En medio de la creciente tensión social en San Juan de la Maguana, el discurso de GoldQuest Mining Corp. —encabezado por su representante Luis Santana Pereyra— insiste en reducir el debate a un proyecto puntual: Romero.
Ese encuadre no es inocente.
Es estratégico.
Porque la realidad es otra: no estamos frente a un proyecto aislado, sino ante la posible conversión de todo el suroeste en un distrito minero.
El llamado “Frente Romero” es apenas un punto dentro de un entramado mucho más amplio:
Reducir esto a “Romero sí o no” es, en el mejor de los casos, una simplificación peligrosa.
En el peor, una forma de ocultar la escala real del impacto.
Uno de los argumentos más repetidos por la empresa es:
“dejemos que se realicen los estudios de impacto ambiental”.
Ese planteamiento tiene un problema serio: está incompleto desde el punto de vista técnico y legal.
Antes de cualquier Estudio de Impacto Ambiental (EIA), lo que corresponde es una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), contemplada en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y en las normas de ordenamiento territorial.
La diferencia es clave:
Sin esa evaluación previa:
Evaluar Romero sin evaluar el territorio completo es analizar una parte ignorando el todo.
Cuando se autoriza avanzar hacia un EIA sin una evaluación estratégica previa, surge una interrogante legítima:
¿Se está cumpliendo el marco legal vigente?
La normativa dominicana establece que el ordenamiento territorial debe definir primero:
Si ese paso se omite o se debilita, el proceso deja de ser solo técnico y se convierte en un problema de legalidad y planificación pública.
El área en discusión no es cualquier espacio geográfico. Está vinculada a sistemas que alimentan la presa de Sabaneta y al Río Yaque del Sur, eje hídrico fundamental para el sur del país.
Aquí entra una contradicción estructural:
Las leyes de ordenamiento establecen que las cuencas altas tienen como función principal producir agua.
Eso implica que:
Cuando se introduce minería en ese contexto, no se trata simplemente de evaluar un proyecto económico.
Se trata de una colisión directa con la función territorial definida por la ley.
Hay un aspecto clave que rara vez se menciona en el discurso público:
Cuando un territorio entra en concesión minera:
Esto cambia completamente la dinámica económica y social de la zona.
Por tanto, no estamos hablando de “sumar minería” a una región agrícola.
Estamos hablando de sustituir un modelo por otro.
El debate no es:
El debate real es:
Y en ese escenario, la reacción social no es irracional.
Es una respuesta coherente frente a un cambio estructural del territorio
Pero evita el punto central:
no se está evaluando solo un proyecto, se está redefiniendo el uso de toda una región.
Y cuando una propuesta entra en conflicto con la función primaria del territorio —producir agua—, la discusión deja de ser económica.
Se convierte en una cuestión de:
Porque al final, la pregunta no es cuánto oro hay.
La pregunta es:
¿Qué estamos dispuestos a perder para sacarlo?
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