se ignoran, suelen convertirse en conflictos que después nadie puede controlar.
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